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Los arzobispos Paul Coakley, de Oklahoma City y Joseph Naumann, de Kansas City solicitaron a la administración republicana detener la seguidilla de ejecuciones federales durante la temporada de Adviento, sin éxito. Los prelados expusieron su discrepancia ante la NPR (National Public Radio), aduciendo que la dignidad humana “es un don de Dios, y no algo que el Estado concede o, inversamente, puede retirar”.
Esta postura coloca a las jerarquías eclesiásticas en las antípodas del apoyo que brindaran en su momento a Trump, quien –pese a haberse declarado “pro choice“ en el pasado– asumió en esta campaña una encendida defensa personal de la vida por nacer. Ahora, en contraste, la Iglesia ha manifestado su desacuerdo con la “inclemencia” de la administración republicana en orden al cumplimiento de sentencias firmes.
El repudio a las ejecuciones se inscribe en los principios expuestos fundamentalmente en la encíclica “Evangelium vitae” de Juan Pablo II, de 1995, así como también en la convocatoria a los gobiernos emanada oportunamente de su sucesor Benedicto XVI, en que este pontífice solicitaba “hacer todo el esfuerzo posible para eliminar la pena de muerte y reformar el sistema penal de modo de asegurar el respeto por la dignidad humana …”. Finalmente, una tercera fuente argumental habría surgido de la revisión del catecismo de los fieles católicos, efectuada en 2018 por el actual papa Francisco, en que se deja bien claro que la pena capital es “inadmisible bajo cualquier circunstancia”.
La figura del procurador general
Pero más allá de las protestas arzobispales, y tal como afirma la actual administración republicana, en un estado de derecho las sentencias deben ser cumplidas.
Tal la postura del procurador general, William Barr, quien en entrevista con Associated Press ha manifestado que su departamento está simplemente ateniéndose a la normativa vigente.
“Creo que la manera de detener la pena de muerte es abolirla. Pero si se les pide a los jurados que la impongan y éstos lo hacen, entonces hay que cumplirla … Les debemos a las víctimas y a sus familias llevar adelante las sentencias impuestas por nuestro sistema de justicia”.
William Barr es por lo demás, un católico devoto. Como tal, en septiembre fue honrado con el Christifideles Laici Award en reconocimiento a su “Fidelidad a la Iglesia, Altruismo Ejemplar y Continuo Servicio en la Viña del Señor”. Y ello aun cuando el día anterior y el día posterior a su recepción de dicho premio el procurador ordenó sendas ejecuciones, conforme sentencias de tribunales federales.
Si bien la Asociación de Sacerdotes Católicos señaló al respecto: “Las ejecuciones claramente no son pro-vida”, Catholic Vote, la entidad que otorga el premio, mantuvo su apoyo al procurador basándose en su ferviente oposición al aborto.
Expresó al respecto su presidente, Brian Burch: “Aunque es desafortunado y lamentable que se haya tenido que aplicar la pena de muerte, no estamos hablando de un gran número. El número [de ejecuciones] palidece en comparación con la atrocidad del número de abortos en nuestro país”.
Independientemente de esta comparación de “números”, otros líderes católicos justifican su apartamiento de las recomendaciones papales apuntando a que, si bien es cierto que el Vaticano eliminó la pena capital hace unas dos décadas, en el año 2001, también lo es que en la práctica la aplicó durante más de mil años. Y añaden que, en todo caso, los recientes pronunciamientos en su contra emitidos por Juan Pablo II, Benedicto XVI o Francisco I no alcanzan a constituir doctrina oficial.
En esta línea, Steven Long, profesor de teología en la Universidad Ave María, al sudoeste de Florida, considera que las alocuciones papales solo califican como “admoniciones prudenciales”.
La Corte Suprema
Las encuestas de la firma Gallup revelan que pese a su sostenida tendencia declinante, el soporte por parte de la población americana a la pena de muerte aun prevalece. Y preservando este espíritu, la Suprema Corte se ha mostrado además particularmente severa en los últimos tiempos.
Así por ejemplo, ya en abril de 2019, ante la solicitud de un convicto de ser ejecutado mediante la inhalación de nitrógeno –método permitido en algunos estados– ya que una condición médica preexistente podría tornarle particularmente dolorosa la muerte por inyección letal, el Juez Gorsuch, nombrado por el presidente Trump en 2017, denegó la petición con estas palabras: “La octava enmienda (a la Constitución de los Estados Unidos) prohíbe los métodos crueles e inusuales (en referencia a la administración de la pena capital) pero no garantiza al prisionero una muerte sin dolor”.
Cabe señalar aquí que las inyecciones letales constan de tres componentes básicos: un barbitúrico de acción rápida que haría perder el conocimiento, un bloqueador que paralizaría el diafragma, impidiendo por ende la respiración, y un tercer elemento para despolarizar el músculo cardiaco y provocar el paro.
Sin embargo, un número significativo de autopsias habrían revelado fallas en la dosificación de los componentes, por lo que los ejecutados habrían experimentado de forma consciente, aunque absolutamente paralizados, las sensaciones de sofocación asociadas a un progresivamente irreversible edema pulmonar.
El presidente
De manera análoga al juez Gorsuch, e igualmente fiel a sus principios, el presidente Trump ha manifestado una voluntad inconmovible a la hora de dar cumplimiento a los fallos tribunalicios, sin recurrir en ningún caso a sus facultades de otorgar clemencia.
Ello ha sido particularmente notable en la reciente ejecución de Bernard Branden, en que la propia fiscal Angela Moore, que acusó al convicto en su momento, y cinco de los nueve jurados que lo condenaron requirieron del presidente la conmutación de la pena por la de prisión perpetua, manifestando que “de haber tenido conocimiento de ciertos elementos de juicio que fueron soslayados en el proceso, no hubieran impuesto a Bernard Branden la pena capital”.
Tampoco se dejó influir el presidente por la solicitud de los juristas Alan Dershowitz y Ken Starr, prominentes abogados de alto nivel, que no solo acudieron en defensa del reo en última instancia, sino que, para más datos, eran los mismos abogados que habían defendido al propio presidente en ocasión del impeachment senatorial conocido como el “Ucrania gate”.
Mucho menos habrían de incidir sobre el ánimo presidencial las firmas reunidas pidiendo clemencia en la plataforma change.org (unas 400.000).
Para la administración republicana, la ley es la ley. Y por eso Trump resistió todas las presiones, emanaran de quienes emanasen, y las sentencias se cumplieron. Y se seguirán cumpliendo.
