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Siendo consecuente con su agenda verde, la Administración Biden emitió una guía para que sus funcionarios den prioridad a los vehículos eléctricos, trenes y transporte público cuando se trate de viajes oficiales. Según cifras publicadas por Fox News, los empleados gubernamentales realizaron “más de 2,8 millones de vuelos, alquilaron 2,3 millones de vehículos y realizaron 33000 viajes en tren el año pasado”.
El fin del ambicioso Plan Federal de Sostenibilidad del presidente Joe Biden, es “alcanzar emisiones netas cero de las operaciones federales en general para 2050, incluida una reducción de emisiones de 65 % para 2030”, de acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca.
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Aunque pueden parecer objetivos aparentemente nobles, la agenda climática del gobierno estadounidense esconde fallas de fondo que hacen dudar de su autenticidad. Está documentado y registrado cómo la fabricación de vehículos eléctricos esconde turbios detalles como procesos de extracción altamente contaminantes, deforestación e incluso trabajo infantil y en condiciones de esclavitud. Es una cara de la moneda de la que poco se habla entre los progresistas, quienes defienden la eliminación del uso de los combustibles fósiles, olvidando su importancia para la economía global.
Viajes compartidos en tren y en vehículos
Níquel, cobalto, litio, cobre y tierras raras son imprescindibles para fabricar cada una de las baterías que utilizan los vehículos eléctricos que Biden impone entre funcionarios de su gobierno. La mayoría son extraídos en África por mineros “artesanales” bajo condiciones que harían pegar el grito al cielo a cualquier sindicato o grupo a favor de “la igualdad” si mereciera suficiente atención. Adicionalmente, China —el mayor enemigo geopolítico de EE. UU.— se beneficiará con creces del consumo de estas “energías limpias” hasta que el país norteamericano no tenga una industria lo suficientemente robusta y experimentada como para autoabastecerse. Eso llevará años.
Sin tener ninguno de esos temas resueltos, el mandatario demócrata decidió ordenar a las agencias federales que prioricen el uso de “transporte sostenible” para viajes dentro y fuera del país. Además, pide alquilar un vehículo eléctrico en viajes oficiales cuando el costo del automóvil eléctrico “sea menor o igual al vehículo de gasolina comparable más asequible disponible”. Sumado a eso, deben optar por autos eléctricos “cuando utilicen taxis y plataformas de viajes compartidos cuando tengan un costo competitivo”.
Para viajes más cortos, los empleados deberán usar transporte público. El resultado, según la Administración de Biden, será “ahorrar dinero a los contribuyentes y reducir la contaminación que pone en peligro la salud de las personas y alimenta la crisis climática”.
Agenda poco “verde” y más partidista
Esta orden de Joe Biden se suma a la prohibición en California sobre la venta de vehículos nuevos con motores a base de combustible a partir del año 2035. Una medida que de inmediato se consiguió con un tropiezo importante: el gobernador Gavin Newsom terminó pidiendo a los propietarios de vehículos eléctricos no cargarlos para ahorrar energía mientras al estado lo golpeaba una ola de calor que afectó al sistema eléctrico el año pasado.
Ese percance sucedió en California, pero hay que ampliar un poco el panorama para cerciorarse de lo poco controlado que tienen el tema de la agenda verde muchos gobiernos. Ni siquiera la reciente cumbre del cambio climático en Dubái (COP28) consiguió un consenso unánime porque el documento inicial del acuerdo evitó un llamado contundente a contrarrestar el calentamiento global. Por otro lado, la palabra “petróleo” no aparece en sus 21 páginas, indicó el reporte de Associated Press.
Aunque hubo un acuerdo final, el Comité Europeo de las Regiones (CdR) dijo que “se quedó corto” y tampoco faltaron las conveniencias de países como Cuba, cuya dictadura hizo gala de su discurso “antimperialista” para arremeter contra “los países industrializados”. Así que entre la orden de Biden para que los funcionarios usen vehículos eléctricos y los desacuerdos globales, destaca cómo la agenda verde termina siendo un asunto con fines partidistas que ignora problemas reales de fondo.
