Baby Etchecopar tuvo diversas afinidades políticas en los últimos tiempos. Mantuvo una buena relación con Javier Milei, luego se peleó y después se volvió a amigar. También dijo que iba a votar a Horacio Rodríguez Larreta, para después darle el apoyo explícito a Patricia Bullrich en un insólito video con diferentes bebidas. Pero, a la hora de argumentar su elección, dijo que el candidato libertario era una especie de “Cristina Kirchner con pene”, por lo que no quería quedar sujeto a sus “caprichos” durante un eventual mandato. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, a que le eliminen la pauta oficial.
El dinero que la política pone en periodistas y medios es una de las mayores injusticias que surgen, a la hora de analizar el desmedido gasto público. Se trata de partidas oficiales que se pagan a conductores y a programas, que presentan inútiles comunicaciones institucionales. Por ejemplo, de municipios o provincias. Inútiles para los contribuyentes que lo financian. Pero útiles para el político que beneficia a un periodista, que automáticamente comienza a estar condicionado y mal incentivado.
Argentina está repleta de “kioskos” corporativos que muchos beneficiados no quieren cortar. Si se los suma a todos, además de reducir el rojo del déficit fiscal, el país comenzaría a transitar una senda más sana. Por ejemplo, con periodistas y medios que se deban a su público y a su credibilidad y no a los aportes extraordinarios, que mantienen proyectos inviables y se sostienen con estos dineros “legales” e inmorales.
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Lo cierto es que ningún profesional, empleado o comerciante cuenta con este plus que viene como si fuera una especie de maná del cielo. Si un verdulero, que sufre el acoso fiscal y las regulaciones arbitrarias, si no tiene un negocio redituable, quiebra. Lo mismo una empresa sin privilegios y un empleado en relación de dependencia, que debe acomodar sus gastos a sus ingresos. Pero estos comunicadores, que cuentan con su sueldo (que en muchos casos es bastante más abultado al de la media), terminan recibiendo también estos fondos públicos, solamente por darle unos segundos a un spot que reza un breve comentario institucional. Muchas veces se pregunta, después de todo, quiénes son los miembros de “la casta”. Aquí hay un ejemplo.
Uno de los argumentos tradicionales en favor de mantener la pauta oficial es que, a veces, hay necesidad de compartir información importante, como el horario de recolección de basura o el calendario vacunatorio. Lo cierto es que estos ejemplos no son más que una burda justificación de lo injustificable. El Estado obliga a las empresas y a los particulares a demasiadas cosas todos los días. Por ejemplo, un medio tiene que cubrir salarios mínimos establecidos por la ley, tiene que tener su estructura bajo la regulación oficial y tiene que pagar todos los impuestos indicados. ¿Por qué no obliga el Estado a otorgar, por ejemplo, una página del periódico por día o unos minutos de radio determinados? Simple, porque es preferible darles dinero a los periodistas, para tenerlos bajo la influencia de los políticos.
Si algunos espacios razonables estuviesen establecidos por ley, los medios y periodistas no tendrían incentivos de manifestar obsecuencia a los burócratas que les envían estos fondos. SIn embargo, el Estado, ya sea nacional, provincial, o municipal, que tanto gusta de la coerción, curiosamente prefiere pagar grandes sumas de dinero en pauta oficial, en lugar de exigir algún espacio que conseguiría sin problemas. Claro que en este caso son dos los que bailan el tango. Del otro lado hay comunicadores felices de recibir estos dineros, que, como dijimos, se trata de una de las inmoralidades más grandes que podemos encontrar en el gasto público gubernamental.
Eliminar la pauta oficial, más que un capricho, es una necesidad. Claro que hay medios y periodistas incómodos con esta propuesta. Si tenemos en cuenta esto, vamos a comprender muchas de las actitudes que tienen lugar en el marco de esta campaña presidencial.