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¿Recuerdan ustedes frase de Fraga, diciendo que “la calle es mía”, dando a entender que era el Estado quien debía asegurar la paz y la convivencia en las calles, y que tan denostada fue por la izquierda…?
Pues en esas estamos en España.
Ahora “la calle es de los secuaces de Podemos y de los partidos separatistas, los tonton macoutes” del cambio de régimen.
Así empezó la guerra civil, con una situación de dominio de las calles por las izquierdas, pasando por la quema de iglesias y conventos (por desgracia, todo llegará), “las sacas” de personas de derechas, de orden, de sus casas, camino del asesinato en cualquier descampado, etc.
El ministro del Interior, mientras tanto, sigue callado como una puta… Para ser exactos, creo que hoy ha dicho que respeta el trabajo de la policía, o algo así. Pero nada más.
Vista la total impotencia de la Policía nacional para hacerse cargo de la situación, y la existencia de unidades de intervención rápida de la guardia civil, ¿por qué no se da orden de que intervengan también…?
Los españoles pagamos numerosos impuestos, entre otras razones para poder salir de casa tranquilos, que cualquier maleante no le pegue fuego a nuestra vivienda o coche, si tenemos la desgracia de tenerlo aparcado en la vía pública, que nuestros hijos, mayores y menores de edad, pueden volver tranquilos a su casa, con su familia que les quiere, etc.
Vistas y oídas las declaraciones de altos dirigentes de Podemos —partido en el gobierno, dicho sea de paso—, incitando a la violencia, o quejándose de la actuación, meramente defensiva de la policía, que al parecer tienen la “obligación” de dejarse pegar, e incluso asesinar, sin mover un dedo, uno se pregunta en manos de quiénes estamos…
Y el presidente del gobierno y su partido, y no me refiero al PSOE de siempre, sino al “partido sanchista”, que ha configurado en torno a sí mismo, como abeja reina de la colmena de chupones de la rica miel de los presupuestos generales del Estado, sigue pasando de todo, como si la violencia no fuera con él, y el gobierno no tuviera el deber, jurídico y moral, de asegurar la convivencia ciudadana, y la paz social.
Habida cuenta de que es casi imposible conseguir un permiso de armas, y que tampoco vamos a andar por las calles con la pistola en el bolsillo, o en la guantera del coche, parece evidente que es el Estado quien tiene el deber jurídico de protegernos, de forma que la calle sea un lugar de tránsito pacífico, de personas de bien.
¿Y los radicales, perroflautas, podemitas y separatistas…? Pues deben ser identificados, sancionados o detenidos, puestos a disposición judicial, etc.
Como se hace en cualquier Estado de derecho.
Pero, por lo visto, España ya ha dejado de ser un Estado de derecho…, si es que alguna vez ha llegado a serlo.
Como me decía un amigo, fiscal: “No vivimos en un Estado de derecho, vamos hacia un Estado de derecho, que no es lo mismo”.
Y yo le contestaba, con socarronería aragonesa: “Manuel, no vamos hacia un Estado de derecho, vamos hacia un Estado de deshecho”.
Y en ello estamos.
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