Otro nuevo escándalo de corrupción embarga al Gobierno de Michelle Bachelet; exigen la salida definitiva de su administrador en la Presidencia, Crisitián Riquelme, porque empresas ligadas a él facturaron al Estado más de $400 millones (US$ 577.000) durante tres años.
La denuncia apunta a dos sociedades formadas por Riquelme que acumulan $417 millones pagados desde organismos públicos. La mayoría es por insumos clínicos vendidos a la Red de Salud del Estado; un proceso sin licitación o concurso público.
Un reportaje titulado “Los millonarios negocios con el Estado de las empresas que creó Cristián Riquelme” publicado por Ciper, establece que dos empresas que el administrador formó durante 2013 y 2015 se beneficiaron con 39 órdenes de compra.
[adrotate group=”7″]La investigación asegura que aunque Riquelme se retiró de ambas empresas durante 2014, su esposa Ada Álvarez controla una de estas sociedades, conocida como Socoar; mientras que la segunda, Greentec, quedó en manos de un exsocio, David Arévalo Lucabech, quien fue jefe de adquisiciones de la Presidencia en el anterior Gobierno de Bachelet. El portal web agrega que ambas empresas tienen como dirección el departamento particular de Riquelme.
De acuerdo con lo publicado en Ciper, “el primer beneficio lo obtuvo en enero de 2015, cuando el Hospital Augusto Essmann Burgos le transfirió CHI$1,2 millones por 20 sillas de ruedas estándar”; también proveyó de sillas de ruedas al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).
En junio de 2015 el hospital Claudio Vicuña firmó una orden de compra de CHI$9,2 millones por cinco catres clínicos eléctricos; y en noviembre del mismo año el Servicio de Salud de Iquique transfirió otros CHI$8,3 millones por 40 veladores para pacientes.
Lo mismo sucedió en el Hospital San José, el cual emitió dos órdenes de compra por un total de CHI$88 millones por 20 catres clínicos.
El Hospital San Juan de Dios de Los Andes pagó CHI$11 millones en noviembre de 2015 por seis catres clínicos, mientras que el Hospital de Valdivia canceló otros CHI$14,6 millones en diciembre por el arriendo durante un mes de siete monitores de signos vitales.
Parlamentarios de ese país aseguran que es necesario que Cristián Riquelme cese sus funciones como jefe administrativo de La Moneda, pues su estadía en el Ejecutivo “perjudica la imagen del Gobierno” de Bachelet. Además informaron la creación de una comisión investigadora si la presidenta chilena no lo remueve de su cargo.
“El Gobierno debe alejarlo de sus funciones. Estos nuevos antecedentes por sí solos hacen insostenible su situación (…) Son hechos bastante graves; aparentemente hay una negociación incompatible”, aseveró el diputado Gabriel Silber.
Juan Luis Castro, diputado socialista, agregó que es necesaria una “decisión soberana, clara y enérgica de La Moneda, pero no seguir perpetuando el costo político de mantener a Riquelme en el Palacio”.
Gestión de Riquelme, “bien evaluada”
El pasado viernes 12 de febrero, el Gobierno chileno, en la vocería de Osvaldo Soto, aseveró que Cristián Riquelme “está siendo bien evaluado”; esto a raíz de que surgieran una serie de cuestionamientos al administrador de La Moneda.
El jueves 11 de febrero Riquelme había omitido de su declaración de patrimonio más de CHI$570 millones (US$789 mil) en propiedades; debió incluir tal información a última hora, ante las críticas provenientes del propio Gobierno.
No hay que olvidar que ha sido criticado por la autorización de US$40 millones para la elaboración de un documental sobre la presidenta chilena.
Además el administrador ha sido vinculado al reconocido caso Caval, y también ha sido cuestionado por no supervisar el computador de Sebastián Dávalos, una vez que el hijo de la presidenta Michelle Bachelet renunciara a su cargo de director Sociocultural de la Presidencia tras estar asociado a casos de corrupción.
El caso Caval es un escándalo político y un caso judicial chileno referido a un presunto tráfico de influencias ejercido por el hijo de Bachelet, quien habría ayudado a la obtención de un crédito por más de US$10 millones, que finalmente fue aprobado días antes que su madre ganara la elección presidencial, y que habría sido utilizado para comprar un terreno cuyo suelo era de uso agrícola.