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El gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva sigue tomando decisiones polémicas. Esta vez, modificando herramientas que garantizan mayor accesibilidad a los recursos del Estado. En este caso en particular, el gobierno socialista sugiere utilizar la tarjeta corporativa para añadir otras posibilidades de pago, como obras sin que estas pasen por licitación.
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La herramienta fue creada en el año 2001 y utilizada por los distintos gobiernos de Brasil. Es esencia, sirve para gastos ocasionales en los que no se puede incurrir a través de procesos regulares, por ejemplo: transferencias o licitaciones bancarias. Funciona a partir de que un gerente responsable de la gestión del gasto de cada organismo del Gobierno entrega una tarjeta corporativa a los empleados que necesitan realizar gastos en sus actividades, tal como explica el portal Jota. En consecuencia, es usada para compras pequeñas, viáticos y gastos confidenciales.
Pero con Lula da Silva al mando las cosas podrían cambiar. Debido a la entrada en vigencia el próximo 31 de marzo de la Nueva Ley de Licitaciones, el gobierno del socialista abrió una consulta pública para modificar las reglas del juego. Lo que busca, es que la tarjeta pueda usarse para “los gastos con las micro y pequeñas empresas, además de hacer ‘contratos, por renuncia de licitación y por inexigibilidad, obras y servicios de ingeniería o servicios de mantenimiento de vehículos de motor hasta el valor de $ 100 mil, o para otros servicios y compras hasta el valor de $ 50 mil”, dijo el gobierno en un comunicado enviado al portal g1.
El problema, es que Lula da Silva viene precedido por un expediente donde de por sí reposa una condena por corrupción.
Riesgo de descontrol
Abrir de esta manera el abanico de gastos para una tarjeta en manos de empleados públicos es un riesgo a todas luces. La directora de proyectos de la ONG Transparencia Brasil, Marina Atoji, coincide con esa conclusión. “Si bien es una forma de agilizar el proceso de este tipo de compras públicas y darle al gobierno condiciones más parecidas a las del sector privado, parece aumentar el riesgo de descontrol. Sobre todo porque no se indican los criterios sobre quién puede portar y utilizar la tarjeta en estas situaciones”, explica.
Parte de la solución pasa por mejorar las reglas de la transparencia de gastos. Sin embargo, otro factor es el carácter inherente al actual mandatario socialista con una condena anulada por tecnicismos de la justicia brasileña, mas no porque se haya determinado su inocencia. Pasó 580 días en la cárcel por la llamada Operación Lava Jato de la que resultó culpable por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
El propio Lula da Silva admitió en agosto del año pasado la corrupción en sus dos gobiernos anteriores. “Uno no puede decir que no hubo corrupción si las personas confesaron”, dijo en ese momento a TV Globo. Como resultado, que amplíe las opciones de gasto en una tarjeta que toma recursos del Estado, sobre todo en relación a obras sin licitación, levanta sospechas.
