Las pesquisas que la Fiscalía chilena adelanta en contra de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, por haber pretendido comprar la exclínica Sierra Bella por diez millones de dólares cuando el valor de la propiedad rondaba los 2,5 millones de dólares, arrojan que existió un “plan delictual” para concretar el negocio, así lo señalan los diputados republicanos Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser, querellantes en el caso.
Ambos parlamentarios revelan que un estudio de tasación privado ordenado por el fiscal Patricio Cooper a la empresa Transsa Consultores Inmobiliarios comprobó que “el valor de la propiedad asciende a menos del 50 % del valor de compra. Es decir, el precio del contrato y la tasación fue equivalente, al menos, al doble del valor comercial o al cuádruple de la tasación fiscal y precio de compra del vendedor”.
En un documento compartido en exclusiva a PanAm Post, donde se recogen los detalles de compra de la clínica por Hassler, también se destaca que en la tasación realizada por Transsa Consultores Inmobiliarias, el avalúo de las propiedades sería de 4,9 millones de dólares, es decir, cerca de la mitad del valor comercial que ofreció el municipio y el triple del avaluó fiscal, así como del valor de compra por parte del vendedor.
Un hallazgo evidente
Además del descubrimiento que se menciona, acusan que “la investigación demostró que existió un plan delictual para perfeccionar el contrato de compraventa causando un perjuicio millonario al patrimonio comunal”. De acuerdo con la querella, “la existencia de tasaciones ideológicamente falsas, que no dan cuenta del valor comercial de las propiedades, fue parte de dicha defraudación. Los perjuicios causados ascienden a la suma de 2,8 millones de dólares, más los gastos desembolsados durante el proceso de compraventa (tasaciones, notaría y conservador)”.
En contacto con PanAm Post, el diputado Juan Irrarázabal sostiene que “a estas alturas, la alcaldesa debería renunciar, porque el fraude es evidente. Su administración fue elegida para usar bienes o recursos no para llevárselos para la casa. Esperamos que los concejales hagan una presentación ante el Tribunal Electoral regional y pidan su destitución cuanto antes”.
Una solicitud directa
Ante el resultado de la tasación de la Fiscalía, Irarrázaval y Kaiser, solicitaron al ente judicial formalizar la causa en contra de Hassler por la compra de la clínica e incluir a Jean Pierre Chiffele, exdirector jurídico del municipio; Luis Mayorga, exsecretario de Planificación; Beatriz Chamorro, directora de Salud; Felipe Sánchez, representante legal de Sierra Bella; junto a los tasadores, Patricio Gajardo, María José Sepúlveda y Mylema Cárcamo.
“A lo largo del proceso se han ido determinando los roles que cada una de estas personas, la alcaldesa y funcionarios de su confianza, jugaban en este fraude y en particular se había establecido la colusión de los tasadores a través de un grupo de whatsapp”, precisó también Irrarázabal a PanAm Post. Asimismo, indicó que en “los testimonios de estos mismos involucrados comenzaron a delatarse unos a otros”.
La gestión implicará comunicarle a los acusados que existe una investigación en su contra. Lo más probable es que el fiscal Cooper ejecute esta petición, considerando que el funcionario confirmó la condición de imputada de Hassler en el caso, en lugar de querellante. Si bien la precisión del fiscal es técnica, deja en evidencia la figura de la alcaldesa en la causa como sujeto de indagaciones, por la eventual comisión de delitos, entre ellos fraude al fisco y cohecho. Bajo esa categoría existe la posibilidad de derivar o no en formalización de cargos en su contra.
Con información clave
Los diputados republicanos insisten en que “los funcionarios municipales que intervinieron en la compra —entre ellos los imputados Hassler, Mayorga, Chiffelle y Chamorro— conocían el valor de adquisición y el avalúo fiscal de las propiedades, según consta en documento denominado: ‘Estudio de Títulos’ de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Santiago”.
Además recalcan que los funcionarios municipales manejaban la existencia de gravámenes que pesaban sobre la clínica que Hassler buscaba adquirir debido a su ubicación y las restricciones para nuevas construcciones.
Un cerco jurídico
Hassler, prepara su reelección en medio de este lío legal de la clínica que detonó la emisión de un informe desde la Contraloría que objetó la adquisición del inmueble, debido al pago de sobreprecios a la inmobiliaria San Valentino SpA.
De acuerdo con un documento del ente filtrado por la Radio de la Universidad de Chile “hay evidencia de una gran diferencia entre el precio pactado por el municipio -234.124 UF, equivalentes a más de 9,4 millones de dólares- en relación con el precio en que fueron previamente adquiridos los inmuebles por la vendedora, que es en este caso Inmobiliaria San Valentino SpA, cuyas escrituras de compraventa fueron suscritas con fecha 14 de abril y 4 de julio de 2022, es decir, solo meses antes de la compraventa en análisis, por un monto aproximado de 2,5 millones de dólares. Estos antecedentes habrían sido tenidos a la vista por el municipio, según consta en el estudio de títulos efectuado por la propia entidad edilicia, en el que se consignaron dichos precios, así como los respectivos avalúos fiscales”.
A ello se suma que Consejo de Estado, el máximo juez de la administración pública en el país austral, que resuelve los conflictos entre las personas y las entidades estatales o aquellos que surjan de estas partes, admitió la querella en contra de la alcaldesa de Santiago.