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Se le vienen complicando las cosas al senador Iván Cepeda en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe, debido a las decisiones tomadas recientemente por la Fiscalía General de la Nación, con seis órdenes de policía judicial con las que el fiscal delegado Gabriel Jaimes Durán busca esclarecer todo lo que ha ocurrido en torno al proceso en el que Uribe y Cepeda se acusan mutuamente de manipular falsos testigos.
El medio independiente El Expediente, menciona como en su poder están las ordenes de policía judicial del caso, la primera de las seis es la (OPJ 0 11 2020):
“fechada el 4 de noviembre de 2020. En ella se imparten 28 órdenes especificas entre las que llaman la atención la solicitud a la Procuraduría General de la Nación para que entregue copia de todas las actuaciones procesales contra Iván Cepeda por cuenta de sus visitas a distintas cárceles del país. En esa misma OPJ también se solicita revisar los procesos judiciales en contra de los testigos Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, así como las propiedades a su nombre y a nombre de la esposa de Monsalve, Deyanira Gómez”.
Pero el avance de las indagaciones no termina ahí, se sigue complicando para Cepeda, relata El Expediente:
“El 21 de enero de 2021 el fiscal Gabriel Jaimes le solicitó al grupo de policía judicial de la Fiscalía General de la Nación adscrito ante la Corte Suprema la revisión de siete SIM card que pertenecían a Juan Guillermo Monsalve. Pide la Fiscalía extraer mensajes de texto, chats, registro de llamadas y libreta de contactos de esos medios de comunicación”.
El año pasado las cosas parecían favorables a Cepeda
En agosto del año pasado la Corte Suprema de Colombia ordenó el arresto domiciliario del expresidente por supuesto «riesgos de obstrucción a la justicia».
El trabajo no solo jurídico, sino las fuertes presiones mediáticas, mostraban que Cepeda llevaba la delantera del caso.
Sin embargo, desde la renuncia del exsenador y el paso del expediente a la Fiscalía a finales del año pasado, las cosas vienen cambiando.
Es de resaltar que personalidades de la farándula, en redes, empujaron muy fuerte desde lo cultural, las decisiones que pudo tomar la Corte en su momento.
Un caso muy conocido fue el del video de una empleada de Bancolombia que con fuertes frases se alegraba del arresto domiciliario al exsenador Uribe. La avalancha mediática empujada por las izquierdas pretendió golpear con contundencia la imagen del expresidente.
Se genero un juicio público, mediático, en el que Cepeda en bloque con ONGs que siempre han sido aliadas de sus causas, aparecían todos los días en titulares, pidiendo a gritos cárcel para Uribe.
La JEP sale en rescate de Cepeda
Uribe denunció en su cuenta de Twitter a esas ONGs que siempre han jugado a favor de las pretensiones de Cepeda en diversos casos de orden nacional, pero en este caso, según el exsenador, las menciona como:
Respuesta a la JEP pic.twitter.com/lbDOjFllnw
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 18, 2021
Según señala el exsenador, estas son las organizaciones que sustentan el informe de la JEP sobre falsos positivos de esta semana, que desacreditan a las fuerzas militares, el periodo de Gobierno de Álvaro Uribe y, por supuesto, la política de seguridad democrática.
Con las decisiones de la Fiscalía que claramente están obrando en derecho, el aparato mediático tuvo que publicitar el beneficio del caso hacia Uribe, se necesitaba que la balanza se moviera otra vez hacia Cepeda, y apareció el agigantamiento ideológico de los casos de falsos positivos. Curioso.
El pulso sigue, pero lo que si es cierto es que estas ONGs son especialistas en guerra judicial y, casi que más importante, guerra mediática y cultural.
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