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El exvicepresidente segundo del Gobierno español y dirigente del partido izquierdista Podemos, Pablo Iglesias, falló en su intento de demostrar ante la justicia que los medios son “una cloaca mediática” que operan como “brazos de los poderes económicos”, al perder el proceso contra el director de OK Diario, Eduardo Inda, por publicar que su formación política es financiada por las dictaduras de Venezuela e Irán. Esto coincide con la decisión de la Moncloa de poner un cerco a la prensa, excluyendo de las convocatorias a los medios que tienen una posición crítica y cuyos periodistas hacen preguntas incómodas.
Para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 33 de Madrid no existe vulneración a sus derechos de honor por las declaraciones hechas por Inda, en el marco de una opinión relacionada con las conductas políticas vinculadas a la presunta percepción de fondos procedentes de Venezuela e Irán porque representan “el ejercicio de la libertad de expresión”.
La sentencia frustra su afán por controlar e incidir sobre los contenidos o posturas de quienes conforman las plataformas de comunicación en España. Desde su cuenta de Twitter, Pablo Iglesias afirma que «algunos periodistas dicen que debería estar callado» porque –según él– «el problema es ser de Podemos».
Algunos periodistas dicen que, por haber sido vicepresidente, debería estar callado. No les he escuchado decir lo mismo de González, de Aznar, de Bono, de Margallo, de Calvo…El problema no es haber sido vicepresidente, es ser de Podemos pic.twitter.com/h6AWQ5axit
— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) January 24, 2022
Un revés con consecuencias
Este revés legal de Iglesias también complica el rumbo para las investigaciones vigentes contra su partido en la Audiencia Nacional de Madrid por supuestos contratos simulados que permitieron el ingreso de recursos desde las arcas chavistas a través de valijas diplomáticas.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) investiga el desvío de 142.000 dólares que presuntamente Nicolás Maduro pagó a los fundadores de Podemos Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez, mientras que el exjefe de la Inteligencia y Contrainteligencia del chavismo, Hugo el ‘Pollo’ Carvajal, ya relató en un informe confidencial que el flujo de dinero ocurría «a través de empresas con fachada española».
Sin alusiones
Con las causas abiertas, Iglesias impulsa un asedio a la prensa que promovió, incluso, desde la tribuna del Congreso. Parado en el podio de la sede parlamentaria vociferó que en los medios se “instalan pistas para que aterricen ciertas posturas”.
Esta intervención abonó el camino para imponer la querella contra Inda, mientras competía por la presidencia de la Comunidad de Madrid en mayo del año pasado, sin sospechar que perdería frente a la dirigente del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso.
Durante la campaña, Iglesias consideró que Eduardo Inda lo perjudicó por sus dichos en El Programa de Ana Rosa, trasmitido por Tele 5, según comentó en el vídeo electoral de la tolda morada donde se cuestionaba el ejercicio de varios comunicadores sociales.
«Una gente que señala a periodistas, una gente que pide que una persona inocente como yo vaya a la cárcel, es gentuza, es chusma”, dijo Inda, quien definió a Podemos como un “partido antidemocrático, un partido financiado por dos dictaduras. Por la venezolana, que asesina a los disidentes y a la gente que no comulga con ellos. Y por la dictadura iraní, que cuelga a homosexuales por el hecho de serlo y que lapida a mujeres».
Aquello incomodó a Pablo Iglesias porque lo “acusaba falsamente de delitos gravísimos”, considerado por él una evidencia de que se trataba de una acción de “la ultraderecha mediática”.
Un error de cálculo
Iglesias se equivocó. La sentencia del tribunal indica que “las declaraciones efectuadas por el Sr. Inda, en el marco de una opinión relacionada con las conductas políticas relacionadas con una etapa reciente relativas a la supuesta percepción de fondos procedentes de Venezuela e Irán, que ha generado un gran debate no solo en el marco político sino que ha alcanzado al ámbito judicial, supone, en definitiva, que las manifestaciones vertidas por el Sr. Inda lo sean en el ejercicio de la libertad de expresión».
En cuanto al supuesto «insulto» al que hizo alusión Iglesias tras Inda recordar que su partido se financiaba desde Irán y Venezuela, forma parte de “opiniones que se expresan sobre cuestiones de interés general de un modo bronco, desabrido o hiriente que puede molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática».
Parte de la dinámica
La conclusión es clara: los partidos políticos y sus representantes «deben asumir las consecuencias derivadas de sus actuaciones», esgrime la juez de la causa, sobre todo en campaña, por ser un periodo donde «se exponen inevitable y conscientemente a un control exhaustivo de sus hechos, y aunque sin duda les asiste el derecho de proteger su reputación, incluso fuera del marco de su vida privada, los imperativos de dicha protección deben ser sopesados con los de la libre discusión de las cuestiones políticas».
Por ello, desestimó de manera “íntegra” la demanda entablada. Y para sustentar esta sentencia se cita al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que considera como “fundamental, en una sociedad democrática, defender el libre juego del debate político, que se encuentra en el centro de la noción de la sociedad democrática”.
Moncloa toma represalias
Con el fallo en escena, la Moncloa activó un cerco mediático. A pesar de que el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo y de estar ambas previstas en el artículo 20 de la Constitución española, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, retomó su política de no convocar a los medios de comunicación que muestran una línea editorial crítica con su gestión, censurando la presencia de un nutrido grupo de medios relevantes del panorama nacional.
Onda Cero, la cadena COPE, El Mundo, La Razón, ABC, Libertad Digital, Servimedia, Colpisa y The Objective han sido algunos de los medios afectados con esta medida, con la excusa de no tener aforo suficiente para ellos, según el artículo de opinión del periodista Miguel A. Rodríguez Caveda publicado este lunes en El Confidencial.
De hecho, el Partido Popular (PP) y Ciudadanos denunciaron recientemente en la Comisión Europea que el Gobierno de Sánchez ha aplicado un «veto» a diversos medios de comunicación, los cuales no han podido participar en la Moncloa en una reunión informativa sobre la gestión de los fondos europeos en un momento en el que la oposición y determinadas comunidades autónomas están alertando de que hay un reparto «arbitrario» e «injusto», según reseñó la semana pasada El Mundo.
Se trata de una línea marcada directamente por el presidente y su equipo para tratar de controlar los flujos de información y las preguntas incómodas. Y prueba de ello es que, lejos de disculparse, el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, ha reivindicado públicamente que el Gobierno puede convocar o excluir de sus actos a los medios de comunicación que desee porque los criterios de invitación “son los que establezca el convocante en cada momento”.
