Tenía que ocurrir en algún momento. El presidente argentino, Alberto Fernández, jamás decretó el Estado de Sitio y gobernó desde marzo a base de Decretos de Necesidad y Urgencia. Ahora, una jueza del interior del país declaró la “inconstitucionalidad” de la cuarentena restrictiva y delirante del peronismo: la policía no puede detener a nadie que haga uso de su libertad constitucional de moverse dentro del territorio nacional.
La resolución trascendió en el momento justo. Esta semana la misma Organización Mundial de la Salud reconoció que la política a la que se abrazó irresponsablemente el Gobierno argentino no es la mejor forma para lidiar con la pandemia del COVID-19. Los números en el país lo comprueban al pie de la letra. Argentina destruyó su economía y ya está entre los países con más contagios del planeta.
Para la jueza de Garantías Constitucionales de la provincia de Mendoza, Alejandra Mauricio, todo lo que vino haciendo el presidente es “inconstitucional”.
“El presidente está facultado para restringir derechos y garantías de las personas en una situación excepcional como ésta. Incluso se lo permiten algunos pactos internacionales. Pero lo que no puede es decir que el incumplimiento de estas restricciones configurará un delito del Código Penal, porque lo tiene prohibido por la Constitución Nacional. Eso es lo que yo he declarado inconstitucional. De esta manera, los primeros decretos quedan vacíos de contenido sancionatorio”, indicó esta tarde la jurista.
El tiro de gracia para la cuarentena peronista
Este conflicto llega en un pésimo momento para el oficialismo. La provincia de Mendoza ya le aclaró que no continuará acatando las restricciones que se ordenan desde la Nación y la relación del Gobierno con la Corte Suprema de Justicia está quebrada. A partir del momento en que el máximo tribunal avaló el per saltum en el tema de los jueces separados de sus cargos (que casualmente investigaban a Cristina), el kirchnerismo decidió declararle la guerra, de la mano del diputado Leopoldo Moreau.
Consultada sobre si sufrió amenazas, la jueza dijo que hasta el momento no ha recibido “presiones”, pero sí felicitaciones de varios colegas. “Estoy acostumbrada a hacer rebeliones. Soy una jueza de la Constitución y juré sobre ella hace 30 años cuando entré en la Justicia. Estoy convencida de su vigencia, porque es el principio del Estado de Derecho”, indicó.