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Se cumple un año del ataque contra las sedes de los Tres Poderes de Brasilia, pero no quiere decir que las irregularidades alrededor del caso terminaron. Por el contrario, pasados 12 meses de aquel incidente que puso los ojos del mundo sobre el entonces recién estrenado gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, se vuelve necesario repasar en qué situación están los procedimientos del Supremo Tribunal Federal (STF) y por qué algunas averiguaciones de hombres cercanos al actual mandatario, parecen haberse diluido con el tiempo.
El expresidente Jair Bolsonaro fue el gran señalado como culpable por aquel episodio. La izquierda brasileña argumentó que sus simpatizantes violentaron dichas instalaciones. Y para que esa acusación, de naturaleza partidista, no quede en el olvido, este 8 de enero Lula da Silva la volvió a repetirla tildando a Bolsonaro de “ser responsable directo” con la intención de “desmoralizar a todas las instituciones posibles”.
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Bolsonaro había salido del país el 30 de diciembre de 2022, dos días antes de entregar el mando. Sin embargo, se abrió una investigación por supuestamente haber incitado “el intento de golpe de Estado”. En paralelo, varias personas quedaron detenidas. Hasta septiembre pasado dos fueron condenadas a 17 y 14 años de cárcel por tentativa de golpe. En otras palabras, el episodio del ataque contra las sedes de los tres poderes públicos en Brasil se convirtió en una mancha para las páginas de su historia. Pero aún quedan muchos cabos sueltos.
¿Qué pasó con las grabaciones?
Hay dos nombres relevantes en este asunto: el de Flávio Dino, ministro de Justicia y Seguridad Pública y Marco Edson Gonçalves Dias, el hombre a cargo de la seguridad presidencial y quien dimitió a raíz de imágenes suyas que se filtraron y en las que se le veía guiando a los manifestantes dentro de las instalaciones del palacio presidencial.
Ambos fueron advertidos el 6 de enero de 2023 por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) sobre la posibilidad de acciones violentas en los actos del 8 de enero. Sin embargo, dicen que no fueron notificados. Pero registros a los que accedió Folha de S.Paulo demuestran que sí hubo repetidas advertencias previas. ¿Qué pasó y por qué no se reforzó el operativo de seguridad que estaba a cargo del gobierno de Lula da Silva?
Por otro lado, Flávio Dino dio una sospechosa explicación sobre imágenes del circuito de cámaras. En agosto pasado dijo que estas fueron borradas debido a un “problema contractual”. Según él, la empresa que se encargó de las grabaciones no estaba obligada a conservar las imágenes durante mucho tiempo. Pero meses antes aseveró que no podían compartirse porque ya estaban “bajo investigación criminal”. Como resultado, dio dos excusas poco creíbles y eso provocó que el diputado federal Bibo Nunes presentara una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).
¿Los agentes de seguridad ayudaron?
De las imágenes que sí trascendieron de cámaras del Ministerio de Justicia, fue posible observar cómo no hubo impedimento de parte de agentes de seguridad por frenar la entrada de personas a los edificios. Tal como repasa Gaceta do Povo, “aproximadamente una hora después de las invasiones de edificios públicos, que comenzaron alrededor de las 15:00 horas del 8 de enero, hombres de la Fuerza Nacional circulaban tranquilamente por la recepción”.
Aquí es donde sale a relucir el nombre de Adriano Machado, fotoperiodista de la agencia Reuters, ya que este relató cómo al llegar a la Explanada de los ministerios, vio a agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública concentrados en el estacionamiento del Ministerio de Justicia sin actuar a pesar de que la invasión a los edificios había comenzado. Casualidad o no, fue la misma actitud que tuvieron militares y otros empleados dentro del palacio presidencial de Planalto, las imágenes lo demuestran.
De cualquier manera, las versiones sobre presuntos infiltrados en la manifestación que rechazó la elección de Lula da Silva, tampoco fue tomada en cuenta. La Revista Oeste publicó que simpatizantes de la izquierda brasilera participaron en las protestas. Aún así, la justicia parece haber enterrado esta sospecha.
¿Se están violando principios constitucionales?
Este principio básico del Derecho Penal establece que una persona “sólo puede ser acusada y juzgada por los delitos específicos que ha cometido”. Pero desde la Fiscalía dicen que “no tienen que describir la conducta de cada uno de los ejecutores de el acto delictivo, sino el resultado de los actos realizados por la turba”. Algo con lo que no están de acuerdo los abogados de las personas procesadas.
Además, diarios brasileños citan audiencias retrasadas y la orden a los jueces que les impide la posibilidad de liberar personas. El portal Gaceta do Povo también menciona que algunos de los acusados ”fueron condenados sin que hubiera pruebas de que hubieran destrozado bienes públicos”. Todo eso no sería más que la violación de garantías constitucionales.
En resumen, el episodio del asalto a los poderes públicos sirvió inicialmente para que Lula da Silva capitalizara apoyo internacional y radicalizara su discurso. Ese fue el punto de partida de su tercer mandato. No obstante, mientras él gobierna hay dudas que todavía merecen respuestas.
