¿Se derrumbó el empeño de la justicia brasileña por responsabilizar al expresidente Jair Bolsonaro respecto a los ataques contra las sedes de poderes públicos el pasado 8 de enero? Las recientes revelaciones podrían responder a eso. Más de 160 horas de grabación difundidas este 19 de abril por CNN Brasil muestran cómo efectivos policiales —y el propio primer ministro del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), general Marco Edson Gonçalves Dias, elegido por Luiz Inácio Lula da Silva— permitieron y hasta alentaron la entrada de personas que destrozaron instalaciones del Palacio del Planalto.
Por ende, la política brasileña vive actualmente un terremoto político. La oposición exige respuestas, mientras que el GSI difundió un comunicado para desmarcarse y explicar que “la conducta de los agentes públicos involucrados está siendo investigada”.
Pero el asunto no es tan sencillo. Los videos de las 22 cámaras del circuito cerrado de Planalto muestran al primer ministro dentro del edificio junto a militares y otros empleados del Gabinete. Estos facilitaron la entrada de personas sin ponerles ningún impedimento.
El ministro de Lula
Las extensas grabaciones permiten ver las decisiones que tomaron efectivos de seguridad en los accesos a la plaza de los Tres Poderes, así como dentro y fuera de la sede presidencial. No hubo barreras de contención, por el contrario, los policías se mantenían alejados de las personas que iban ingresando. Una vez en el edificio, se les ve orientando a grupos ataviados con banderas de Brasil para que tomen los ascensores.
Las personas rompieron vidrios, mesas y otros objetos. Los miembros del GSI hasta saludaron y les entregaron botellas de agua. Por ende, hay mucho para investigar. Respecto al primer ministro Gonçalves Dias, este aparece caminando solo por el tercer piso del Palacio, donde se ubica la oficina del Presidente. Luego, se le ve acompañando a los invasores. Una conducta sospechosa para un hombre elegido por el actual mandatario, con el objetivo de coordinar el área de inteligencia del Gobierno.
El hecho violento a inicios de año desencadenó una persecución contra civiles y funcionarios como Anderson Torres, exministro de Justicia en el gobierno de Bolsonaro. La justicia del país, y especialmente el magistrado Alexandre de Moraes, estaban enfocados en responsabilizar el expresidente, quien en ese momento se encontraba en Estados Unidos.
Diputados citan a Gonçalves Dias
El asalto a los poderes en Brasil provocó que Lula da Silva se radicalizara al decretar la intervención del Distrito Federal, también recibió el apoyo de líderes mundiales. Lo que logró tal evento fue mayor condescendencia internacional para el referente del Partido de los Trabajadores por parte de sus pares con afinidad idelógicos y a su vez, calmó los ánimos en medio de un ambiente complicado para una gestión que apenas se estaba instalando.
Es decir, el mandatario respiró cuando iba a comenzar un gobierno que adicionalmente tiene la mayoría del Congreso en su contra. Mágicamente se le allanó el camino para que avanzara sin otras manifestaciones y que seguidores del expresidente Bolsonaro, se replicaran en mayor medida.
En efecto, falta que las investigaciones aclaren por qué el hombre a cargo de su seguridad personal permitió tales agresiones contra sedes de poderes públicos. Mientras tanto, Lula da Silva no se ha pronunciado, pero la oposición presiona para suspender las sesiones en la Cámara de Diputados y frenar los avances de la comisión creada especialmente para averiguar las causas del ataque del 8 de enero.
Por ahora, la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó la citación del ministro Gonçalves Dias para que rinda cuentas.