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Según los últimos datos estadísticos disponibles a diciembre de 2019, 142 países han abolido —de derecho o de hecho— la pena de muerte. Pero gran parte de la población mundial habita aun en territorios donde la condena capital continúa siendo legitima.
En cuanto a las causas que pueden dar lugar a la pena capital, los criterios son sumamente variados: no solo la ameritan crímenes aberrantes, actos terroristas o magnicidios, sino que también pueden conducir a ella la apostasía, la sodomía, la tenencia de estupefacientes y hasta la “brujería”. En China, robar una tarjeta de crédito o conducir en estado de ebriedad pueden llevar al patíbulo.
En efecto, conforme a los datos de Amnesty International, China es de lejos la mayor “ejecutora serial”, aunque, señala, “se desconoce la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país, al estar clasificados los datos relacionados con ella como secreto de Estado” por lo que concluye que las cifras oficiales se encuentran muy por debajo del número real.
China es seguida por Irán, Arabia Saudita e Irak, naciones que han concretado un escalofriante 81 % del total de las ejecuciones registradas en el período. Después vienen Egipto, Estados Unidos, Pakistán, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. Obviamente, de Corea del Norte no hay datos.
Tal como lo revela el mapa, Estados Unidos es el único país americano que figura en la lista de países que aplican la pena de muerte. Bielorrusia el único europeo.
La pena capital en la tradición estadounidense
La pena capital en la tradición estadounidenseSegún reseña María Estela Báez Villaseñor, “la ejecución mediante arma de fuego del capitán George Kendall, acusado de ser un espía en favor de España, en Jamestown, en 1608, inició una larga tradición de la aplicación de la pena capital en el territorio que conforma en la actualidad Estados Unidos.
En efecto, conforme reseña Death Penalty Info, 1527 hombres y mujeres han sido ejecutados en los Estados Unidos desde 1973. Pero este año, con 10 ejecuciones concretadas, el gobierno federal habrá dado cumplimiento al mayor número de sentencias capitales en casi cinco décadas.
Como ha comentado Ngozi Ndulue, directora senior del Centro de Investigación y Proyectos Especiales de DeathPenalty.org para la BBC, «habría que volver a 1895 para encontrar otro año en el que se hubieran verificado 10 o más ejecuciones”
La posición de Biden
Puesto el tema en términos políticos, en tanto que el presidente Donald Trump ha mantenido consistentemente su postura como firme defensor de la pena de muerte, el demócrata Joe Biden no puede exhibir un récord igualmente homogéneo.
En el pasado, Biden también abogó por la pena capital. Incluso tuvo un rol central en el diseño de la legislación que en 1994 incorporó nada menos que 60 delitos a la lista de los que podrían ser castigados con la muerte. Algunos de los presos que hoy se encuentran en el “corredor de la muerte” están allí justamente debido a las previsiones de esa legislación.
Mas retrocediendo sobre sus pasos, Biden ha prometido ahora impulsar una legislación tendiente a eliminar las ejecuciones federales por completo y a promover la sanción de legislaciones estaduales en esa misma dirección.
A la fecha, a nivel estadual, con la abolición de la pena de muerte en New Hampshire y en Colorado en 2019 y 2020, respectivamente, 22 estados de los 50 que componen la Unión ya han barrido de sus legislaciones la condena capital. En términos fácticos, 34 estados no han ejecutado a nadie por más de una década. Este año solo se han registrado 3 ejecuciones en Texas, 1 en Alabama, 1 en Georgia, 1 en Missouri y 1 en Tennessee.
La opinión pública
Por su parte, la encuesta de Valores y Creencias Gallup de junio de este año reporta que el porcentaje de americanos que considera moralmente aceptable la pena de muerte se encuentra en los valores más bajos de los últimos 20 años. Pero de todos modos, un 54 % de los habitantes de la Unión aun la consideran procedente.
Por cierto, como destacara el jurista argentino Juan Gonzalez Calderon, no se trata de dar por ciertas dos ecuaciones falsas, esto es, que el 50 % más el 1 % equivalen al 100 % y el 50 % menos el 1 % equivalen a 0 %. Sin embargo, no cabe desdeñar el hecho de que la opinión pública americana sigue favoreciendo la opción punitiva radical.
Los problemas de la pena de muerte
Por supuesto, la posibilidad de que un inocente sea condenado existe, por múltiples y variados motivos.
Según el Registro Nacional de Exoneraciones, un proyecto conjunto de Michigan Law y Northwestern Law, más de 1300 personas han sido exoneradas luego de haber sido originalmente condenadas por crímenes que no cometieron. Y éstos son solo los casos ya resueltos: el número real es mucho más alto. Algunas personas inocentes han sido recluidas durante décadas, mientras que, con frecuencia, los auténticos delincuentes lograron escapar de la justicia como resultado de acusaciones torcidas y decisiones erradas.
En lo que concierne específicamente a penas de muerte, organizaciones como por ejemplo Innocence Project, especializada en la revisión de casos mediante pruebas de ADN que no estaban disponibles en el momento del juicio o simplemente no fueron realizadas en la etapa probatoria, más de 170 personas inocentes erróneamente sentenciadas a muerte han sido exoneradas
Obviamente, en algunos casos la exoneración llega demasiado tarde, una vez ejecutada la sentencia.
Pero tal riesgo no parece detener hoy la mano firme de las autoridades gubernamentales a la hora de apresurarse a dar cumplimiento a los mandatos judiciales pendientes.
Si todas las ejecuciones proyectadas para diciembre y enero se efectivizan, completarán un total de 13 y, como resalta Los Angeles Times, este número cementará un legado que solo habrá sido superado por Grover Cleveland, con una ejecución más, 14 en total, en 1896.
Dura lex, sed lex
Definitivamente, “de lege lata”, a la luz de la normativa vigente, el criterio republicano es que las sentencias no pueden ser ignoradas indefinidamente. “Dura lex, sed lex”.
Ahora bien, “de lege ferenda”, esto es, con vistas a eventuales modificaciones a la legislación federal y estadual, se podrá tal vez replantear el debate sobre la defensa de la vida en sus momentos extremos, el alcance que atribuiremos al poder estatal y los problemas de la falibilidad humana.
Mientras tanto, a la fecha, 45 personas aún esperan se les aplique la inyección letal: sus muertes ya están oficialmente programadas en un calendario que llega hasta el 24 de marzo del 2024.
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