Si hay un estado de la Unión Americana donde la ideología de género ha logrado mayor avance es California. Su gobernador, Gavin Newsom, es uno de los mayores portadores de esta bandera, al punto que el año pasado firmó una ley para convertirlo en un “santuario” de cirugías de género y tratamientos hormonales para menores que no consiguieran hacerlo en otros estados.
Esta vez, el fiscal general de California, Rob Bonta, decidió demandar a la junta de tendencia conservadora del distrito escolar Chino Valley debido a que había acordado que los padres deben ser informados en caso de que su hijo se identifique como transgénero. Para el funcionario es sinónimo de una “política de salida forzada” porque “pone en peligro injustamente el bienestar físico, mental y emocional de los estudiantes”.
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Los reclamos no se hicieron esperar. Desde la junta del distrito escolar aseguran que la medida protege el derecho de los padres sobre sus hijos menores de edad. En efecto, estos poseen el derecho constitucional de dirigir la crianza de sus hijos. Sin embargo, California sienta el precedente para cambiar esta norma y desplazar el rol de la familia.
La agenda del fiscal en California
El fiscal Bonta llama “discriminar de manera injusta e inconstitucional y violar los derechos de privacidad de los estudiantes LGBTQ+” el hecho de que los padres sean informados cuando su hijo quiera usar un pronombre distinto a su género biológico. Una contradicción ética y moral si se tiene en cuenta que para comprar alcohol en Estados Unidos es necesario demostrar ser mayor de edad. Es decir, en California los menores no pueden comprar bebidas, pero sí se les permite ocultar a sus familias cuando se identifiquen con el sexo contrario.
La demanda contra la junta escolar, que representa a más de 26000 estudiantes, también conllevaría a que los niños dejen de contar con la guía de sus padres en momentos cuando psicológicamente lo puedan estar necesitando. Sin embargo, esta acción legal no es lo más alarmante respecto al riesgo que existe para la crianza familiar en California.
Gavin Newsom tiene más cartas bajo la manga. Se trata de normas que van en dirección contraria a las de Florida, por ejemplo, donde el gobernador Ron DeSantis ha firmado leyes que destierran la ideología de género al prohibir la mutilación genital en menores o protegiéndolos de espectáculos sexualmente explícitos. Tampoco es casualidad que el fiscal general de California decida activar una demanda. En sus objetivos estaría postularse para gobernador en 2026, siguiendo así los pasos de Newsom. Para Sonja Shaw, presidente de la junta escolar, se trata de una “extralimitación del gobierno” y represalias contra una medida de sentido común.
El polémico proyecto de ley 957
Respecto al resto de planes para seguir dándole cabida a la agenda progresista en California, destaca que la Asamblea estadal promueve el proyecto de ley 957, según el cual se podría considerar abuso infantil si los padres no reafirman el género con el que se identifican sus hijos. Ya hay testimonios de personas que han recibido en sus puertas a las autoridades por no llamar a sus hijos por pronombres contrarios a su género biológico.
Una columna publicada recientemente por The Telegraph ilustra un ejemplo de lo que podría ocurrir: “Imagina que tienes un hijo de ocho años que dice ser una niña y se vuelve obsesivo. Quizás esté en el espectro autista, traumatizado debido a algo que sucedió en la escuela y que tú desconoces, o atravesando una crisis de salud mental de algún tipo. Por temor a la ley, podrías verte obligado a comenzar a llamarlo ‘ella’, junto con el nombre de niña que elija”.
Aún así, en California parece ser más importante la exigencia por cumplir una agenda ideológica que considerar cada caso en el marco de una decisión tan trascendental para un menor de edad.