La izquierda y el progresismo, entre sus consignas, suelen apelar a una que es muy liberal: la idea de separar la religión (o la Iglesia) del Estado, que debe ser laico. Sobran los justificativos para esta cuestión. Pero, a grandes rasgos, se puede advertir que cuando “Iglesia y Estado no son asuntos separados”, hay financiación para algo que debería ser privado y puede mezclarse la influencia de lo religioso en los asuntos gubernamentales, impactando en todas las personas. Incluyendo las que profesan otra religión o ninguna.
Con el asunto de la cultura, aunque no se perciba, pasa exactamente lo mismo. Cuando el Estado se involucra en los ámbitos culturales, se producen todos los problemas que ocurren con la religión: los dineros de los contribuyentes van a parar a manos de los artistas, escritores, músicos y cineastas afines y se termina generando una cultura oficial, que va en detrimento de los que tienen distintas apreciaciones. También, como ocurre con el ámbito religioso, la persecución al que piensa distinto está a la vuelta de la esquina.
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Alejandro Vaccaro, titular de la fundación que organiza la Feria del Libro, sigue insistiendo con la tesis que el gobierno de Javier Milei es “hostil” con la cultura, porque no utiliza fondos públicos para lo que él considera que debería. El argumento que es “poco dinero” en comparación con los gastos totales del Estado no es pertinente. Con esa excusa, el recorte no podría empezar en ningún lado, ya que siempre va a haber algo mayor o supuestamente más urgente.
De la misma manera que se reconoce la necesidad de un Estado laico se debería apelar a la separación de lo que se conoce como “la cultura” del área de influencia de lo gubernamental. La cultura es un aspecto privado, de los individuos, que mientras más lejos se encuentre de lo estatal, mucho mejor.
Lo único que pueden hacer los gobiernos para “fomentar la cultura” es garantizar la libertad de expresión y generar una economía sólida, para que la gente tenga los recursos suficientes como para aspirar a consumos más allá de las necesidades básicas a las que lamentablemente se tienen que limitar la mayoría de los argentinos.
Romper por completo la relación del Estado con los artistas prebendarios y con las instituciones que reciben recursos que nada tienen que ver con las funciones gubernamentales es urgente. Dicho sea de paso, este “divorcio” tendría que ser una “política de Estado” que se extienda en el tiempo. Ojalá la ciudadanía lo comprenda y lo repudie de la misma manera que lo hace cuando se subsidia a una iglesia en particular.
Nadie dice que la fe o la cultura no sean cosas importantes, todo lo contrario. Pero nada tienen que ver con lo gubernamental ni con los recursos de los contribuyentes.