El aumento simultáneo del precio de la gasolina no es la única coincidencia entre los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia y de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Hay otra serie de medidas que se cocinan desde sus respectivas oficinas para dejar claro el modelo socialista que ambos quieren instaurar en los países que dirigen. La premisa es la misma: que el Estado ejerza el máximo control sobre todos los aspecto de la vida diaria.
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Precisamente, este 2 de marzo se dio a conocer que el gobierno de Lula da Silva presentará una propuesta para regular las fuentes de ingresos en aplicaciones móviles. Según el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Luiz Marinho, hubo una reunión donde hablaron trabajadores, representantes de distintas plataformas y expertos. Allí no solo estuvo el mandatario, sino también líderes sindicales e incluso el expresidente uruguayo José Pepe Mujica, reportó Gazeta Brasil.
Aseguran que por ahora “están en una fase de escucha”. El objetivo es regular tanto las empresas de delivery como de transporte por aplicaciones móviles para supuestamente “garantizar la protección del Estado a los trabajadores”.
“Hay que regular las empresas de aplicación, en una nueva relación de mercado, capital y trabajo, porque si no, los trabajadores casi se están poniendo como esclavos”, instó Lula da Silva durante el evento.
El reflejo de Lula en Petro
En un claro empeño por dejar de lado el libre juego de la oferta y la demanda en Colombia, Gustavo Petro ha venido persiguiendo los mismo objetivos que su homólogo brasileño. En el año 2020 ya hablaba de la necesidad de eliminar Uber, la aplicación de taxis, porque supuestamente al ser intermediario, perjudicaba a los conductores.
En ese momento aseveró que de cancelarla, mejorarían los ingresos de los taxistas y quienes sirvieran a la plataforma no iban a seguir siendo “explotados”. Su solución en ese entonces era desarrollar una plataforma nacional de taxis. Es decir, de nuevo sugirió la intervención del Estado.
La situacion laboral de los taxistas, de Uber o amarillos, y la calidad del servicio mejoran si se quitan los intermediarios.
Una plataforma nacional de taxis puede ser desarrollada. El taxista puede, con ayuda pública, ser dueño del carro y el carro puede ser eléctrico
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 13, 2020
Comenzando 2023 ya se hablaba de la idea de prohibir Uber, DiDi, InDriver y Cabify por iniciativa de Petro, convertido en presidente. También se multaría a los operadores, administradores y agentes de las plataformas por un monto superior a los 21 millones de pesos colombianos (más de 4300 dólares). El centro de estudios Fedesarrollo calculaba que 100.000 personas quedarían sin fuente de ingresos. Pero las críticas llovieron de tal manera que el gobierno izquierdista tuvo que retroceder.
“No vamos a prohibir las plataformas, lo que vamos a buscar es un consenso de cómo las vamos a formalizar y cómo prestan el servicio en condiciones ajustadas al marco de la ley”, salió a decir el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, a finales de enero.
Sin embargo, el problema con las aplicaciones móviles de transporte no es nuevo. Los taxistas ya exigían en 2022 a los candidatos a la presidencia que prohibieran estas plataformas. Una vez electo Gustavo Petro, se reunieron con él, aunque algunos calificaron el encuentro como “poco productivo”. De cierta manera, las idas y vueltas de su gobierno con dicho gremio y con las plataformas que pretende cancelar, podría convertirse en un reflejo para el mandatario brasileño.
Colombia estrena sanciones contra Uber
Pero el intento del mandatario colombiano por terminar con las aplicaciones es un capítulo que no se ha cerrado. Con una circular emitida desde el Viceministerio de Transporte, se ordenó a las autoridades de tránsito aplicar multas equivalentes a 30 salarios mínimos legales vigentes contra vehículos particulares que presten servicio a través de las plataformas. En otras palabras, la restricción se está aplicando pero usando atajos.
Tal como menciona el portal Infobae, la circular “dejaría muy mal parado al Ministerio de Transporte y las conversaciones que ha tenido con el gremio de los conductores de aplicaciones que buscan que no se les persiga por su trabajo y que se regule su uso en Colombia”.
En el Ministerio de Transporte tienen lista esta circular con la que le exigen a las autoridades de tránsito del país imponer multas de $1.160.000 y realizar inmovilizaciones a quienes trabajen en Uber.
La orden es perseguir a 100.000 familias que viven de las plataformas. pic.twitter.com/J5w5ZS1sMN
— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) March 1, 2023
Desde Brasilia, el gobierno socialista de Lula da Silva apenas está comenzando el camino que ya está trayendo problemas para su par colombiano. Aún así, algo es seguro, para ambos el tema significará mayores costos políticos y de popularidad en sus ya complicadas gestiones.