El gobierno izquierdista de España avanza en su proyecto centralizador. Utiliza al término “equidad” —debido a sus connotaciones positivas— para esconder que busca imponer la homogeneidad entre las jóvenes generaciones. O sea, gente que piense, actúe y tenga un modo de ver las cosas de forma parecida, lo que los convierte en una masa fácil de manipular.
Cuanto más se concentra la educación popular, mayor poder tienen las autoridades sobre el alma y la mente de los habitantes. En esas circunstancias, la tendencia natural es que quieran imponer su propia ideología y además, conduce a la burocratización con su cuota de deshumanización. No importa cuál sea la posición política de esos gobernantes: la centralización conduce al empobrecimiento espiritual y a anular el espíritu crítico de los educandos. El foco de la enseñanza deja de estar en la persona para pasar a estar en el colectivo, generalmente, en los sindicatos.
Las sociedades democráticas avanzadas han descubierto que la pluralidad de cosmovisiones es lo que las enriquece tanto en el plano material como en el intangible. Además, que la familia es la base de la sociedad y no el Estado. Cuando se permite que el “Estado” —eufemismo para ocultar que se trata de los gobernantes con su mala fama a cuestas— sea el centro de la actividad ciudadana, inevitablemente, se está cayendo hacia un régimen autoritario.
En consecuencia, son los padres lo que deben elegir el instituto de enseñanza que prefieren para sus hijos y no las autoridades.
Además, la experiencia histórica demuestra que la educación popular tiene un importante rol que jugar en ese sentido, ya sea como antídoto o por el contrario, para adoctrinar en beneficio de los autócratas. Si la educación del pueblo está repartida entre muchas clases de institutos de enseñanza —de las más diversas orientaciones y perfiles— el producto resultante será una sociedad civil pujante y vigorosa, difícil de manipular. Lo contrario sucede cuando se pretende imponer en exclusividad un determinado tipo de enseñanza.
Es en este contexto que hay que analizar a la reforma educativa promovida por el gobierno socialista (PSOE) y su aliado Unidas Podemos: la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), mejor conocida como “Ley Celaá”, apellido de la ministra que la concibió.
Con respecto al PSOE, es lamentable la degradación en la calidad de sus dirigentes desde que Felipe González dejó de dirigirlo. Han demostrado que les interesa el poder por el poder mismo y que con tal de obtenerlo, no les importa recurrir a cualquier mentira ni aliarse con “sapos y culebras”. Y por otro lado, la genealogía política de Podemos, que fue engendrado en los laboratorios cubano-chavistas, indica claramente hacia dónde pretende conducir a la nave española.
La Ley Celaá es rechazada por vastos sectores de la población, lo que ha redundado en masivas protestas en numerosos puntos el país. Los manifestantes consideran que les quita a los padres la potestad para elegir qué educación quieren para sus hijos, en qué tipo de instituto y cuáles son los valores que han de inculcarles.
El lema que nucleó a la movilización fue “Por el derecho a elegir la educación que queremos”. Se veían banderas y globos amarillos y naranjas, algunos con el texto “Stop ley Celaá”.
La reforma propuesta está concebida para ir asfixiando de a poco a la educación que no sea pública. Es decir, a la que no controlan. El ataque —por supuesto que adornado con palabras “floridas”— está dirigido especialmente contra la educación concertada y los institutos de enseñanza especial.
Un concertado es un colegio privado que recibe subvenciones del Estado. O sea, que su financiación es mixta y en consecuencia, le da acceso a una educación de calidad a menores que de otro modo no podrían acceder a ella. Es un intermedio entre la escuela pública y la privada.
El gobierno —arrogándose una facultad que no les corresponde— pretende imponerle pautas ideológicas al funcionamiento de estos institutos. Por ejemplo, que no pueden ser solo para mujeres o solo para varones. Además, que no pueden cobrar por actividades extras. Algunos podrán pensar que eso no es ideología, pero lo es.
La izquierda se auto atribuye el monopolio de la sensibilidad social, cosa que no resiste la confrontación con la realidad. Lo que uno observa es que esos gobernantes son muy “generosos” con el dinero ajeno, pero suelen acaparar el propio. En los hechos, en los lugares donde han gobernado, la tónica general es que se amplíe la brecha entre los más ricos y los más pobres. Asimismo, que aumente la pobreza.
Por ejemplo, dentro de los concertados religiosos están el colegio Tajamar (exclusivo para varones) y Los Tilos (solo para chicas). Están ubicados en un distrito obrero y escolarizan a niños/as marginados. Paul Táuler —padre de nueve hijos y presidente de la Asociación de Madres y Padres del colegio— señala que “casi todos los alumnos (2.000) son del barrio. El hijo de un conductor de la EMT, de un taxista…. y el 20 % es inmigrante. Hay chinos, venezolanos, algún sirio…”.
En eso colegios se cobra una cuota según las posibilidades de cada familia, incluso, puede ser de tan solo 10 euros. Eso se basa en el principio de reconocer la dignidad de las personas, por muy humildes que sean. El pagar aumenta la autoestima y además provoca que la gente sienta que tiene derecho a exigir o reclamar, cosa que no sucede con las cosas “gratis” (que nunca son tales).
Con respecto a los centros de educación especial —que se ocupa de los niños con necesidades especiales— la normativa de la Ley Celaá parece concebida para que paulatinamente vayan desapareciendo. El texto expresa que se desarrollará “un plan para que, en el plazo de diez años, (…) los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.
Los promotores de esta enmienda argumentan que el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU ha reprendido a España por la falta de integración de estos menores.
Sin embargo, la inclusión de los niños con capacidades diferentes en escuelas comunes por ahora es pura teoría. Es decir, no se sabe si realmente es beneficioso para ellos. Pero, como todos los planes que se conciben desde oficinas burocráticas, todo se hace a lo “grande” en vez de ir experimentando de a poco y viendo los resultados concretos que se van obteniendo. Además, la pandemia del coronavirus ha demostrado que las recomendaciones de los organismos dependientes de la ONU no son muy fiables.
En cualquier caso, son los padres lo que deben determinar a qué tipo de instituto quieren que sus hijos con capacidades diferentes vayan porque son los que mejor los conocen.
La Ley Celaá también ataca a la enseñanza de la religión al decidir que no computará la nota de religión para el promedio general, desvalorizando esa materia, al tiempo que se obliga a enseñar la historia de la democracia en España desde una perspectiva de género e incluyendo desde primaria la particular visión de las autoridades sobre lo efectivo-sexual. Ideología pura, por tanto.
Para los regímenes con tendencias autoritarias la familia y la religión son blancos a liquidar, porque son los mayores obstáculos para implantar la obediencia ciega. Contra la fe y el amor no han podido ni los regímenes más crueles.
Los totalitarismos no se han impuesto de la noche a la mañana sino mediante un proceso. Uno de los mecanismos utilizados es la despersonalización del sujeto, convertirlo en una cosa sin identidad propia. La ley Celaá aplica ese principio al eliminar el nombre de cada alumno que pasará a ser identificado mediante un número. ¿La idea habrá provenido de Auschwitz?