La causa judicial en contra de la alcaldesa de Santiago de Chile, Irací Hassler, por intentar comprar una clínica en diez millones de dólares, cuando estaba valorada en 2,5 millones de dólares llegará al Consejo de Estado. Este ente es considerado el máximo juez de la administración pública en el país austral, que resuelve los conflictos entre las personas y las entidades estatales o aquellos que surjan de estas partes.
El conflicto legal de la mandataria escalará un peldaño más este miércoles, cuando los diputados que interpusieron la querella en su contra, soliciten la participación de esta instancia en las diligencias y procedimientos correspondientes, con el objetivo de defender los intereses de los contribuyentes chilenos.
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En contacto exclusivo con PanAm Post, el parlamentario reveló que la presentación de la querella contra Hassler al Consejo de Estado será crucial, porque “la misión del Consejo de Estado es velar por el patrimonio del Estado. Ya es bastante poco comprensible que no lo haya hecho hasta este momento”.
Para Kaiser, quien lidera la querella contra la edil junto al también congresista republicano Juan Irarrázaval, el ente es “una institución que está llamada a la defensa del Estado y pediremos que se haga parte, porque aquí estamos hablando de montos no menores de recursos públicos que están en peligro de ser dilapidados o de ser fraudulentamente traspasados a un tercero”.
Fiscalía en sintonía
La gestión de Kaiser coincide con la confirmación hecha por el fiscal que investiga estas irregularidades, Patricio Cooper, sobre Hassler en condición de imputada en el caso, en lugar de querellante. Esta precisión del fiscal, si bien es técnica, deja en evidencia la figura de la alcaldesa en la causa como sujeto de investigación, por la eventual comisión de delitos. Bajo esa categoría existe la posibilidad de derivar o no en formalización de cargos en su contra.
Kaiser confía en que llegará al banquillo luego de llevar la causa de Hassler al Consejo de Estado, porque “la alcaldesa es un peligro para la estabilidad financiera de Santiago, por su pésimo manejo y cuidado de los recursos públicos”. Asimismo, insiste en que la impuatada “arriesga la investigación y que la investigación efectivamente establezca su responsabilidad y por tanto las penas que correspondan”.
Con defensa privada
Si el Ministerio recaba evidencia suficiente contra Hassler en la compraventa del inmueble a la inmobiliaria San Valentino —que frenó la Contraloría— será inevitable que comparezca. Ella está preparándose para esa posibilidad, al contratar de forma privada al abogado Miguel Schürmann Opazo, del estudio jurídico BACS Abogado.
No tenía otro camino ante el avance de las pesquisas de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones que ya incautaron los equipos de los tres tasadores imputados por el municipio, entre ellos, celulares, notebooks, documentos, pendrives y un disco duro, para establecer si existe una relación que conecte a estos profesionales por la tasación del edificio.
La justicia indaga y Hassler y el país no pueden dudarlo cuando el alcalde de San Ignacio, César Figueroa, acaba de ser privado de libertad por los presuntos delitos de cohecho, uno de fraude al Fisco, dos falsificaciones de instrumento público y un delito de malversación de caudales públicos.
Una funcionaria peligrosa
La destitución de la mandataria aún sigue sin concretarse, porque “el Concejo Municipal, que debiese iniciar esta acción, está dominado casi completamente por el Partido Comunista y sus partidos aliados”, destaca Kaiser.
La tolda blinda a Hassler. Intenta resguardarla. Hay intereses electorales detrás de esta contención, así lo percibe el diputado, tras precisar que el Partido Comunista buscará la reelección de Hassler, porque “en política todo es posible pero va a ser muy, muy dificultoso para la alcaldesa desmarcarse de esta situación de la cual ella es responsable y tendrá que asumir una responsabilidad política. Espero que los ciudadanos la castiguen como corresponde”.