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El gobierno colombiano de Gustavo Petro finalmente publicó el decreto donde concreta una de sus tantas iniciativas enmarcadas en el “perdón social” que pretende llevar adelante como política de Estado y que le ha merecido críticas por traducirse en un indulto a criminales o potenciales delincuentes.
En el texto se precisan las condiciones para las personas que recibirán pagos mensuales con el fin de “prevenir delitos”, detallando que además de lo que había trascendido previamente, entre los beneficiarios se incluyen menores de edad a partir de los 14 años. En total, serán 100.000 beneficiados por un monto de un millón de pesos mensuales (240 dólares). Se estima que durante un año esto le cueste a la arcas del Estado colombiano 1,2 billones de pesos.
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Con los pagos a cambio de evitar delitos, se busca “la implementación de una ruta de atención integral a la juventud entre los 14 y 28 años de edad que se encuentren en situación de extrema pobreza, jóvenes rurales, explotación sexual, vinculados a dinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad”.
Sin embargo, lejos de ayudar a la formación o educación de personas para evitar que cometan crímenes como robos, asesinatos o secuestro, a Petro le atribuyen la responsabilidad por exacerbar el adoctrinamiento y la dependencia del Estado, sin contar con la permisividad del mandatario de ceder a la extorsión al pagar a individuos con historial delictivo. Y es que según el documento, también podrán ser beneficiarios jóvenes que tienen abiertos procesos penales en su contra.
Bajo la mirada de Francia Márquez
Hay que cumplir cinco condiciones para acceder a los pagos de este “perdón social” de Petro: residir en zonas rurales, estar económicamente en pobreza extrema, ser o estar en riesgo de ser víctima de explotación sexual, ser o estar en riesgo de cometer actos criminales o ser reclutado y finalmente, que la zona de residencia atraviese conflictos armados.
Sin embargo, no basta con depender del Estado y demás argumentos alrededor de la nueva medida. A eso se suma que el programa estará bajo la supervisión del Ministerio de la Igualdad y Equidad, dirigido por la vicepresidente Francia Márquez, quien se niega a escuchar las advertencias. Asegura que según la Constitución, el Estado debe “proteger a la juventud colombiana”. Aún así, y contemplando que el decreto menciona un condicionamiento de trabajo social por los pagos, lo cierto es que el pilar de la decisión no pasó por enfocarse en la educación u otras iniciativas integrales que eviten a los jóvenes incursionar en la violencia, sino que el foco está en el dinero.
Adicionalmente, Márquez va a dirigir este programa destinado a la jóvenes a la par de sus alianzas con el empresario George Soros. La vicepresidente no tiene problemas en admitir cómo este financia viajes al exterior de ella y de un séquito de personas, algunas sin vínculos laborales con el gobierno. El fundador de la red internacional Open Society se ha encargado en los últimos años de desembolsar millones de dólares para reforzar la expansión de ideales progresistas en América Latina, así como también ha financiado políticas de este tipo en EE. UU.
