El pedido de asilo diplomático del expresidente Alan García generó varias interrogantes sobre lo que podría pasar a nivel jurídico y político, sobre todo tras el anuncio del Gobierno de Uruguay de aceptar a trámite y evaluación la solicitud del beneficio.
Aunque el asilo diplomático es un derecho, queda esperar si el gobierno de Uruguay aceptará la hipótesis del expresidente que asegura que se trata de una persecución por parte del gobierno de Martín Vizcarra; y ante ello otorgarle protección.
El gobierno de Tabaré Vázquez deberá analizar la petición de Alan García bajo la aplicación de los artículos de la Convención de Asilo Diplomático suscrita en 1954; pero el que más aplica en el caso del expresidente es el artículo IV el cual reza que le corresponde al Estado asilante “la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución”.
El internacionalista Oscar Schiappa Pietra, indicó a RPP que el artículo III establece límites para conceder el asilo, entre ellas, el requisito de que el solicitante no puede estar dentro de un proceso judicial.
“(Alan García) ya está bajo la autoridad de un juez que ha decretado su impedimento de salida del país, que es el inicio de una secuencia procesal”, agregó.
Además dijo que en el ámbito político, Uruguay también debe ceñirse a las convenciones que establecen un compromiso de lucha contra la corrupción.
“Uruguay tiene otros elementos de obligación internacional como las convenciones de Naciones Unidas y de la OEA que establecen obligaciones específicas de cooperación en la lucha contra la corrupción que limitan la discrecionalidad de Uruguay”, señaló.
Este domingo el embajador de la República Oriental del Uruguay, Carlos Barros, comunicó al Ministerio de Relaciones Exteriores que el expresidente Alan García Pérez solicitó asilo a ese país.
El diplomático explicó que el ex jefe de Estado ingresó durante la noche del sábado a su residencia para pedir asilo, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay.
El asilo diplomático, es el derecho que tienen los Estados para albergar a personas perseguidas por motivos o delitos políticos en campamentos o aeronaves militares, navíos de guerra o legaciones. Estas últimas se refieren a toda sede de misión diplomática ordinaria (embajadas) o residencias de los jefes de misión.
Las reacciones no se han hecho esperar, sobre todo desde la oposición uruguaya. El senador Javier García señaló que el asilo “es una figura para impedir persecución politica, no para delitos comunes ni corrupciòn”.
Asilo: Es una figura para impedir persecución politica,no para delitos comunes ni corrupciòn.Perú es un país hermano,democrático,con instituciones libres y plenas.Esperemos que https://t.co/xOTCfVt8ID UY no intervenga en asuntos internos de Perú y actúe de acuerdo a derecho vig.
— Javier García (@JavierGarcia_Uy) November 19, 2018
El senador abogó porque el gobierno de Uruguay no “intervenga en asuntos internos de Perú y actúe de acuerdo a derecho vigente”.
Alonso Gurmendi, profesor en Derecho Internacional en la Universidad del Pacífico, explicó que “bajo el Derecho de Asilo, debe primero demostrarse que el solicitante es un perseguido político”.
“La Convención también señala que ‘no es lícito’ conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes”, explicó.
Para Gurmendi, Alan García no cumple con los requisitos para recibir el asilo diplomático, pero resaltó que es una determinación que le corresponde exclusivamente a Uruguay.
“Personalmente, no creo que estos requisitos se cumplan en el caso de Alan García, ya que lo único que esta ocurriendo es el normal desarrollo de la justicia (por delitos comunes, como el lavado de activos), pero esta determinación corresponde a Uruguay”, explicó.
Si a pesar de todo esto, Uruguay decidiese otorgar asilo diplomático a Alan García, el Perú podría demandar a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia, al amparo del Pacto de Bogotá /14
— Alonso Gurmendi (@Alonso_GD) November 19, 2018
“Si a pesar de todo esto, Uruguay decidiese otorgar asilo diplomático a Alan García, el Perú podría demandar a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia, al amparo del Pacto de Bogotá”, agregó.
“El que no la debe, no la teme”
El expresidente peruano Alan García no supo ocultar su temor a ser detenido tras estar presuntamente involucrado en el caso Lava Jato; a pesar de asegurar que no tenía “nada” que ocultar, decidió pedir asilo a la embajada de Uruguay en Lima.
“Nos allanamos para que nadie piense que ocultamos algo. Y para mí no es una sanción estar 18 meses en mi patria y apoyar al Aprismo”: fue la respuesta que dio García tras conocer que tendría impedimento de salir del país; sin embargo, horas después pidió asilo a la embajada uruguaya.
“A todo el país le digo que tengo en paz mi conciencia. Ni me vendí ni nada pedí. Creo en la historia y en la gloria del aprismo que es mi única riqueza”, reiteró el exmandatario.
De este modo, García quiso mostrar su presunta inocencia y valentía al aceptar “con dignidad” su prohibición de salida del país; sin embargo, minutos después alegó persecución política y pidió el asilo.
Y es que en pocas horas, García habría demostrado que sí tiene mucho que temer tras huirle a un posible pedido de prisión preventiva.
Ante las recientes acciones de Alan García, la analista político Sigrid Bazán señaló que “el que no la debe, no la teme”.
El que no la debe, no la teme, no se esconde, no se corre de la justicia… aquí vemos todo lo contrario.
Hoy en portada de @larepublica_pe: Alan García mirando a la calle desde un de las ventanas de la residencia del embajador de Uruguay.
Foto: Renato Pajuelo/La República pic.twitter.com/VigaTa3hSq— Sigrid Bazán (@sigridbazan) November 19, 2018
Cabe destacar que Alan García no había denunciado persecución en su contra; de hecho, recientemente viajó de España a Perú para declarar y no alegó ser un perseguido, tampoco lo hizo cuando se acercó a la Fiscalía ni cuando declaró ante un juez. Su cambio de postura se dio tras conocer que tenía impedimento de salida del país.
Hay que recordar que Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, reveló que en la campaña del 2006 al único candidato al que la constructora apoyó económicamente fue a Alan García Pérez, que resultó vencedor en esa elección.
Al parecer a García le entregaron USD $200.000 en efectivo, por intermedio de Luis Alva Castro, exministro, exdiputado, excandidato presidencial y conocido dirigente aprista. Al igual que con Keiko Fujimori, Barata precisó que no entró en contacto con el candidato.