El fraude electoral de Nicolás Maduro para apoderarse de la Asamblea Nacional (AN) sigue su marcha. Ni el coronavirus ni la Unión Europea lo convencieron de al menos aplazar la fecha. Será este 6 de diciembre cuando el régimen venezolano llevará a cabo la elección para renovar el Parlamento sin participación real de la oposición, sin observación internacional y sin haber realizado la convocatoria un organismo legítimo. No obstante, Maduro ya adelanta lo que viene: revanchismo y persecución.
Con la instalación el 5 de enero de la próxima Asamblea –que estará integrada únicamente por militantes del chavismo– no solo volverán las barras rojas y los cuadros de Hugo Chávez al Capitolio sino también los “juicios públicos” a opositores. Así lo anunció este viernes el dictador venezolano, según reseñó la agencia EFE.
“La nueva Asamblea Nacional debe inmediatamente instalar una súper comisión parlamentaria para investigar toda la corruptela, todos los dolos, toda la robadera de Juan Guaidó (…) hacer un juicio público con pruebas en la mano contra Juan Guaidó y contra los ladrones de esta Asamblea Nacional”, dijo Maduro en un encuentro televisado de la coalición de partidos chavistas Gran Polo Patriótico.
¿Tribunal popular?
El dictador agregó que la decisión la tomará en las calles con el “pueblo”, lo que convierte dicho juicio en una especie de tribunal popular. “Vamos a plantearle eso al pueblo en los recorridos en los barrios: ¿Están ustedes de acuerdo en que se les haga un juicio público en la nueva Asamblea Nacional a los diputados que robaron al país, que traicionaron al país, que se agarraron el dinero de Citgo, de Monómeros?”.
Tras juramentarse en febrero de 2019 como presidente interino de Venezuela, con un inmenso apoyo de la comunidad internacional que sumó más de 60 países a su reconocimiento, Juan Guaidó logró hacerse con el control de una buena parte de los activos del país en el exterior. En Estados Unidos tomó las riendas de Citgo, la mayor filial de la estatal petrolera PDVSA en el extranjero; y en Colombia se puso al frente de la administración de Monómeros, una proveedora de agroquímicos. En el Reino Unido se mantiene una disputa entre la dictadura y el Gobierno interino por el oro de la nación depositado en el Banco de Inglaterra.
Maduro agregó que esta iniciativa –que recogió de una candidata chavista– es “una deuda” que deben pagar los próximos diputados. La propuesta no dista mucho de la consulta que impulsa el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con la que se busca someter a votación popular la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes mexicanos.
Guaidó desprotegido
Juan Guaidó tampoco se resistió a la tentación de “consultar al pueblo”. Sean de izquierda, de derecha o de centro; de corte democrático o totalitario, todos los líderes políticos buscan “legitimación popular” a sus acciones. Hasta el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, lo hace.
Para hacer frente al fraude electoral que llevará a cabo el régimen el 6 de diciembre, Guaidó convocó a una “consulta popular” para el mismo día. Con las tres preguntas planteadas en este plebiscito en el que se podrá participar de forma presencial, virtual o itinerante, más allá de rechazar los ilegítimos comicios parlamentarios y pedir el tan prometido cese de la usurpación de Maduro, el Gobierno interino pareciera estar buscando una tabla de salvación para su subsistencia.
Sin el cargo de presidente de la Asamblea Nacional y sin Donald Trump en la Casa Blanca, la inmunidad de la que ha gozado Juan Guaidó desaparecería. El periodo constitucional para el cual Guaidó fue electo diputado culmina el próximo 5 de enero. Por otro lado, el poder de Donald Trump como presidente de Estados Unidos era el muro de contención para que Maduro no se atreviera a encarcelar a Guaidó. En dos oportunidades incluso lo desafió. A pesar de tener una prohibición de salida del país, Guaidó salió de Venezuela y regresó triunfante sin que el régimen se atreviera a tocarlo. El panorama para que su protector continúe como presidente de Estados Unidos luce complicado.