Mientras en la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo se empezó a elaborar este lunes un calendario electoral para las presidenciales en una reunión con una serie de precandidatos de la falsa oposición construida por el régimen de Nicolás Maduro a su medida, en Colombia se evaluaban los escenarios para el cumplimiento de la hoja de ruta electoral en Venezuela durante un encuentro entre el presidente colombiano Gustavo Petro y una delegación del Gobierno de Estados Unidos.
Ambos eventos tuvieron algo en común. Mientras en el primero fue totalmente puesto a un lado el nombre de María Corina Machado como parte de la maniobra para sacarla del juego político con la ratificación de su inconstitucional inhabilitación, en el segundo tampoco tuvo el protagonismo que Estados Unidos le había venido dando a su candidatura, asomándose una postura más flexible de la Casa Blanca a ceder a las condiciones de Miraflores.
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Gustavo Petro, como anfitrión, recibió en la Casa de Nariño a la delegación estadounidense compuesta por el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri; el consejero principal adjunto de Seguridad Nacional de EE. UU., Jon Finer; y el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González. Este último reiteró que el Gobierno que dirige el presidente Joe Biden va a continuar abogando por la habilitación de todos los candidatos para las próximas elecciones, incluyendo a la ganadora de las primarias del 22 de octubre, María Corina Machado. Sin embargo, soltó una frase lapidaria para la lucha “hasta el final” que dirige Machado como líder indiscutible de la coalición opositora: “Nos importa todo el proceso, no el candidato”, según reseñó Bloomberg.
¿Un mediador imparcial?
De esta manera, Estados Unidos parece abrir el debate más allá de la presión que venía ejerciendo para que María Corina sea habilitada, pues si bien no deja de hacer mención a su figura, la incluye dentro de un abanico de aspirantes que no salieron de la consulta popular interna en la que Machado consiguió más de 2,3 millones de votos equivalentes a más de 92 % de los electores que participaron en la primaria, y ahora la Casa Blanca opta por dar mayor importancia a “todo el proceso”.
A esto habría que agregar que EE. UU. buscó como mediador para garantizar la democracia en Venezuela a un actor ampliamente parcializado que no ha levantado su voz para rechazar la inhabilitación de María Corina Machado, olvidando que él fue beneficiado por una medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando siendo alcalde de Bogotá fue suspendido de su cargo con una sanción administrativa. Gustavo Petro no solo fue el anfitrión de Hugo Chávez durante su primera visita a Colombia sino que además ha establecido una estrecha alianza con Nicolás Maduro desde su llegada al poder, sumando ya un total de tres visitas a Caracas y un cuarto encuentro en la frontera.
Los intereses de Estados Unidos
Los eventos de las últimas horas plantean varias preguntas válidas: ¿Está dándole la espalda Estados Unidos a María Corina Machado al abrir el debate más allá del levantamiento de su inhabilitación? ¿Es Gustavo Petro el mediador indicado para abogar por unas elecciones verdaderamente libres de inhabilitaciones en Venezuela? ¿Sigue la Casa Blanca confiando en el cumplimiento de los Acuerdos de Barbados al manifestar “esperanza” de que haya “tiempo para el diálogo” antes de que expire el alivio de sanciones en abril? ¿Está pecando el Gobierno de Joe Biden de ingenuo o de cómplice?
Todo indica que Estados Unidos está flexibilizando su posición para abrirse a otros posibles escenarios sin María Corina Machado como protagonista, pues ya el régimen de Maduro ha dado muestras de que es un punto en el que no está dispuesto a ceder y, tal como señaló el exsubsecretario de Estado de EE. UU., Otto Reich, en una reciente entrevista con PanAm Post, “no se puede dar por hecho que (EE. UU.) va a restaurar las sanciones en abril”, pues a su juicio, “las compañías petroleras de Estados Unidos que están haciendo negocios con Maduro, van a ponerle presión al gobierno de Biden para que no restaure las sanciones”.