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Tras la victoria del «No» en el plebiscito, mecanismo por el cual se le preguntó a los colombianos si estaban de acuerdo con lo pactado entre el Gobierno Nacional y las FARC para terminar con el conflicto, la incertidumbre se apoderó de Colombia. Como era de esperarse, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, quien fue el mayor promotor de rechazar los acuerdos, realizó su primera propuesta para reformar los acordado con la guerrilla y llegar así al fin del conflicto.
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El senador Uribe durante la plenaria del Senado de la República hizo tres propuestas para seguir avanzando en la construcción de un acuerdo con las FARC que permita la terminación del conflicto. Estas propuestas son: amnistía, protección y «alivios judiciales» para los guerrilleros.
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Además, pidió que se tuvieran en cuenta posiciones de otros opositores al acuerdo entre el Gobierno y las FARC, como la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, el exprocurador general, Alejandro Ordoñez y el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana.
Amnistía
La propuesta de aministía consiste en que el presidente use sus facultades para perdonar a aquellos guerrilleros que hayan cometido únicamente delitos políticos (sedición, asonada y rebelión) y no crímenes atroces, para que estos sean exonerados de sus culpas.
Para ello, propone que sean elegidos de la lista que fue entregada al general Flórez, en donde están consignados los nombres de 5.700 guerrilleros reconocidos por las directivas de las FARC.
Esta propuesta ha sido comparada con la que estaba en los acuerdos y que fue rechazada por Álvaro Uribe, ya que ambas son muy similares.
Protección
La segunda propuesta del senador Uribe es brindarle protección efectiva a los miembros de las FARC, no solamente para proteger sus vidas sino también para que no sigan cometiendo delitos como la extorsión y el narcotráfico, que según dice Uribe, han aumentado a pesar de que otros crímenes han disminuido notablemente.
Alivio judicial
Finalmente, Uribe propuso que los militares que hubieran cometido delitos en el marco del conflicto, tuvieran una jurisdicción especial para ser juzgados sin dejarlos impunes y así no igualar a los guerrilleros con los miembros de la Fuerza Pública.
Fuente: El Tiempo
