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El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la resolución que extiende durante dos años más la Misión Internacional creada en 2019 para investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela.
De este modo, se mantiene el estudio de casos que ayuden a robustecer los resultados del primer informe de la Misión, en los que se demostró la ejecución de crímenes de lesa humanidad impulsados por Nicolás Maduro, en compañía de sus ministros de Interior y Defensa.
La resolución impulsada por los países que conforman el Grupo de Lima contó con 22 votos a favor, tres en contra (Eritrea, Filipinas y la propia Venezuela) y 22 abstenciones, reseñó Efe.
La crisis en Venezuela y cómo afecta a la región en todas sus aristas vuelve a ser uno de los temas álgidos a tratar en la ONU. Por los tanto, la misión seguirá investigando y reportando al Consejo en 2021 y 2022 los abusos cometidos desde 2014 en Venezuela.
Esta misión, formada por tres expertos —la portuguesa Marta Valiñas, el chileno Francisco Cox y el británico Paul Seils— presentó su primer informe al Consejo el pasado 23 de septiembre.
El informe de la ONU que dinamitó a Maduro
De acuerdo con Infobae, el planteamiento de estas votaciones se centró en varios objetivos, entre ellos figuró aparte de la renovación de la misión, la condena a todos los hechos anteriormente comprobados y el llamado a elecciones libres.
No son pocos los motivos que se aluden en el documento para pedir que se continúen con las investigaciones en torno a hechos que a diario toman fuerza contra la población venezolana. La crisis de seguridad alimentaria que existe en el país, donde al menos un tercio de la población (lo que equivale a siete millones de personas) no tienen acceso a la comida sumado a debacle la política, civil, económica, social y cultural, es uno de los múltiples aspectos que deben ser investigados.
Este exhorto a la continuidad de las investigaciones surge como un eco al informe presentado por la Misión de Determinación de Hechos a inicios de agosto. Este documento retrata de manera compacta en 443 páginas los 2 891 casos que investigaron y donde corroboraron «los patrones de violaciones y crímenes», como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas.
Los organismos de seguridad del régimen de Maduro ejecutaron extrajudicialmente a 1 611 personas en los primeros seis meses de este año, según un informe de la organización de derechos humanos Provea. Los asesinatos que fueron ubicados entre enero y junio equivalen a un promedio de nueve personas por día. La mayoría de las víctimas jóvenes era de escasos recursos de entre 18 y 30 años de edad.
Argentina se contradice sobre informe de la ONU
El Gobierno de Argentina tuvo un nuevo cambio en su discurso sobre el tema de Venezuela. La Cancillería anunció este martes que «apoyará con fuerza el trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet», acción que cumplió en su turno al sufragar.
Según Efe, esta posición, emitida a través de un comunicado, responde a las «instrucciones» del presidente Alberto Fernández. A su vez, en el documento se insta a la tiranía chavista a que «conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas».
Esta supone una posición contraria respecto a pronunciamientos anteriores en los que el propio Gobierno de Fernández desestimaba los informes emitidos por la ONU y argumentó que Venezuela «sufrió un fuerte asedio de intervencionismo» y tachó de «apreciación sesgada» denominación de los delitos de lesa humanidad, reseñó Perfil.
La intervención de Carlos Raimundi, quien funge como representante argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), fue interpretada como un revés a la lucha que impulsan varios gobiernos democráticos del hemisferio para visibilizar la crisis que sufre el pueblo venezolano.
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