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Una vez más la libertad de expresión está en una encrucijada. Luego de una serie de apelaciones, la Corte Suprema de Justicia de Chile ordenó a la alcaldesa de Lampa a pagar una multa por un supuesto trato discriminatorio contra un exconcejal transgénero.
La alcaldesa se refería al exconcejal González Pino por su nombre legal, es decir Domingo, y no por su “nombre social” que es Alejandra. Ahora, por orden de la corte, la alcaldesa será obligada a dirigirse a Domingo Felipe como Alejandra y cambiar el trato de él a ella.
Es decir, ya es posible adecuar por ley lo que dicen las personas y cómo lo dicen e incluso por orden de un juez se puede exigir que así sea. De lo contrario recaen multa y sanción sobre el acusado.
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Según indica el fallo:
“Se declara que la demandada doña Graciela Fernanda Ortúzar Novoa, alcaldesa de la comuna de Lampa, incurrió en un acto discriminatorio respecto de doña Alejandra (Domingo Felipe) González Pino, en razón de su identidad de género, debiendo cesar en dicha conducta y dirigirse a ella con su nombre social. Además, se la condena al pago de una multa equivalente a cinco unidades tributarias mensuales de 234.860 pesos (USD $380), a beneficio fiscal, sin costas”.
De acuerdo al testimonio de la ahora exconcejal:
“por primera vez, y se hace historia aquí a través de la Ley 20.609, se sanciona a una autoridad política. Es totalmente discriminatorio lo que ella realizó contra mi persona en la concejalía, en los tratos, en las opciones de trabajo, en el Consejo Municipal y eso es un precedente hoy en día para la comunidad trans y para mí”.
Según manifiesta la exconcejal en entrevista con radio Cooperativa:
“Lo que yo más sufría en el concejo era que ella se mofaba de mi actuar como fiscalizadora; segundo, me decía ‘maricón pobre’, era terrible. Tercero, me encerraba en mi oficina y no me hacían el aseo en mi oficina”.
Al ser transgénero, González Pino apeló a la Corte Suprema para que esta acoja la Ley 20.609, conocida también como la ley antidiscriminación e informalente como la Ley Zamudio, en honor a Daniel Zamudio, un joven que murió luego de una golpiza, de acuerdo a la versión oficial, propiciada por su preferencia sexual.
La ley fue aprobada en 2012 bajo el gobierno del expresidente que acaba de ser reelegido, Sebastián Piñera; aunque la ley fue propuesta inicialmente en 2005 durante el gobierno de Lagos.
Aunque la ley surge en respuesta a un fenómeno social, como remedio, podría ser mayor el daño. Pues en lugar de ensalzar la libertad de expresión, la limita.
Nacer varón y manifestarse como mujer es una extensión de la libertad de expresión. Si una persona no está conforme con su sexo biológico, tiene la libertad de vivir de acuerdo a su propio criterio.
Del mismo modo, lo que decimos debería serlo. Ser y dejar ser, un principio liberal fundamental, garantiza y promueve tanto lo que decimos como la manera en la cual nos expresamos, esto aplica al lenguaje verbal y la expresión corporal.
Sin embargo, lo que está sucediendo es que en lugar de ampliar la libertad se están condicionando conductas. Para que haya mayor comprensión en una sociedad, debe proliferar el intercambio -tanto de ideas como de productos y servicios. Para ello se necesita diálogo. Si lo que decimos se sanciona, en lugar de promover la aceptación social, la estamos condicionando por la fuerza.
Al equiparar la violencia verbal con la física, le otorgamos al Estado el poder de controlar lo que decimos. Esto, lejos de proteger a los vulnerables, nos vuelve vulnerables a todos. Entramos en un estado persecutorio. Lejos de la consciencia y reflexión, predomina el temor y la sumisión. Esas no son características de una sociedad libre.
Si queremos ser libres de expresarnos, como merecemos, no podemos limitar la libertad del otro. Desde luego los malos tratos no están justificados, deben ser abordados, discutidos y debidamente reprochados.
No obstante, si pretendemos que el Estado medie en nuestras interacciones básicas, sancionando lo que nos decimos los unos a los otros, lejos de lograr mayor aceptación perpetuamos una infantilización de la población.
Nos debilitamos y no nos responsabilizamos de nuestros actos. Perdemos la capacidad de defendernos nosotros mismos y entre nosotros, le delegamos esa función a un tercero, aquel que tiene el monopolio de la fuerza.
Dicho en palabras del economista y filósofo político Thomas Sowell, acérrimo detractor de la corrección política
“Lo que es inquietante es la facilidad con la que algunas personas pasan de decir que no les gusta algo a decir que el gobierno debería prohibirlo. Cuando vayas por ese camino, no esperes que la libertad sobreviva por mucho tiempo”.
En lugar de proteger a las víctimas y prevenir futuros casos de abuso, que han costado la privación de la vida y libertad de tantos, perpetuamos el concepto de una sociedad donde las cosas se resuelven por la fuerza, sea la fuerza bruta o la fuerza coercitiva del Estado que nos obliga a comportarnos de determinada manera.
