El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, prepara su terreno electoral para las elecciones del próximo año, ofreciendo la nacionalización a los 622.000 rumanos que residen en el país y evadiendo que 12 % de esta comunidad tiene antecedentes penales en la policía y expedientes en los tribunales por distintos delitos, entre ellos, la trata de personas.
- Lea también: Nacionalizaciones masivas y eliminación del delito de sedición para perpetuar a Pedro Sánchez en el poder
- Lea también: Pedro Sánchez financia con 800.000 euros una película de «niños trans o no binaries»
Sin alarmarse por la alta cifra, Sánchez abona el camino para su eventual reelección en los comicios generales previstos para noviembre de 2023. El líder de los socialistas apuesta por esta medida para la pesca de votos entre la segunda comunidad más numerosa de extranjeros no comunitarios, al estar los rumanos sólo por debajo de los marroquíes, que suman 879.943 residentes de acuerdo con el último Avance de la Estadística del Padrón Continuo de España.
“La colectividad rumana es muy querida y respetada en España”, afirma Sánchez en la cumbre de la hispanidad en Castelló, en la que participó junto al primer ministro rumano, Nicolae Ciucâ, donde aprovecharon para pactar la creación de un grupo de trabajo para definir las condiciones para la nacionalización de rumanos.
Lo que Pedro Sánchez evade
Pedro Sánchez intenta convencer a la opinión pública de su disposición, a pesar del caso en el que la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla condenó a 56 años y 12 días de cárcel a cada uno de los cuatro miembros de una misma familia rumana –un matrimonio y sus dos hijos– juzgados entre mayo y junio por delitos de trata de seres humanos y explotación laboral sobre diez compatriotas, entre ellos una menor de edad embarazada y su hermano, ambos con un retraso mental moderado.
El tribunal comprobó que, desde fecha no determinada, los condenados acogieron a compatriotas rumanos en las viviendas que ellos previamente habían ocupado y luego los contrataron para trabajos forzados.
Además, agentes de la Policía Nacional desarticularon este año una organización liderada por rumanos que habrían estafado más de 3 millones de euros mediante fraudes cometidos en Internet con ofertas de autos.
El presidente socialista evita referirse a estos episodios y alega que «la relación entre España y Rumanía es más intensa desde su entrada en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 2004 y en la Unión Europea en 2007».
Incluso, subraya “la contribución de los rumanos y rumanas que viven en España a la prosperidad del país” con “su dedicación al desarrollo”.
Otra maniobra para abultar el padrón electoral
La oferta de Sánchez resulta estratégica para los rumanos y para sus propios intereses políticos, considerando que Rumania está fuera del espacio Schengen, el convenio de 26 países europeos que permite la libre circulación de ciudadanos por las naciones que lo integran, sin necesidad de presentar un pasaporte sino sólo su documento de identidad.
Si los rumanos residentes en España consiguen la nacionalización, obtendrán este beneficio de inmediato. Y si la pretensión de Pedro Sánchez de nacionalizar a los rumanos se concreta, con esta medida engrosaría su lista de maniobras gubernamentales para intentar mantenerse en el cargo abultando el padrón electoral. Vale recordar que ya propuso por medio de la denominada «Ley de Nietos» que se permita que hasta tres generaciones de descendientes de españoles se conviertan en nacionales de origen y, por lo tanto, tengan derecho a voto en los siguientes comicios.