La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos que llegó para convertirse en una potencial arma para censurar a la prensa. Fue aprobada con 70 votos de los sandinistas y sus aliados, frente a 16 en contra y 4 abstenciones.
El nuevo reglamento establece castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, reseña Efe.
La ley contempla penas de uno a 10 años de cárcel para los ciudadanos a quienes se les imputen ciberdelitos, crímenes que podrían interpretarse de acuerdo a la conveniencia del régimen.
Cabe destacar que esta ley se aprueba en vísperas de las elecciones en las que Daniel Ortega buscaría la cuarta reelección.
Las advertencias
La prensa independiente de Nicaragua ha rechazado abiertamente la nueva ley, bautizada como “Ley Mordaza” o “Ley Bozal”.
El artículo 30 de la recién aprobada ley establece que “quien, usando las tecnologías de la información y la comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población o un grupo o sector de ella, a una persona o su familia, se le impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y 200 a 500 días de multa”, reseña CNN.
Sergio Marín, director de la organización de Periodistas y Comunicadores independientes de Nicaragua (PCIN), expresó a dicho medio que ante la poca información oficial, la búsqueda de fuentes alternativas se vuelve indispensable.
Mientras tanto, el argumento de los sandinistas parece cercano al de otros regímenes que con leyes similares han encontrado la manera de silenciar a la prensa.
“Los únicos que pueden estar en contra de una ley de este tipo son aquellos que quieren seguir fomentando el odio, la desinformación, la destrucción, el terror y la muerte”, dijo durante el debate el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez .
Redes sociales en la mira
El Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua había emitido un comunicado donde aseguraba que esta ley apunta a controlar y censurar la información en internet.
“Ahora toda persona que en Nicaragua tenga cuenta en redes sociales verá coartado su derecho constitucional a recibir y difundir información”, advierte.
En este sentido, Martha Molina, integrante del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción aseguraba que las redes sociales se han convertido en espacio de denuncia pública.
“Los ciudadanos se han seguido manifestando, denunciando vulneración de derechos humanos, han expuesto videos y audios de funcionarios públicos que dejan en evidencia al régimen”, dijo a CNN.
La ley también establece que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) podrá ordenarles a empresas, asociaciones y medios de comunicación que congelen por tres meses sus bases de datos.
Adicionalmente, estos sistemas también serán accesibles para el personal del ente regulador, la Policía y la Fiscalía que podrán intervenir e incautar los equipos en caso de ciberdelitos.
Las elecciones en Nicaragua están planificadas para noviembre de 2021, con un presupuesto de 32 millones de dólares.