No es ninguna novedad el despilafarro de la política, que comete todo tipo de excesos a costa de los apaleados y sufridos contribuyentes. Pero este fenómeno impúdico, que se da en una gran parte del mundo, tiene su versión extrema en Argentina. Y dentro del derroche de recursos públicos del país, el kirchnerismo seguramente ha escrito la página más negra de la historia.
En la tarde de hoy la expresidente Cristina Fernández quedó procesada, junto a su exsecretario privado Oscar Parrilli, por “peculado” (malversación de caudales públicos) a raíz del mal uso de vuelos oficiales: resulta que la líder de Unidad Ciudadana, en sus días de jefa de Estado, usaba el avión oficial para que le llevaran los periódicos al Sur los feriados y fines de semana. Resulta que mientras las entregas para el resto de los mortales se hacían con cierta demora, estos envíos VIP de Aeroparque para entregarle principales diarios capitalinos a CFK, salían a las seis de la mañana.
Este procesamiento lleva la firma del juez Claudio Bonadio, que también impuso un nuevo embargo para ambos de medio millón de pesos (11 mil dólares, aproximadamente). Cabe destacar que de confirmarse los cargos, según el Código Penal, en caso de encontrarse a los procesados culpables, correspondería una pena que va de dos a diez años de prisión.
“Los hechos investigados fueron producto del antojo de un funcionario y la condescendencia de otro, y comenzaron a gestarse a partir de la tardanza de un vuelo comercial en el cual se enviaban hasta entonces, lo que perduró con regularidad nada menos que por un período de 12 años. No cabe duda de que, cuanto menos en el caso del traslado de los diarios, Parrilli no solo estaba al tanto de los envíos sino que era quien los ordenaba”, argumentó el magistrado.
Menem y Cavallo condenados también por la misma figura
El expresidente Carlos Menem y uno de sus ministros de Economía, Domingo Cavallo, fueron condenados ayer por peculado en la causa que investigaba la venta a “precio vil” del predio de la Sociedad Rural Argentina. La investigación reveló que la operación que el Estado argentino cerró en 1991 por 30 millones de dólares, en realidad debería haber sido por un valor muy diferente. Para la justicia el predio tenía un valor entonces de aproximadamente 131 millones de dólares.
Si bien la condena es de “cumplimiento efectivo”, ahora debe quedar firme en la Cámara Federal de Casación Penal. Como Menem es senador, de culminar el proceso durante su mandato, el cuerpo debería impulsar el proceso de desafuero. El expresidente tiene 88 años, por lo que de quedar firme la sentencia, su defensa solicitará algún beneficio como la prisión domiciliaria.