Al presidente socialista del gobierno español, Pedro Sánchez, le tocará explicar cómo ha manejado los recursos públicos para combatir la pandemia. No tiene escapatoria. La presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso a través de la bancada parlamentaria de su Partido Popular interpuso una demanda en la Fiscalía Anticorrupción, por asignación de 12 contratos para la compra de mascarillas. Estos documentos están vinculados presuntamente a los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación.
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Su ojo está sobre los negocios de 326 millones de euros pactados con siete compañías relacionadas al entorno de Sánchez, al exministro de sanidad Salvador Illa y a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
Según Díaz Ayuso, estos acuerdos se adjudicaron por un valor entre un 25 y un 500 % más. La referente de los “populares” indicó que en algunos casos no llegó el material y dejaron sin protección a centros sanitarios y pacientes y en otros tampoco se reintegró las cantidades abonadas adelantadas.
También tiene los focos centrados en las 14 ayudas en forma de avales por un valor superior a los 800.000 euros. “Vamos a empezar a investigar a todos. Fue fracaso la fiscalización”, advirtió Díaz Ayuso en la plenaria.
En reacción
Así la mandataria protagoniza un contraataque con los mismos argumentos incluidos en las querellas presentadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Más Madrid y Unidas Podemos en contra de su hermano Tomás, tras cobrar 55.850 euros de la empresa Priviet Sportive, S.L., luego de obtener un contrato con la Comunidad de Madrid por gestiones para traer mascarillas a España.
De la misma forma, hubo también un pago de 227.150 euros por parte de esta compañía al hermano de la presidente de la Comunidad de Madrid, sin embargo, el abono de esta comisión no guarda relación con algún otro compromiso ante el Despacho de la presidente.
Díaz Ayuso se desmarca y defiende de la polémica con su hermano. Rechaza cualquier relación. Duda si la intención es investigarla o averiguar hechos corrupción. Incluso, increpa a Dolores Delgado, fiscal general del Estado y le pide actuar conforme a la ley.
Si lo hace, tendrá que determinar por qué el ministro Illa otorgó a dedo 263 millones de euros para la compra de productos sanitarios a una empresa de su pueblo dedicada a bebidas alcohólicas, que a su vez fue condenada por estafa. Delgado tendrá trabajo.
La bancada del PP además espera que se aclaren los motivos para la falta de información en el portal de la transparencia sobre estos contratos y la asignación de tres millones de euros a una empresa de yesos para la supuesta adquisición de respiradores.
▶️ Presentaremos una denuncia ante la Fiscalía por contratos del Gobierno de España para adquirir material sanitario.
Estamos seguros que la Fiscalía también tendrá interés en investigar a empresas relacionadas con familiares de Pedro Sánchez.
🗣️ @SerranoAlfonso #PlenoAsamblea pic.twitter.com/rRlQGmqNb2
— PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) March 10, 2022
Por comparecer
Mientras Díaz Ayuso destapa esta cascada de supuestas irregularidades en la administración de Sánchez, la Fiscalía también hace los propio con el empresario Daniel Alcázar, quien suscribió el contrato por 1,5 millones de euros con la Comunidad de Madrid y remuneró a cambio a Tomás. Ambos están obligados a comparecer con idénticos derechos y obligaciones que un imputado judicial, y sus declaraciones utilizadas en un hipotético proceso ante un juez.
La Cadena Ser divulga que el Ministerio Público solicitará información bancaria que acredite cómo, cuánto y en concepto de qué fueron ejecutados los pagos, así como las facturas tanto de la administración contratante como de la empresa adjudicataria y del hermano de Díaz Ayuso, que hizo las labores de intermediario o comisionista en la operación.
Una vez ejecutadas estas pesquisas y otras que permanecen bajo secreto, que pueden postergarse varias semanas, la Fiscalía Anticorrupción, los convocará a la sede de la calle Manuel Silvela para ahondar en cómo y por qué un empresario sin experiencia en la materia accedió a esa contratación, quién y de qué forma se le comunicó que podía acceder a los trámites, y qué papel jugó Tomás en la operación.
Indiferencia con el tiempo contado
Sánchez aún no responde a la demanda de Díaz Ayuso, pero evade coincidir con ella. El presidente visitó sin la mandataria regional al Centro de Atención, Recogida y Derivación de Refugiados Ucranianos en Pozuelo de Alarcón.
No podrá hacerlo por mucho tiempo. El domingo 13 de marzo está prevista la Conferencia de Presidentes en la isla de La Palma. En ella, Díaz Ayuso presentará los temas que desde el ejecutivo autonómico se consideran clave para los próximos meses, como la crisis de Ucrania, la subida generalizada de los precios o los planes del Gobierno central en materia fiscal relativa a los impuestos de patrimonio o de sucesiones.
Díaz Ayuso exigirá un plan sobre el gasto energético porque la subida de los precios de la electricidad está afectando tanto a las familias como a las administraciones públicas que tienen que ofrecer servicios como el Metro. Por ejemplo, en 2020, la energía del suburbano costó 49 millones de euros, en 2021 casi se duplicó llegando a los 88 millones de euros, y la proyección para 2022 es de 268 millones de euros, cinco veces más que hace solo dos años.