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La democracia consiste, fundamentalmente, en la realización de elecciones periódicas en las que partidos y movimientos políticos se disputan el derecho a gobernar con base en ideas, propuestas y programas sometidos a consideración de los votantes. Los derrotados aceptan el dictamen de las urnas y esperan tener su oportunidad de gobernar – con sus ideas, propuestas y programas – en las próximas votaciones. En el intervalo, ejercen el derecho de oponerse a los ganadores mediante los mecanismos que la democracia tiene para ello: la oposición parlamentaria y el debate público. Esto es el estado de derecho.
No es acatar la democracia ni ser respetuoso del estado de derecho pretender imponer las propuestas rechazadas en las urnas mediante la acción directa en las calles, la subversión armada o las decisiones judiciales.
Antes de que se declarara la pandemia, la democracia y el estado de derecho estaban bajo ataque por la acción directa en las calles promovida por las organizaciones agrupadas en el llamado Comité Nacional de Paro. El carácter político y sedicioso de ese movimiento se pone en evidencia en las más de cien peticiones que dicho comité pretendía imponer al Gobierno nacional bajo el chantaje de la violencia callejera. La casi totalidad de esas peticiones no son otra cosa que las propuestas y programas rechazadas en la elección presidencial de 2018. Aceptarlas es desconocer el resultado de esas votaciones, derogando al mismo tiempo la democracia y el estado de derecho. Ya la Fecode, que es la punta de lanza de ese movimiento sedicioso, está anunciando y planeando su retorno a las calles.
La ofensiva armada contra la democracia y el estado de derecho no se detuvo nunca después de la firma del Acuerdo de La Habana. Permanecieron en las armas el ELN y otras organizaciones criminales y los antiguos militantes de las Farc se reagruparon en las mal llamadas “disidencias”. Ojalá que el ministro de Defensa, ocupado en purgar generales para complacer a la prensa y a los políticos de izquierda, haya tenido tiempo de percatarse de que se viene una gran ofensiva de parte de esas organizaciones, rearmadas por la dictadura de Venezuela y cuyo pie de fuerza se ha incrementado mediante el reclutamiento forzoso, denunciado persistentemente por el procurador general.
Finalmente, está la ofensiva jurídica emprendida por un grupo de abogados y economistas que pretenden tumbar la totalidad de las disposiciones tributarias aprobadas por el Congreso durante 30 años de democracia. No imagino que esta ofensiva esté coordinada de ninguna forma con las dos anteriores, pero es coincidente en las ideas y en el desafortunado momento elegido para emprenderla.
El carácter ideológico y político de la demanda deriva de su fundamento mismo, cual es la idea de que la política tributaria debe propender por la igualación de las rentas monetarias y no por la reducción de la pobreza y la reducción de la desigualdad en el consumo, posición esta última también compatible con el ordenamiento constitucional. Es contrario a la democracia y al estado de derecho pretender imponer una visión política particular por la vía de una decisión judicial y no, como debe ser, por una decisión en las urnas.
Ocupado como está enfrentando la pandemia, de forma por lo demás exitosa, el Gobierno nacional no puede descuidar estos frentes de ataque contra las instituciones, en particular el de la acción callejera y el de la insurrección armada. Sobre los ministros de defensa, gobierno y justicia, en particular, recae la responsabilidad de tener preparado el país contra esas ofensivas.
Sería una afrenta para todos los ciudadanos, que han soportado una tremenda cuarentena que acabó con el empleo y el patrimonio de millones, que el Gobierno permitiera las movilizaciones callejeras anunciadas por la Fecode, que pueden dar lugar a un rebrote de la COVID-19, echando por el suelo los esfuerzos y los sacrificios de la sociedad para contenerlo. Si el Gobierno permite esas movilizaciones, estaría dando el mensaje de que la cuarentena, con sus dolorosas secuelas, era innecesaria.
Personalmente me sentiría profundamente decepcionado de un Gobierno que no vacila en imponer duras restricciones a los ciudadanos de bien, a nombre de la salud pública; pero que flaquea frente a los que recurren a la acción callejera directa, el chantaje y la violencia, poniendo en riesgo la salud pública.
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