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“Es necesario darles a los peruanos lo que el pueblo produce”. Con ese mensaje el presidente de Perú, Pedro Castillo, emplazó al Congreso a aprobar una ley para nacionalizar el campo de gas de Camisea en la víspera de sus primeros 100 días de gobierno. De este modo, convierte la incertidumbre económica, la turbulencia política y radicalismo izquierdista en el sello de su gestión que comienza sin esperanzas de cumplir el quinquenio en el poder.
Sus pasos desde el 28 de julio van en esa dirección. Su desaprobación aumentó cuatro puntos porcentuales entre septiembre (46 %) y octubre (50 %) y solo en Lima se ubica en 63 %. Los conflictos del gabinete, las divisiones con su partido y las contradicciones en sus discursos explican estos resultados. Cifras que evidencian como su figura cae sin frenos.
La primera ministra, Mirtha Vásquez, que entró a sustituir al polémico Guido Bellido, investigado por “apología al terrorismo”, intenta atenuar el impacto de las directrices del mandatario sobre las nacionalizaciones que vocifera. Ella presentó un plan de gobierno moderado a los legisladores en el Congreso, con el fin de obtener el voto de confianza para el gabinete que encabeza.
Sin embargo, ahí, en la plenaria, la bancada de Perú Libre le declara la guerra a Castillo por prescindir de siete ministros afectos al fundador de la tolda acusado de corrupción, Vladimir Cerrón. Argumentan que el 4 de noviembre cuando se vote a favor o en contra del tren ejecutivo lo rechazarán sin contemplaciones, por dejar a la organización sin “cuota de poder”.
Periodo de inseguridad
Castillo evita a los medios pero las pocas veces que habla, los mercados peruanos caen. Su pretensión de renegociar el contrato de explotación de gas con un consorcio liderado por Pluspetrol contrajo el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el más representativo de la bolsa local. Este cayó 0.69 % al pasar de 21,243 a 21,098 puntos. Mientras tanto, el Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocedió 0.89 % al pasar de 562.25 a 557.24 puntos.
La contracción se debe a “se van a cumplir 100 días de gobierno y no hay un rumbo claro en la conducción del país. Solo encontramos anuncios y gestos contradictorios que satanizan la inversión privada”, aseguró Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad de Minería, Petróleo y Electricidad de Perú, en entrevista con Perú 21.
Pluspetrol, que tiene como socios menores al conglomerado surcoreano SK Group, la estadounidense Hunt Oil y la española Repsol SA, explota el yacimiento de gas natural de Camisea, cuyo combustible genera casi la mitad de la energía eléctrica del país, mientras que el resto es exportado.
El gas natural de Camisea es licuado por otro consorcio llamado Perú LNG, que incluye a Royal Dutch Shell, la japonesa Marubeni Corp, SK Group y Hunt Oil. Un conflicto con las compañías llevaría a “múltiples encrucijadas que, a la larga, frustrarán las expectativas que ha despertado en el sector de la población que respaldó a Castillo y que, habitualmente, se siente marginado de las grandes decisiones políticas”, destacó el periodista Hugo Coya en El Comercio.
Mano a las tierras
Lo que plantea el comunicado no inquieta a Castillo, quien también tiene en desarrollo “la segunda reforma agraria” de Perú. El mandatario —con esta medida— agita el fantasma de la expropiación que los empresarios temieron durante la campaña electoral.
Esta iniciativa contempla la designación de un “gabinete de desarrollo agrario y rural” para gestionar “un acceso más justo a los mercados, con mejores precios”, con beneficios tributarios a las comunidades campesinas y nativas.
El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke —uno de los pocos que no responde al comunista Vladimir Cerrón y único funcionario de confianza con el mercado, al igual que el empresariado— lo respalda matizando el discurso.
“No es expropiación, sino inclusión” dice. Sin embargo, Eduardo Zegarra, jefe de gabinete de asesores del ministerio de desarrollo agrario y riego, admite que “la medida implica cambios en la política para regular las grandes extensiones de tierras pero el eje central está en la promoción”.
La iniciativa debe pasar por el Congreso y el trámite no será sencillo. Legisladores de la oposición de derecha representada por los bloques Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos y Acción Popular rechazan la propuesta.
A pesar de ello, Castillo insiste y habla de “segunda reforma agraria”, porque la primera la logró el militar nacionalista Juan Velasco Alvarado, en la dictadura 1969 y él lo reivindica. Allí, se incluyeron cambios en el régimen de titularidad de la tierra. Hay que tener memoria.
