A un año de las elecciones generales en Nicaragua, inician las dudas y las presiones para que el país presidido por el dictador Daniel Ortega no siga el ejemplo de Venezuela.
Desde Estados Unidos, hasta representantes de la iglesia Católica exigen garantías democráticas para que se lleven a cabo los comicios. “Al aproximarse a un año electoral, compartimos la inquietud del pueblo cuando reflexiona que, de celebrarse elecciones, estas deben contar previamente con las necesarias y adecuadas condiciones”, indicó la Arquidiócesis, en un mensaje emitido a través de la Comisión de Justicia y Paz.
Por su parte, el gobierno norteamericano también se manifestó al respecto y amenazó con “presión masiva” si el régimen de Nicaragua no garantiza el sufragio libre. “Ortega y Rosario Murillo deben elegir entre establecer las condiciones para elecciones libres y justas, o enfrentar un aumento masivo de la presión de la comunidad internacional”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Michael Kozak.
Hace un par de años, Nicaragua estuvo envuelta en masivas protestas por denuncias de fraude electoral que derivaron en pedidos de anticipar los comicios. Al mismo tiempo, y ante las constantes violaciones a los derechos humanos, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, Canadá y Reino Unido impusieron sanciones como medidas de presión.
En definitiva, las elecciones generales de Nicaragua están previstas para el 7 de noviembre de 2021. Sin embargo, diversos sectores dudan sobre su celebración. Ortega no da muestras de cumplir con compromisos adquiridos en 2018 y 2019, referidos a la liberación de los “presos políticos”, desarme de paramilitares, retorno seguro de exiliados, reformas electorales “profundas”, respeto a los derechos humanos y a la Constitución.
Leyes punitivas
Pese a que todavía falta un año para los comicios, el régimen de Daniel Ortega prepara dos proyectos de ley y una reforma que constituyen una amenaza para los nicaragüenses: la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la cadena perpetua; normativas que el Parlamento dominado por el oficialismo podría aprobar en los próximos días.
En cuanto a la primera, organizaciones de derechos humanos y gubernamentales ya hacen llamados para que la Asamblea Nacional de Nicaragua no la apruebe. La iniciativa obligaría a todo aquel que reciba fondos del exterior no sólo a registrarse en el Ministerio del Interior sino también a someterse a un control financiero e incluso a abstenerse de participar en política.
“La preocupación es máxima porque incluso los medios de comunicación independientes y las organizaciones de derechos humanos dependen también del apoyo financiero extranjero. Esa ley estaría privando de la oportunidad de presentarse democráticamente a procesos electorales a muchas personas que reciben ayudas exteriores”, han denunciado diputados del Parlamento Europeo.
El segundo proyecto, la Ley de Ciberdelitos, atentaría asimismo contra la libertad de expresión en vísperas de las elecciones. La normativa propone de 2 a 4 años de cárcel por publicación de noticias falsas; una situación que podría ser usada por el régimen para encarcelar opositores.
Martha Molina, abogado que integra el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, considera que la iniciativa busca el control de las redes sociales; asegura que la ley sancionará acciones tales como la filtración de información oficial del régimen.
Fraude electoral “a la venezolana”
Así como el régimen de Ortega se prepara con leyes punitivas en medio de un panorama electoral, también ha decidido durante años seguir el camino de Nicolás Maduro en materia de fraude; una situación que deja en evidencia las intenciones del sandinismo de perpetuarse en el poder. En efecto, gobiernos autoritarios como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela han implementado el mismo modus operandi de Putin, quien a su vez ya lleva más de dos décadas en el poder.
En diálogo con Panam Post, José Pallais, miembro del equipo de coordinación de la coalición opositora Frente Amplio Democrático (FAD) de Nicaragua explicó el funcionamiento del fraude electoral en el país. Señaló que Ortega se ha convertido en un asesor del régimen de Maduro a la hora de implementar trampas en los comicios. Una de ellas, el método del “Ratón Loco” consiste en cambiar de ubicación a última hora los centros de votación para que la gente no sepa dónde votar y que “ande de un lugar a otro”.
Otras medidas fraudulentas incluyen la eliminación, sin explicación alguna, de miles de votantes del registro electoral por parte de los organismos oficiales. O bien la reubicación de los centros de votación a última hora; la eliminación del uso de la tinta indeleble y el captahuellas; además del ventajismo constante y descarado por parte del oficialismo. Adicionalmente, la doble cedulación que permite ilícitamente votar dos veces. Y lo más intimidante de todo: el amedrentamiento que existe por parte de grupos armados en el momento de los comicios.