La disputa entre el Gobierno interino de Juan Guaidó y el régimen de Nicolás Maduro por el oro venezolano ha tomado una nueva dimensión tras la introducción de un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo británico por parte del bando del líder opositor.
Con esta nueva estrategia se pretende anular el dictamen del Tribunal de Apelaciones londinense emitido el pasado 5 de octubre. En aquel momento dicha decisión revocó la autoridad de Guaidó como el único capacitado para hacer uso de estos recursos.
Ahora el Tribunal Superior de Londres deberá decidir si es Nicolás Maduro o bien la representación “ad hoc” de Juan Guaidó quien tendrá acceso al oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra. (BoE por su nombre en inglés)
La junta de Guaidó introdujo el recurso ante el Supremo el pasado 6 de noviembre. En este momento, las representaciones legales están a la espera de conocer si la Corte admite o no el recurso presentado por el bando opositor.
De acuerdo con EFE, la jueza Sara Cockerill informó a la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Maduro —representada por el abogado Nick Vineall— y a la junta “ad hoc” del BCV designada por Guaidó —representada por Andrew Fulton— que el proceso se pospondrá hasta dentro de tres semanas.
De la misma forma, pidió a las partes, cuyos enfoques discrepan, consensuar el contenido de una carta a ser enviada al ministerio de Relaciones Exteriores. La formulación de dicha misiva, cuya necesidad es cuestionada por la junta paralela de Guaidó, se debatirá en próximas vistas, aclaró EFE.
Las deudas que debe saldar el Gobierno interino
Otros factores se suman a esta disputa. Entre ellos, la queja del bando de Maduro sobre el hecho de que, desoyendo las órdenes del Tribunal de Apelaciones, el equipo del dirigente opositor no ha abonado 400 000 libras en costas judiciales (447 000 euros).
El pasado 23 de octubre, la junta chavista del BCV, con Calixto Ortega a la cabeza, acusó al grupo de abogados de Juan Guaidó de incumplir la orden de la Justicia británica que obligaba a abonar las costas en el litigio.
En un comunicado, el bufete Zaiwalla & Co, que representa a la parte de Maduro, denunció que los abogados de la junta de Guaidó no han abonado la cantidad de 400.000 libras (447.000 euros) que, según afirman, les son aun debidos, ya que el pago que debió realizarse antes de la fecha límite fijada el 20 de octubre, según indicó EFE.
Al ser increpado de este modo, Fulton argumentó que sus clientes no han podido hacer el pago porque solamente tienen acceso a fondos depositados en Nueva York. Debido a ello y teniendo presentes las sanciones de EE.UU. no se puede hacer la transferencia a instituciones venezolanas (como sería la junta del BCV de Maduro).
Está previsto que, tras otra vista preparatoria en diciembre, el juicio se celebre en enero. Lo presidirá Cockerill y se encargará de dirimir a quién reconoce el Gobierno británico como gobernante de hecho en Venezuela.
El resultado de esta decisión daría acceso a las 30 toneladas de oro venezolano depositadas en el BIE, factor de disputa para los dos grupos —chavista y opositores— que buscan emplearlo de acuerdo a las necesidades de cada bando.
La cruzada para obtener el oro venezolano
La discordia por el oro venezolano se inició en mayo, cuando Calixto Ortega, en representación del BCV de Maduro, demandó al BoE por infringir su contrato. En aquella oportunidad la entidad financiera se negó a traspasar 930 millones de euros de reservas a un fondo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según el régimen, este dinero se iba a usar para la lucha contra el COVID-19.
Tras las mediaciones, con fecha 2 de julio, el hoy jubilado juez Nigel Teare falló a favor de Guaidó. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones revirtió dicho dictamen, por el que se otorgaba a la junta “ad hoc” el control sobre los lingotes de oro, cuya cantidad está valorada en unos 1.300 millones de dólares.
La Corte rechazó que el Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, quien ha apoyado políticamente a Guaidó, lo reconociera en una declaración del 4 de febrero de 2019 de forma “inequívoca” como presidente de Venezuela a todos los efectos -un aspecto clave para decidir quién tiene autoridad sobre las reservas-.
El Tribunal de Apelaciones remitió el caso de nuevo al Superior. Desde allí se preguntará al Gobierno a quién reconoce realmente al frente de Venezuela.