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Lima, 13 jul (EFE).- La Fiscalía peruana dispuso este miércoles abrir una investigación preliminar contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias y lo citó para que el próximo 4 de agosto declare por ese caso.
El Ministerio Público informó, en un mensaje publicado en Twitter, que la decisión fue tomada por la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, quien dispuso «dejar sin efecto la disposición que suspendía» el inicio de esas diligencias.
La investigación preliminar había sido suspendida en enero pasado por Zoraida Ávalos, la entonces fiscal general, bajo el argumento de que el jefe de Estado no podía ser investigado mientras ejerciera su mandato, una posición que también esgrime la defensa de Castillo.
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Sin embargo, tras la decisión de Benavides, la Fiscalía investigará al gobernante por las presuntas reuniones que sostuvo con empresarios señalados como gestores de intereses y por supuestas irregularidades en los ascensos de altos mandos militares.
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La Fiscal de la Nación dispuso dejar sin efecto la disposición que suspendía la investigación preliminar al presidente de la República, por el presunto delito contra la Administración Pública – Tráfico de Influencias, en calidad de autor. pic.twitter.com/YpXigFHOSZ— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 13, 2022
Esa investigación preliminar se realizará por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública – Tráfico de Influencias, en calidad de autor-, precisó la Fiscalía.
Benavides dispuso, además, que se cite a declarar a los empresarios Karelim López y Zamir Villaverde, quienes son investigados actualmente por otro caso de presunta corrupción, al exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco, quien figura como prófugo de la justicia, y a seis oficiales del Ejército del Perú, que no fueron identificados.
Otra investigación a Pedro Castillo
El gobernante peruano también está siendo investigado de manera preliminar por la Fiscalía de la Nación por las denuncias de que dirigió una presunta red de corrupción enquistada en el actual Ejecutivo, una acusación que rechaza de manera tajante.
Su defensa señala que todas esas pesquisas deben ser suspendidas, ya que considera que el gobernante goza de inmunidad absoluta durante su mandato, que debe finalizar el 28 de julio de 2026.
El pasado 3 de julio, la Justicia peruana admitió a trámite un recurso de apelación que presentó contra la decisión de declarar infundada la «tutela de derechos» que buscaba anular la primera investigación abierta por el exfiscal general interino Pablo Sánchez en contra de Castillo.
Castillo fue interrogado a mediados de junio por Sánchez a partir de la hipótesis fiscal de que lideró una organización criminal presuntamente encargada de organizar la adjudicación de obras del Estado a empresarios que colaboraron con su campaña electoral y de nombrar a funcionarios afines a esa tarea.
En concreto, el mandatario es investigado por presuntamente haber cometido los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
Colaboradores de la Fiscalía han señalado que en esta presunta red corrupta están involucrados el exministro Juan Silva, el exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco y dos sobrinos del mandatario, quienes se mantienen prófugos de la Justicia.
A raíz de la investigación de la Fiscalía, la comisión de Fiscalización del Congreso aprobó un informe que acusa a Pedro Castillo de encabezar esa presunta organización criminal y plantea acusarlo por los delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
