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Las investigaciones en contra del presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, saldrán del congelador de la Fiscalía General. El arribo de Patricia Benavides como la nueva titular del ente comienza a marcar un cambio en el rumbo de las investigaciones contra el mandatario, al ordenar reabrir las averiguaciones en su contra por tráfico de influencias en el ascenso de militares que su antecesora, Zoraida Ávalos, había congelado.
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Benavides, quien estará tres años en el cargo –así lo establece la ley– anunció el reinicio de la investigación preliminar contra el jefe del Estado peruano y lo citó para el jueves 4 de agosto a declarar sobre el proceso que dejó al comandante general del Ejército, José Vizcarra Álvarez, fuera de la institución, para beneficiar a los coroneles Ciro Bocanegra y Carlos Sánchez, cuando no contaban con “los puntajes correspondientes ni las atribuciones éticas o morales”.
La fiscal discrepa de que un presidente en ejercicio solo pueda ser acusado si enfrenta un caso por traición a la patria, por disolver el Congreso o impedir las elecciones.
De hecho, su lupa abarcará no solo a Castillo sino también las averiguaciones del entorno del mandatario, vinculado con presuntas irregularidades para las cuales dispuso al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder compuesto por nueve fiscales, dos superiores y siete provinciales. Esta dependencia revisará siete de las 13 investigaciones en curso, asegura La República.
1. Casos por todos lados
En las causas de Pedro Castillo figuran al menos 20 exfuncionarios de confianza, familiares, empresarios y extrabajadores del Ministerio de Transportes, Petroperú, entre otros.
Dos de los investigados están prófugos y cuatro en prisión preventiva. Los evadidos son el exsecretario Bruno Pacheco y el sobrino de Castillo, Fray Vásquez Castillo. La lista de detenidos la conforman Víctor Valdivia Malpartida, Edgar William Vargas Mas, Alcides Villafuerte Vizcarra y el empresario Luis Pasapera, todos relacionados con una red de sobornos durante la licitación para la construcción del puente Tarata.
Castillo intenta impedir la divulgación de los casos. Ante el Congreso presentó un proyecto de ley que castiga a quienes difundan «información reservada» sobre procesos penales. El documento señala que quien filtre información reservada será sancionado con uno o dos años de cárcel, pero la pena acarreará un año más si lo hace «un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente administrativo, asistente en función fiscal o miembro de la Policía».
La Comisión de Constitución del Congreso decidiría si el proyecto avanza o no al pleno. Sin embargo, los detalles de las investigaciones son aún de dominio público.
2. Una trama criminal
Castillo enfrenta los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias agravado en una investigación donde la hipótesis de la Fiscalía lo considera como sospechoso de liderar una organización criminal integrada también por su exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, para favorecer a empresas que lo respaldaron durante la campaña.
Un colaborador eficaz asegura que en agosto y setiembre del año pasado, el empresario Zamir Villaverde le habría entregado al presidente 30.000 soles (unos 7.470 dólares) por medio de un emisario.
3. Puente Tarata
Según El Comercio “buena parte de las imputaciones” contra Castillo tienen su origen en el caso Puente Tarata, un proyecto sobre el Río Huallaga, en San Martín.
La lobista Karelim López es pieza clave por haber visitado el Palacio de Gobierno días antes de que el consorcio que representaba ganara la concesión. La investigación fiscal la incluyó inicialmente a ella y a Bruno Pacheco, quien por esos días había renunciado al cargo de secretario general de Palacio de Gobierno.
4. El presunto plagio
La Fiscalía indaga a Pedro Castillo y a su esposa, Lilia Paredes, por presuntamente haber plagiado el 43 % del contenido de su tesis de maestría. Los presuntos delitos indagados por el fiscal provincial de Tacabamba, Juan Ramón Tantaleán, son plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido.
5. Ascensos forzados
El Ministerio Publico revisa los antecedentes de los ascensos militares tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía. En el centro de la investigación aparecen Castillo y su exministro de Defensa, Walter Ayala, así como Bruno Pacheco, por presunto abuso de autoridad y patrocinio ilegal.
6. Petro-Perú
La Fiscalía Anticorrupción mantiene las pesquisas sobre la licitación otorgada por Petro-Perú a la empresa HPO en octubre de 2021, concentrándose en el entonces gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez; el empresario ganador de la licitación, Samir Abudayeh; y Karelim López, cuyos nombres aparecen en los registros coincidentes a Palacio de Gobierno para reunirse con Pedro castillo.
“Los implicados negaron haberse reunido juntos con el presidente. Sin embargo, se abrió una indagación preliminar contra ellos por el presunto delito de colusión”, divulga El Comercio.
7. Caso Sunat
Este caso avanza por el presunto delito de tráfico de influencias ante supuestas presiones de Bruno Pacheco a la directiva de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, cuyas pesquisas arrojaron el hallazgo de 20.000 dólares en el despacho del exsecretario de la Presidencia.
8. Vladimir Cerrón
La Fiscalía Anticorrupción investiga una supuesta mafia llamada “Los Dinámicos del Centro”, encabezada por Vladimir Cerrón, líder del partido que representó a Castillo en las elecciones, a través de la cual supuestamente traficaba licencias de conducir en la Dirección de Transportes de Junín para llenar las arcas de la organización durante la campaña.
9. Gabinete paralelo
La Fiscalía Contra el Crimen Organizado tiene sus radares sobre una serie de funcionarios de Palacio de Gobierno, luego de que los exministros como Mirtha Vásquez y Avelino Guillén denunciaran la existencia de «asesores en la sombra» alrededor del presidente Pedro Castillo.
10. Cuñada en las pesquisas
Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, está en investigación por presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias, tras la difusión de un video donde aparece ofreciendo obras públicas. El fiscal Jony Peña, de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, está a cargo del caso y ya dejó constancia de que faltó a su comparecencia este 13 de julio.
