Nuevamente el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, sale a escena para emitir otra de sus arbitrarias órdenes en nombre de la justicia. Las víctimas serían personas involucradas en las protestas en Brasil, las cuales continúan pidiendo rendición de cuentas a las autoridades electorales por las presuntas irregularidades en los resultados de las elecciones presidenciales en las que Luiz Inácio Lula da Silva resultó vencedor por un estrecho margen sobre el actual presidente Jair Bolsonaro.
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Esta vez, de Moraes ordenó el bloqueo de 43 cuentas bancarias de personas físicas y jurídicas “dada la posibilidad de utilizar recursos para financiar actos ilegales y antidemocráticos”. Según el juez del máximo tribunal, su decisión es “necesaria, adecuada y urgente”. A la medida también le sumó una petición a la Policía Federal para que recolecte testimonios de las empresas y personas citadas en un plazo de 10 días para seguir investigándolas, según reseñó Diario do Nordeste.
De esta manera, el también presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) emula decisiones de carácter autoritario que ya se han registrado en el continente. Tal como comentaba la Fundación para la Educación Económica, en marzo de este año —cuando en Canadá el primer ministro Justin Trudeau tomó represalias contra las protestas de camioneros— el objetivo no era otro que “cortar a los manifestantes el dinero y evitar que la gente financie una causa que al gobierno no le gusta”.
Se denomina «censura financiera». Es decir, cuando existen alianzas o presiones desde gobiernos “para aplastar a los disidentes y los discursos desfavorables”, explicó entonces la fundación. “Si eso suena muy autoritario, es porque lo es”.
O Min. Alexandre de Moraes determinou o bloqueio bancário de 42 empresas do MT que seguiram em comboio para participar de atos em Brasília. pic.twitter.com/HXi3rH5zMy
— Advogados de Direita Brasil®️ (@movadvdireitabr) November 17, 2022
Polémicas órdenes judiciales
Adicional a la orden de ahogar financieramente a las personas que participan en las protestas, el magistrado también mencionó el desplazamiento de 115 camiones del Ejército, que habrían sido utilizados para reforzar “actos antidemocráticos”.
Con las siguientes palabras, justició sus nuevas decisiones:
“El desplazamiento inauténtico y coordinado de camiones a Brasilia/DF, para una reunión ilícita en las inmediaciones del Cuartel General del Ejército, con el objetivo de quebrantar el orden constitucional -incluyendo pedidos de ‘intervención federal’, mediante una interpretación absurda del artículo 142 de la Constitución Federal- puede configurar el delito de Abolición Violenta del Estado Democrático de Derecho”.
Sin embargo, Alexandre de Moraes acumula una serie de decisiones enfocadas en la censura y la persecución que apuntan más a la necesidad de acallar las críticas y no de respetar el orden constitucional que cita. Varios voceros y diputados simpatizantes del presidente Bolsonaro quedaron silenciados en Twitter por imposición del sistema judicial, se prohibió el uso de ciertos adjetivos para referirse a Lula da Silva durante la campaña como “ladrón”, “corrupto” y “exconvicto”, a pesar de haber estado condenado por corrupción, y luego de anunciados los resultados del balotaje, se exigió a las autoridades identificar y recopilar datos de los ciudadanos que salieran a las calles a manifestar su descontento contra los resultados.
Prohibido cuestionar el resultado
Si bien el presidente Jair Bolsonaro autorizó el inicio de la transición y no ha presentado formalmente una solicitud de impugnación, su organización política, el Partido Liberal (PL), anunció este martes que pedirá la anulación de las elecciones por considerar que «no es posible validar los resultados generados en todas las máquinas de votación electrónica» que corresponden con los modelos 2009, 2010, 2011, 2013 y 2015, coincidiendo en su observación con el informe técnico presentado por el grupo Brazil Was Stolen.
Adicionalmente, el Ministerio de Defensa divulgó la semana pasada un comunicado en el que «aclara que el trabajo preciso del equipo de técnicos militares en la inspección al sistema de votación electrónica, si bien no lo señaló, tampoco excluyó la posibilidad de la existencia de fraude o inconsistencia en las máquinas de votación electrónica en el proceso electoral de 2022», el cual fue entregado el miércoles pasado al Tribunal Superior Electoral (TSE).
Si hay algo de cierto o no en estas denuncias, las dudas se despejarían permitiendo investigaciones y auditorías como las recomendadas por el Ministerio de Defensa en su informe. Pero Alexandre de Moraes simplemente ha prohibido cuestionar el resultado y ha desplegado una persecución judicial de distintas maneras a quien se atrevan a hacer alguna insinuación respecto a presuntas irregularidades en las elecciones en Brasil. Ni el ministro de Defensa se salva.
Impeachment contra el ministro de Defensa
En paralelo a la persecución judicial en Brasil y a la orden del bloqueo de cuentas bancarias, también trascendió que el STF designó al magistrado André Mendonça para llevar adelante el pedido de impeachment contra el ministro de la Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, tal como ya lo había sugerido de Moraes.
Nogueira quedó en el ojo del huracán por la posición de la institución castrense frente al resultado de las elecciones. Al emitir un comunicado en el que “no excluye la posibilidad de fraude”, el máximo tribunal –de mayoría de jueces izquierdistas– apuntó de inmediato al ministro de Defensa. Según un grupo de abogados que hizo la solicitud de juicio político, las conclusiones del informe desataron “varias protestas golpistas en todo el país”.
El texto replicado por Gazeta Brasil también señala que el Ministerio de Defensa y parte de los militares comenzaron a “subsidiar esas declaraciones fantasiosas”. Con estos argumentos, el STF ahora va contra el jefe de la cartera de Defensa en Brasil, llevando a otro nivel la persecución judicial desatada luego de las elecciones.