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Argentina ya no tiene moneda en términos prácticos. El gobierno podrá seguir obligando a las personas a aceptar pedazos de papel desvalorizados para cancelar sus deudas, pero la moneda como tal ya no existe, pues ha dejado de cumplir buena parte de sus funciones en el mercado.
Por lo tanto, en lugar de seguir esperando con desesperación los anuncios que cada mes hace el gobierno sobre el incremento promedio de algunos precios (lo que es parte del engaño, pues eso no es técnicamente la inflación), parece más razonable pensar cómo reemplazar este sistema monetario basado en un monopolio legal de la imposición de pedazos de papel impresos por el Estado a su antojo, por algo más adecuado.
Hoy se discuten varias alternativas. Seguramente algunos pensarán en “reciclar” el dinero fiat, como hizo en su momento Alfonsín con el Austral. Mientras las cosas continúen estructuralmente como están, esa alternativa parece condenada al mismo fracaso.
Probablemente otros piensen en reflotar algún mecanismo de “convertibilidad”, que permita mantener una moneda “nacional”, aunque atada al dólar u otra moneda confiable. La convertibilidad fracasó precisamente porque no estuvo acompañada por todas las medidas necesarias para resolver el verdadero problema, que fue el excesivo gasto público. El sistema permitía emitir pesos en la medida en que hubiese dólares suficientes para respaldarlos, lo que desvió el problema hacia una trampa financiera, que culminó con el endeudamiento externo para cubrir el gasto interno, y la recordada explosión a finales del 2001.
Hay quienes hablan de “dolarización”. Pero cuando se profundiza en el tema, se advierte que utilizan la misma palabra con sentidos distintos. Algunos proponen lisa y llanamente convertir al dólar en la nueva moneda de curso legal y forzoso en lugar del peso. Otros proponen algo parecido, aunque no exclusivamente con el dólar, sino con una canasta de varias monedas fuertes. Pero también están quienes en definitiva proponen eliminar el curso forzoso, y permitir que sea la gente quien decida qué moneda utilizar. El propio mercado iría decantando las preferencias, y es muy probable que el dólar se convierta espontáneamente en la moneda más utilizada, sin perjuicio de la libertad para utilizar otras.
La competencia de monedas ha sido explicada por el premio Nobel de Economía Friedrich A. von Hayek en un excelente trabajo publicado a mediados de los ’70 (La desnacionalización del dinero), frente a la discusión de cómo resolver el problema monetario que enfrentaba la creación de la Unión Europea. A diferencia de otros economistas que proponían lo que efectivamente ocurrió -la creación de una moneda única emitida por un Banco Central único para toda Europa- Hayek proponía permitir la libre circulación de todas las monedas de los países miembros, y con el tiempo incluir a otras monedas nacionales como el dólar norteamericano, y por qué no, monedas privadas emitidas por los bancos.
En definitiva, la gente es la que tiene la última palabra en la decisión de qué preferirá utilizar como medio de intercambio (como ocurrió en el mundo desde que las tribus abandonaron las cavernas para concurrir a los mercados, hasta que se generalizó el dinero fiat hace aproximadamente un siglo).
Si bien la propuesta de Hayek no triunfó respecto de la política monetaria de la Unión Europea, sí inició una discusión académica que hasta entonces no se había producido, y comenzaron a proliferar los trabajos proponiendo la competencia de monedas. Después de todo, la moneda es un bien igual que cualquier otro, y probablemente sea un bien de tal trascendencia para la gente, que no debería ser dejado en manos del gobierno. De hecho ese trabajo de Hayek ha sido considerado por muchos como un fundamento intelectual de lo que medio siglo más tarde son las criptomonedas.
La competencia de monedas hizo que a lo largo de la historia, la gente pasara de preferir ciertos bienes comunes como el cuero, la sal, el tabaco o los clavos, a los minerales y finalmente al oro, hasta que los Estados destruyeron la institución monetaria obligando a las personas a usar los papeles que los gobernantes emiten.
Frente a la discusión sobre la “dolarización” en este abanico de alternativas, se escuchan algunas voces que indican que de acuerdo con la Constitución la moneda fiat monopólica y de curso forzoso es una exigencia constitucional, al igual que la existencia del Banco Central. Ello amerita esbozar algunas reflexiones respecto de las cláusulas constitucionales que se invocan para justificar el monopolio estatal de la moneda.
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Las circunstancias históricas
Vamos a examinar cláusulas constitucionales sancionadas en 1853, lo que exige tener en cuenta cómo era el sistema monetario en esos momentos, para entender de qué estaban hablando los constituyentes.
Eran tiempos de patrón oro en todo el mundo. Circulaban monedas de todo tipo y origen, acuñadas en distintos lugares, que tenían valores de mercado; y también circulaban billetes, que no eran el producto de imposiciones estatales, sino que eran confeccionados por los bancos, y cuyo respaldo era precisamente el oro que los bancos guardaban.
El espíritu liberal que inspiró a la Constitución de 1853 lejos estaba de pensar en un monopolio estatal de la moneda, como veremos a continuación. Juan Bautista Alberdi, al comentar los principios económicos de la nueva Constitución alertaba sobre el peligro de tal monopolio: “Mientras el gobierno tenga el poder de fabricar moneda con simples tiras de papel que nada prometen, ni obligan a reembolso alguno, el poder omnímodo vivirá inalterable como un gusano roedor en el corazón de la Constitución misma” (Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina).
Nadie pensó entonces en un Banco Central, o en una moneda monopolizada por el Estado. Eso vino mucho después, no sólo en Argentina, sino en el mundo. Hasta los socialistas argentinos de principios del siglo XX lucharon por el librecambio y una moneda sana, alejada de las garras del Estado.
De hecho el Código Penal actualmente en vigencia, sancionado en 1923, contiene hasta el día de hoy una figura penal que reprime la conducta de aquel oficial de banco público o privado que “fabricare, emitiere o autorizare la fabricación o emisión de moneda, billetes de banco o cualquier título… en cantidad superior a la autorizada” (artículo 287).
Es decir que, sancionada la Constitución, para la década de 1920 entendía el legislador que los bancos privados podían emitir dinero, y el Banco Central no existió sino hasta 1936, en que fue creado en forma temporal y con facultades muy restringidas.
Nadie pensó durante los 80 años posteriores a sancionada la Constitución, que se la estuviese violando flagrantemente en un tema tan serio como el de la creación del dinero. Pero las cláusulas que hoy se invocan para intentar justificar dicho monopolio estatal de la moneda, existieron desde 1853, por lo que corresponde examinarlas en el contexto de la Constitución.
Continuará en la segunda parte…
