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Pablo Medina, el periodista paraguayo asesinado el jueves 16 de octubre pasado, sufrió el mismo destino que su hermano Salvador Medina, ultimado por sicarios en 2001.
En mayo de este año, dos personas en una motocicleta siguieron y balearon a Fausto Alcaraz; y al mes siguiente a Elías Fernández dos matones le descargaron seis tiros. Todos eran periodistas radiales o de prensa escrita que investigaban los negocios ilícitos más rentables en el interior del país: el narcotráfico, el rollotráfico y el contrabando.
La libertad de expresión se mide no por todo lo que te dejan decir, sino por lo que no se te permite contar.
Si bien los paraguayos en la capital del país puedan tener la sensación de que hay una amplia libertad de prensa e incluso les extrañaría enterarse de que viven en un país “parcialmente libre” según índices internacionales, a pocos kilómetros de Asunción la percepción cambia radicalmente.
En los departamentos del norte, que hacen frontera con Brasil, hay temas y personas “conocidas” por todos pero sobre los que no se habla.
Es que la libertad de expresión se mide no por todo lo que te dejan decir, sino por lo que no se te permite contar.
Julio Colmán, exdiputado nacional y dueño de una radio en la zona donde mataron a Medina, retrata cómo se vive en la localidad de Ypehu, departamento de Canindeyú: “Ese pueblo vive con la boca cerrada; abren solamente para poder comer”.
El propio Pablo solía bromear que vivía en “la sucursal del infierno”.
Luego del macabro y cobarde asesinato de Pablo Medina, corresponsal del diario ABC Color, se celebraron marchas y manifestaciones, en las cuales el reclamo ubicuo fue en contra de un “Estado ausente” en las zonas de frontera.
Pero por más inoportuno y antipático que caiga hacer análisis político en este momento, lo cierto es que Pablo, Salvador, Fausto, Elías y muchos de los 16 periodistas asesinados desde la transición democrática seguirían vivos si no estuviese tan presente el enorme, costoso e ineficiente programa estatal de guerra contra las drogas.
El narcotráfico necesita del Estado
Paraguay es el eje sobre el cual gira el Narcosur, el bloque de producción de drogas ilegales más grande del mundo según una investigación de la revista brasileña Extra. El país provee de marihuana a prácticamente todo el Cono Sur, y por su territorio pasan otras sustancias ilegales —como la cocaína o efedrina— con destino a Brasil, Argentina y Bolivia, y de ahí a otros continentes.
Es simplemente imposible que estas actividades gigantescas sucedan sin la bendición y participación de cada uno de los brazos del Estado paraguayo.
La droga en la frontera necesita transportarse por aire o tierra. ¿Quién controla las rutas y el espacio aéreo? La policía y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), dependientes de ministerios del Ejecutivo.
¿Quién impide investigaciones, cierra expedientes, desvincula a personas o absuelve a acusados? Los agentes de la Justicia en la zona, fiscales y jueces.
¿Quién aprueba leyes, protege políticamente a los jueces e intercambia favores para favorecer a los narcos? Los Honorables Diputados y Senadores de la Nación.
No contentos con comprar poder político, las organizaciones criminales que dominan el tráfico de drogas en la frontera brasileña, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), ahora directamente financian y ponen a subordinados y sus familiares en cargos claves de la política local y nacional.
El principal sospechoso del asesinato de Pablo es nada menos que el intendente de Ypehu, Vilmar Acosta, en cuya camioneta se encontró marihuana y quien se encuentra prófugo de la justicia. Quien estaría encubriendo y posibilitando la fuga de Acosta sería la diputada nacional del partido gobernante Cristina Villalba, que ostenta el apodo poco sutil de “La reina del norte“. Para completar, Villalba es la diputada predilecta del presidente de la República, Horacio Cartes.
¿El “Estado ausente” mató a Pablo? Como lo sintetizó la pluma perspicaz de Rosendo Duarte, “a Pablo Medina lo ejecutaron los narcos, pero quien propició su muerte” —con la absurda prohibición que genera enormes ganancias, el monopolio de la justicia y el poder, la complicidad y la omisión— “fue el propio Estado”.
