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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debía entregar hace tres meses la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú. El tiempo pasa y el mandatario está negado a pasar las riendas de la organización, compuesta además por Chile y Colombia, a Dina Boluarte.
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“El presidente de México hasta ahora está perjudicando a los pueblos que comprenden la Alianza Pacífico por simplemente seguir apoyando al expresidente Pedro Castillo que dio el golpe”, denunció Boluarte.
“Es un tema político”, asegura la jefe de Estado, quien sostiene que “una mirada política no puede cerrar el camino del desarrollo” que promueve el mecanismo de integración económica y comercial que integran las cuatro naciones basadas en cuatro pilares: libre movilidad de bienes, servicios, capitales y personas y un eje transversal de cooperación.
AMLO está renuente. Sabotea el paso de mando de Alianza del Pacífico a Boluarte, a pesar de que el 26 de enero de 2022 asumió la presidencia pro tempore de la alianza con el apoyo de los entonces jefes de Estado Iván Duque, Sebastián Piñera y Pedro Castillo. En representación del Ecuador, acudió su presidente, Guillermo Lasso para continuar con el proceso de adhesión como miembro de pleno, y el ministro de Comercio e Industria de Singapur, Gan Kim Yong, país que se convirtió en el primer Estado asociado de la alianza y con quien se firmó un Tratado de Libre Comercio.
La presidenta peruana, Dina Boluarte, aseguró que el presidente López Obrador no quiere entregar la Presidencia pro Tempore de la Alianza del Pacífico.
“Simplemente, por seguir apoyando al expresidente (Pedro Castillo)", aseguró.
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— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 16, 2023
Una entrega caótica
La entrega de la presidencia anual de la Alianza del Pacífico está en caos desde finales del año pasado, cuando la cita para el cambio de mando inicialmente prevista para el viernes, 25 de noviembre, en Ciudad de México se postergó, ante las limitaciones de movilidad impuestas por el Congreso de Perú a Castillo.
El exmandatario peruano tenía prohibido salir del país por las investigaciones de corrupción en su contra y ante ello, sus pares izquierdistas decidieron fijar el encuentro para el 14 de diciembre en Lima.
Esta disposición de AMLO, Petro y Boric llevó al entonces ministro de Exteriores de Perú, César Landa, a agradecer la “deferencia y disposición” pero la reprogramación sirvió de poco debido al golpe de Estado perpetrado por Castillo el 7 de diciembre, a una semana de recibir las riendas de la instancia internacional.
Desde entonces, sólo hay disputas. Petro defiende a Castillo. Está en contra de su detención. Lo demostró durante la reciente VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) donde señaló que “la violación de la convención americana de derechos humanos es manifiesta en el Perú”.
Con esa idea vocifera que “el artículo 23 de la convención americana establece como derecho político elegir y ser elegido. Para quitar este derecho se necesita sentencia del juez penal. Tenemos un presidente en Suramérica -Castillo- elegido popularmente sin poder ejercer su cargo y detenido sin sentencia de juez penal”.
Boluarte rechaza la injerencia de Petro. Ya le emitió una carta donde le pide mantenerse al margen de la situación nacional mientras la comisión de relaciones exteriores del Congreso acordó declararlo persona no grata, por comparar el actuar de la policía nacional con el nazismo alemán, cuyas políticas derivaron en el Holocausto.
Una posición con culpa
López Obrador está en la misma posición de Petro con respecto a la situación legal de Castillo, quien estará en prisión preventiva los próximos 17 meses. Reprocha y cuestiona la medida.
En la actitud de AMLO hay rastros de culpa por la detención del maestro chotano considerando que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú ordenó recluirlo en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) de la Policía Nacional, en el municipio Ate-Vitarte, de Lima .ante “el peligro inminente de fuga” que Castillo demostró al intentar asilarse en la embajada de México luego de cometer el autogolpe que alteraba el orden constitucional en el país.
La imprudencia del canciller mexicano, Marcelo Ebrad, lo llevó a la cárcel, así lo señala el documento presentado por la Fiscalía peruana tras el diplomático declarar públicamente que otorgarían el beneficio a Castillo cuando se dirigía junto a su familia a la embajada en Lima. Aquello alertó a las autoridades y agilizó la interceptación del vehículo donde se trasladaba.
Sólo la esposa, Lilia Parades y los dos hijos de Castillo, Arnold y Alondra -ambos menores de edad- lograron viajar a tierra azteca. Allá está radicados desde el 21 de diciembre. La administración de AMLO los protege. De hecho, niega información sobre su paradero a la Comisión de Fiscalización del Congreso.
La instancia necesita notificarle a Paredes la citación a un interrogatorio virtual por las causas en su contra pero desde hace dos semanas no hay respuesta a la solicitud.
Boric en el medio
El presidente de Chile, Gabriel Boric, parece el único en el cuadro que podría presionar la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Boluarte porque su administración la reconoce como jefe de Estado alejándose del espaldarazo de Petr
o y AMLO a Castillo y alineándose con Ecuador, Uruguay y Costa Rica, países a favor de la juramentación de la mandataria en medio de la crisis.
Boric negó sumar su firma al comunicado conjunto que emitieron sus homólogos -incluido el presidente de Argentina, Alberto Fernández- que provocó el llamado a consultas de los embajadores de Colombia, Bolivia, México y Argentina en Perú exigiendo además “el respeto a la voluntad popular que puso a Castillo en el poder y el resguardo de sus derechos fundamentales”.
¿Inclinará el mandatario austral la balanza para destrabar el paso de las riendas de la organización multilateral? Su menguado liderazgo y escándalos de política exterior lo hace improbable. Además el juego está empatado en un dos contra dos.
