Los apagones, que por años han afectado a Cuba y Venezuela, ya aparecen como un “riesgo inminente” en la Colombia de Gustavo Petro, que con su decreto de emergencia en el departamento de La Guajira estableció un aumento en las tarifas de energía en el país para cubrir los gastos de las acciones prometidas por su despacho.
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Y es que en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira, según el decreto 1276 del 31 de julio de 2023, las personas que vivan en los estratos sociales más altos (4, 5 y 6) deberán pagar un recargo de 1.000 pesos en su recibo de luz, mientras que los usuarios comerciales e industriales verán en su recibo un incremento de 5.000 pesos. Por tratarse de una resolución expedida por un estado de emergencia solo podrá aplicarse por un periodo máximo de seis meses, aunque se podría extender si así lo aprueba el Congreso.
Existe un “riesgo inminente” de apagón en Colombia
Esta situación llevó a la Contraloría de la República a evaluar sus efectos, concluyendo en un reciente informe presentado por su delegado de Minas y Energía que como consecuencia del aumento extraordinario en las tarifas y las secuelas que deja la intensidad del fenómeno El Niño se ha detectado un incremento de hasta 300 % en la producción, que influiría en la posibilidad de un apagón en Colombia.
“Sin lugar a dudas y en un concepto personal, existe un riesgo inminente (de apagón). Empresas como las que prestan servicios en la costa pueden llegar en un momento dado con los precios de bolsa a no ser capaces de adquirir la energía y, por consiguiente, prestar el servicio a los usuarios”, dijo el contralor delegado para Minas y Energía, Germán Castro, en declaraciones ofrecidas a La FM de RCN.
Valor de producción se ha cuadruplicado
Y ante el desmedido aumento del valor de producción de la energía en lo que va de año, que se ha cuadruplicado al dispararse de un promedio de 250 pesos por kilovatio / hora en enero a 1.100 pesos en septiembre, el contralor pidió al Gobierno tomar las medidas necesarias para prevenir que ocurran apagones en Colombia, lo que calificó como “riesgos sistemáticos”, agregando que “una vez que comercializadores no puedan adquirir la energía, el Gobierno tendría que intervenir y comercializar y distribuir esa energía”.
Por ahora el Gobierno de Gustavo Petro está enfocado en su objetivo de “cubrir las necesidades de la región (Guajira) en tres ejes principales: planes de alimentación, atención en salud y abastecimiento de agua”. Para financiar esos programas estima recaudar con el aumento extraordinario en las tarifas un total de 51.230.962.800 pesos, equivalentes a unos 13 millones de dólares. Pero mientras el Ejecutivo se fija como prioridad “superar la crisis humanitaria (…) o evitar la extensión de sus efectos, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira”, según el Ministerio de Minas y Energía, se podría estar creando un problema de proporciones nacionales aún mayor.