Si hay algo que destaca de la gestión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es el irrespeto a los criterios de idoneidad para adjudicar los proyectos estatales en el marco del plan de descentralización que usa para imponer códigos políticos. La asignación de los territorios donde funcionarán organismos nacionales es la más reciente evidencia de su práctica.
- Lea también: Sánchez planea nacionalizar 622.000 rumanos antes de las elecciones
- Lea también: Pedro Sánchez da un golpe de estado anticonstitucional
Sánchez ignoró las directrices ministeriales del departamento de Política Territorial para elegir discrecionalmente en un Consejo de Ministros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su aliado Podemos sin la participación de una comisión técnica, los lugares que acogerían a la nueva Agencia Espacial y Agencia Inteligencia Artificial.
El líder socialista usa la descentralización para ejecutar los movimientos que forman –en teoría– parte de su plan para distribuir organismos del Estado por todo el territorio nacional para construir un país «mucho más cohesionado». En la práctica es otra cosa.
Dedo presidencial
Sevilla, por orden del mandatario, servirá como sede de la Agencia Espacial Española. La decisión que comprueba como Sánchez usa políticamente la descentralización evade que la normativa establecía condiciones de movilidad para instalarla, entre ellas, un aeropuerto internacional que conectara con Bruselas, París, Ámsterdam, Roma, Fráncfort, Praga y Toulouse, desde donde se generarían más visitas con motivo de los viajes de trabajo del personal de la agencia.
Pero Sevilla incumple el requisito. La ciudad no tiene conexión directa con Toulouse, Fráncfort ni Praga, mientras que el municipio Tres Cantos, que también se postuló, está a 20 minutos del aeropuerto internacional Adolfo Suárez-Bajaras, con vuelos directos diarios a todos esos destinos.
Hubo favoritismo político. Sólo basta con mencionar que en Tres Cantos opera más de 60 % del sector espacial de toda España –uno de los requisitos exigidos para la asignación de organismos estatales–, pero el ayuntamiento está bajo el mando del Partido Popular, lo cual choca con los intereses políticos de Pedro Sánchez.
Alicante frustrada
La alcalde socialista de La Coruña, Inés Rey, también resultó beneficiada en la adjudicación de los organismos estatales con la asignación del proyecto que autoriza las operaciones de la Agencia de Inteligencia Artificial en su territorio, cuando este carece de “alta movilidad por trenes” como se había exigido.
La ciudad gallega no cuenta con un sistema ferroviario cuya velocidad oscile entre 200 y 300 kilómetros por hora. Incluso, su conexión con Madrid, que se prometió en tres horas, no está prevista para un futuro y, al contrario de lo que se diseñó en su momento, tampoco estará conectada por el eje atlántico, según señala Ok Diario.
Alicante merecía la asignación no sólo por contar con un aeropuerto sino además con trenes de alta velocidad que le conectan con Madrid y también con el corredor Mediterráneo. Pero, Alicante no es socialista. Ahí está el popular Luis Barcala, quien cuestionó la pérdida de la Agencia de Inteligencia Artificial señalando: “La suerte que tienen algunos de ser capitales del partido de Pedro Sánchez”.
Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid brotan las críticas porque Sánchez usa la descentralización a su antojo. La presidente de la comunidad autónoma capitalina reprocha que Sánchez intente «traicionar y descapitalizar Madrid» con decisiones políticas. En esa misma dirección, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también cuestionó la adjudicación a dedo y reclamó un ejercicio de «transparencia».
Maniobra electoral
Estos aparentes esfuerzo de “descentralización” de Sánchez en plena recta final de la legislatura, con las elecciones municipales y autonómicas previstas para finales de 2023, son estratégicos. Si la meta es lograr capital electoral, Sánchez tiene instancias para maniobrar con traslados como el del Senado a Barcelona; el Tribunal Constitucional a Cádiz; el Tribunal Supremo a Castilla y León y el Tribunal de Cuentas a Aragón, Instituto Oceanográfico a Galicia, la Agencia Española de Medicamentos a Cataluña y la Agencia de Investigación a Euskadi, como ha resonado.
Incluso, el cambio de sede del Centro de Investigación y Almacenamiento de Energía se ubicará en Cáceres, aunque aún no está claro si será un centro nacional o una cooperación conjunta con la Junta de Extremadura y Portugal.
De hecho, The Objective revela que uno de los casos más polémicos es el futuro Centro Nacional de Vulcanología, cuyo funcionamiento está previsto en Canarias. Sánchez dejó en manos de los técnicos si lo haría en La Palma o en Tenerife. Sin embargo, el nuevo ente levanta ampollas en el Instituto Geográfico Nacional, donde temen perder buena parte de sus competencias.