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Uno quisiera celebrar el hundimiento en el Senado del proyecto de reforma a la salud del presidente Petro, pero todo indica que este individuo no va a respetar las reglas de la democracia sino que va a transformar el sistema de salud mediante decretos y vías de hecho, y nada garantiza, además, que las decisiones de tumbar algunos de esos decretos, por parte de las Altas Cortes, sean acatadas por la presidencia. Él dice que con la reforma todo sería paso a paso, pero que ahora todo será “de golpe”.
Deja muy mal sabor la acometida del gobierno en contra de varias EPS una vez vio que el proyecto de marras moría en la Comisión Séptima. La toma de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud no tiene justificación alguna. Lo mismo podría decirse de la usurpación de la Nueva EPS, dirigida hasta esta semana por un uña y mugre de Petro, Aldo Cadena, quien hasta se atrevió a decir que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que se paga a las EPS sí es muy bajita.
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Entre ambas prestadoras de salud suman casi 18 millones de usuarios del sistema, y si se agregan los usuarios de Savia Salud y de otras EPS que han sido intervenidas se puede concluir que el Estado maneja mediante medidas impositivas la salud de la mitad de los colombianos. A estos se podrían agregar los 2,3 millones de afiliados de Compensar, que informó que había decidido liquidar su EPS, siendo una de las prestadoras que junto a la EPS Sura firmó una carta el año anterior en la que explicaban que el desfinanciamiento del sistema las hacía inviables. Es la “crisis explícita” que se atrevió a anunciar la en su momento ministra Corcho y que hoy reconoce el ministro Jaramillo al admitir ante la Corte Constitucional, ni más ni menos, que la UPC está muy bajita y que se requieren los presupuestos máximos para mejorar el financiamiento del sistema.
Este no es un asunto menor. Ya el gobierno estaría manejando alrededor de 40 billones de los 80 que puede estar costando el sistema cada año, con todo lo que implica el control de esos recursos y el poder político que conlleva. Curiosamente, el gobierno también está empeñado en tomarse el manejo del gremio cafetero y sus ahorritos del Fondo Nacional del Café. Si a esto sumamos los casi 400 billones ahorrados en los fondos de pensiones, y que Petro quiere expropiar en su reforma pensional, estamos ante un enorme latrocinio que sería muy inferior al que le permitió a Chávez eternizarse en Venezuela —y hasta dejar un sucesor—, pero que podría ser suficiente para las pretensiones de Petro.
En verdad, esta toma hostil de las EPS se parece mucho a una expropiación, pues el gobierno se está quedando con recursos que habían sido adquiridos y/o construidos por particulares para facilitar la atención de los afiliados, quienes aportan de sus propios recursos (en el régimen contributivo), los que Petro considera dineros estatales.
Sin embargo, lo grave no es solo que esta movida le ayude al guerrillero a permanecer en el poder. En realidad, lo grave es que esta estatización que se traduce en destrucción del sistema de salud, se va a poder medir en número de muertes de pacientes que no van a encontrar la atención que se ha venido prestando y de la que la mayoría de los colombianos no se pueden quejar… O sí, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
