Estados Unidos anunció que extendió por un año más el decreto que califica a la dictadura de Nicolás Maduro como “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”. Una decisión que había sido emitida por primera vez desde el año 2015.
El texto difundido por la Casa Blanca recordó que la declaración de emergencia nacional respecto a Venezuela de aquel año incluyó “la erosión de las garantías de los derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela, la persecución de los opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones y abusos de los derechos humanos en respuesta a las protestas antigubernamentales”, entre otros delitos cometidos por el régimen chavista.
Siete años después las cosas no han cambiado, así lo aseguró el Gobierno de Joe Biden. Las circunstancias “continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria”.
Es una decisión que se da en un contexto complicado para Nicolás Maduro. Hace pocos días reiteró su apoyo al Gobierno ruso de Vladimir Putin a propósito de una llamada telefónica entre ambos para «aumentar la asociación estratégica». En este sentido, analistas han advertido el costo que eso tendrá para el dictador venezolano ya que como bien se sabe, el Kremlin está recibiendo fuertes sanciones por la masacre cometida en Ucrania.
Además de apoyar a Moscú, Maduro también dijo que los datos, reportes e imágenes de la guerra en Ucrania forman parte de una «campaña de mentiras y desinformación lanzada por los países occidentales».
Lejos de restablecer las relaciones con EEUU
El régimen chavista continúa haciendo caso omiso a las denuncias de abusos en derechos humanos y los informes que verifican los crímenes contra la población y contra presos políticos. Pasando por encima de los números y las pruebas, Maduro dijo en enero pasado que aún espera reunirse con Biden.
Sobre el diálogo en México que iniciaron el bando oficialista y el opositor, dijo que la reanudación estaba sujeta a las condiciones del empresario Álex Saab, acusado de ser su testaferro. Pocas posibilidades hay de que el empresario colombiano salga de la prisión estadounidense donde se encuentra, menos aún con el hecho de que confesó ser informante de la DEA, según documentos judiciales.