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Argentina está pagando muchas cuentas pendientes, producto de una irresponsabilidad y un comportamiento infantil que viene de hace años. Se trata de la factura que nos recuerda que las acciones tienen consecuencias y que, en el ámbito gubernamental, existe algo que se llama “restricción presupuestaria”.
En las últimas dos décadas, el kirchnerismo convirtió a la estructura del Estado en una bolsa de trabajo para la militancia propia. Paradójicamente, los enemigos de las privatizaciones terminando privatizando para ellos el aparato burocrático, con la diferencia que no pagaron nada por él: lo financiamos todos los meses los contribuyentes.
Así crecieron las dependencias y se crearon muchas nuevas. Al momento que Javier Milei asumió como presidente, la situación económica no daba para más: la moneda estaba destruida, los impuestos eran imposible y el sector privado estaba languideciendo, por no poder cargar más en sus espaldas al pesado sector público.
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La necesidad de reducir drásticamente el tamaño del Estado ya no depende de una cuestión ideológica. En la situación de Argentina y sus cuentas públicas, se trata de un tema de sentido común y lógica, si se quiere corregir el serio desajuste general que sufre la economía. La inflación, el déficit, el endeudamiento, todos los problemas están vinculados a un sector público y a un gasto absolutamente imposible de financiar. Al dejar de emitir billetes para cubrir el rojo del fisco, la necesidad del ajuste aparece ante los ojos como una realidad ineludible.
Claro que el proceso de reducción de la burocracia es todo un escándalo. Los sindicatos y el kirchnerismo cuestionan hasta cuando no hay despidos formales. Critican duramente que no se renueven los contratos, como si esto fuera una especie de injusticia inaceptable.
En el marco de esta discusión, muchos argumentan que los cesanteados no son “ñoquis“, es decir, que cumplen una función y se presentan en el lugar de trabajo todos los días. Claro que cuando uno pone la lupa y ve que hay detrás de muchos casos, se encuentra con situaciones inadmisibles, como la de un grupo numeroso de personas asignada al sector de la puerta de un ministerio.
El “derecho” debe ser a poder trabajar y a conseguir un empleo, no a que los contribuyentes tengan que financiar lo injustificable. No hay derecho a vivir de los demás.
A diferencia de otros recortes cosméticos, la gestión actual comprende que la reducción del gasto público no se consigue “congelando” por un tiempo salarios y contrataciones, o reduciendo escuetamente la planta. Es necesario terminar con dependencias completas, tal cual está sucediendo en la actualidad, a pesar de los violentos reclamos de los que plantean la absurda supuesta inconstitucionalidad de los despidos en el Estado.
Argentina debe aprovechar esta oportunidad para repensar lo que significa el Estado y el empleo público. Lo primero que hay que comprender, aunque suene evidente, es que la burocracia siempre tiene que tener un tamaño considerablemente menor al sector privado, que es el que la financia. Además, es fundamental repensar las funciones del Estado, donde muchas veces hay trabajadores mal pagados, como los policías, los médicos o los maestros.
Como dijimos en otras oportunidades, en lugar de “luchar” por mantener “fuentes de trabajo” que no contribuyen en lo más mínimo a la hora de solucionar el problema económico (sino que producen todo lo contrario) es momento de apuntar la discusión hacia la necesidad de la urgencia de la reforma laboral. De esta manera, las personas que dejan su trabajo en el sector público podrán reinsertarse en el único mercado laboral que trae beneficios en su expansión.
