
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, suma una nueva acusación a su expediente por publicar un mensaje en X (antes Twitter) en el que habría advertido a varios funcionarios en ejercicio y exfuncionarios sobre un operativo de detenciones en el marco del conocido caso Metástasis.
Posiblemente esa publicación provocó que solo 31 de los 38 vinculados fueran arrestados y que los demás escaparan. Por eso la fiscal general del Estado, Diana Salazar, acusó a Correa, prófugo en Bélgica por delitos de corrupción. Especialistas hablan de obstrucción a la justicia, que se traduce en una pena que va de tres a cinco años de cárcel, con lo que la fiscal parece coincidir. “Mientras estábamos preparándonos para este operativo se filtró la información. Para eso, solo hay que revisar la cuenta de la red social X, del prófugo sentenciado, señor Rafael Correa, que posteaba que se realizarían allanamientos. Y logró su cometido, se fugaron aquellos que ahora no están en esta audiencia”, aseguró.
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De manera que el expresidente vuelve a ser el centro de atención de la justicia ecuatoriana, la cual en 2017 lo sentenció en ausencia a ocho años de cárcel por el caso Sobornos 2012-2016. Correa no logró volver al país tras el fracaso de su candidata para las pasadas elecciones presidenciales, Luisa González —que perdió frente a Rafael Noboa— y ahora añade a su prontuario más problemas legales. Precisamente, la advertencia que hizo en redes sociales iba dirigida a toda una red de funcionarios y abogados ligada a Leandro Norero, un capo del narcotráfico que se favorecía de la turbia mafia gubernamental.
Tenemos esta información:
Un contacto fidedigno nos comenta que se realizará hoy en la madrugada , un allanamiento nacional grande contra gente que está molestando a la 10/20. Han designado 57 fiscales para el operativo. El operativo estaría dirigido a obstruir el proceso de…— Rafael Correa (@MashiRafael) December 13, 2023
La injerencia del Grupo de Puebla
No solo destaca el mensaje de Rafael Correa, posiblemente advirtiendo a los investigados por la Fiscalía. El Grupo de Puebla salió en defensa de estos, hablando de “persecución anormal” y de “golpe político a la función judicial”. Así, la alianza izquierdista latinoamericana contradice su propio principio de no intervención extranjera al hacer tales aseveraciones contra un proceso que le compete al sistema judicial ecuatoriano.
Pero la solidaridad automática del bloque ideológico se desvanece, más cuando los 75 allanamientos de viviendas en siete de las veinticuatro provincias del país, sumado al despliegue de más de 900 personas entre fiscales y policías, dejan hallazgos como escrituras de una compañía en Panamá, pasaportes, computadoras y transacciones bancarias que serán investigadas.
Tal como aseveró Salazar en un video que publicó el 14 de diciembre, “el caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos”. Por eso es que las cuentas bancarias de los 31 detenidos serán retenidas y sus bienes no podrán ser enajenados si así lo determina el juez Felipe Córdova, de la Corte Nacional de Justicia.
#CasoMetástasis | #FiscalíaEc allanó las instalaciones de un estudio jurídico –relacionado a la causa que se investiga– en #Riobamba. Entre los indicios encontrados constan una laptop, documentación, registro de pagos y las escrituras de una compañía en Panamá. pic.twitter.com/0Ysvh3Mp5p
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 14, 2023
Reveladores chats del narco
Si bien el narcotraficante Leandro Norero Tigua fue asesinado en 2022 en la cárcel de Latacunga, al sur de Quito, lo que había en su teléfono se convirtió en la prueba que alertó a la Justicia. Su historial de chats mostraba una red de sobornos que tocó distintos niveles de la política. En total eran unas 14000 hojas que reflejaban una mafia conformada por funcionarios judiciales de la Corte Nacional y de cortes provinciales de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Cotopaxi y Guayas, a cambio de beneficios judiciales.
Mientras se desarrollan las investigaciones y se descubre el paradero de quienes lograron fugarse, Rafael Correa suma otra acusación por la que no podrá volver a pisar Ecuador.