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A casi un mes de las manifestaciones en Cuba, crece la lista de detenidos y desaparecidos tras las protestas del 11 y 12 de julio. Mientras que organizaciones sociales denuncian más de 700 casos de detenciones, arrestos y desapariciones forzosas, el régimen castrista no se ha pronunciado al respecto.
En un proceso plagado de irregularidades, el Tribunal Supremo de Cuba anunció este jueves que 62 personas han sido juzgadas por delitos asociados a las protestas de julio. Joselín Sánchez, magistrado de dicho organismo, declaró al periódico oficialista Granma, que “las personas puestas a disposición de los tribunales son aquellas cuyas conductas han sido constitutivas de delito”.
Además, señaló que el principal delito es “desorden público”, seguido de denuncias por “resistencia”, “desacato” e “instigación a delinquir”. Los acusados arriesgan multas de hasta 300 pesos (unos 12 dólares) o penas de cárcel de uno a cuatro años. Todas estas medidas serán dictadas por tribunales municipales a través de juicios sumarios.
El silencio del régimen
Más allá de los enjuiciados, Díaz-Canel no se ha referido a la cifra oficial de detenidos y desaparecidos tras las protestas. Según la ONG de derechos humanos Cubalex, 787 personas han sido reprimidas a raíz de las manifestaciones del 11 de julio. De ellas, 223 se encuentran en prisión, 362 retenidas, 42 permanecen desaparecidas y 160 se encuentran en proceso de verificación. Entre los detenidos figuran incluso 31 menores de edad.
Frente a esto, el canciller cubano Bruno Rodríguez negó que existieran menores apresados o detenidos y afirmó que se cumplen “todas las garantías” legales para quienes permanecen bajo arresto. Por su parte, la fiscalía de Cuba rechaza que se hayan registrado desapariciones forzosas. Sin embargo, la ONG Prisoners Defenders presentó ante la ONU un listado de 187 personas de las cuales se desconoce su paradero desde las movilizaciones.
Amnistía Internacional también condenó la represión cometida en la isla. “Hemos recibido con preocupación reportes de cortes de Internet, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza”, declaró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de esta organización. Además agregó que entre las vulneraciones a los derechos humanos se incluyen “policías disparando contra manifestantes y denuncias de que hay una larga lista de personas desaparecidas.”.
Un futuro incierto
De las personas juzgadas hasta el momento, 22 asistieron a los tribunales acompañadas por abogados. Solo una terminó absuelta y 45 han establecido el recurso de apelación, 40 de ellas con abogado designado, según lo expuesto por el magistrado Joselín Sánchez para el Granma.
Ivette Leyva Martínez, periodista y voluntaria de Cubalex, advirtió a 14 y medio de la desprotección legal que sufren los detenidos. “Hay abogados que desaconsejan apelar o no hacen absolutamente nada, porque forman parte del mismo perverso aparato judicial que los encarcela”, sentenció. Del mismo modo, denunció el temor que atraviesan los familiares que no quieren denunciar ante la amenaza de la Seguridad del Estado de Cuba.
