No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue, pues el avance del tiempo es indetenible; así, el 4 de julio llegó, y la Convención Constitucional se instaló. La fecha escogida no fue coincidencia, pues es la misma en que se instaló el primer Congreso Republicano en un Chile que buscaba su Independencia hace 210 años. Lamentablemente, un acto que debió ser solemne, acorde con los valores republicanos y cívicos que acompañan a una sociedad medianamente civilizada, terminó empañado y convertido en un circo por parte de los convencionales de la izquierda más radical y reaccionaria, encabezada por la autodenominada “Lista del Pueblo”.
La mañana comenzó con concentraciones y marchas convocadas por los constituyentes de las listas Apruebo Dignidad (Partido Comunista y Frente Amplio), la Lista del Apruebo (la antigua Concertación por la Democracia) y la Lista del Pueblo. Estos últimos partieron desde la Plaza Italia, en el corazón de Santiago hasta el edificio del antiguo Congreso Nacional, lugar donde se encuentra el epicentro de sesiones. Es importante no olvidar que la Lista del Pueblo apoya, tolera y defiende a todos aquellos elementos hostiles que delinquieron abiertamente y atentaron contra el patrimonio público, bienes privados y hasta las personas mismas –con la instalación de barricadas y la inolvidable rutina para aquellos que eran bajados de sus autos a danzar al grito de “el que no salte es paco”– durante los hechos vandálicos de octubre de 2019.
Era obvio pensar que su llegada a la sesión inaugural no sería en paz; y como tal, lo obvio y evidente no necesita anticipación, pues no habían terminado de entrar los convencionales constituyentes a dicha sesión cuando, a unos cuantos metros, la violencia, el desorden y el profundo irrespeto hacia las instituciones del Estado eran contenidos por las fuerzas de orden público.
Siendo las 11:00 de la mañana, Carmen Gloria Valladares, secretaría relatora del Tribunal Calificador de Elecciones de Chile (TRICEL), quien previamente había sido designada para dirigir la primera sesión de la Convención, tomó la palabra, no alcanzó a más indicar que cuatro niños, integrantes del sistema infantil y juvenil de orquestas entonarían las notas del himno nacional de Chile, para que el odio visceral (característico de la mayoría de convencionales de la izquierda radical) estallara. La abanderada y destacada protagonista del desagravio al acto fue Elsa Labraña, una desconocida figura, hasta el momento, de la Lista del Pueblo. Labraña se dirigió al presidio de la sesión pidiendo suspender la sesión, reclamando por los falsos presos políticos –delincuentes detenidos en flagrancia, su mayoría por los hechos de octubre de 2019– y por “la represión de Carabineros de Chile” a sus seguidores, quienes pretendían irrumpir como fuere en el perímetro de seguridad de la primera sesión sin mayor claridad de sus fines.
Labraña fue acompañada –por no decir azuzada y secundada– por Beatriz Sánchez y Patricia Politzer en su objetivo. La primera, miembro del frente amplio, y ex abanderada presidencial –quien consideró durante su campaña que Maduro no era un dictador– fue la que en octubre de 2019 incentivó a la muchedumbre violenta a destruir una estación del metro de Santiago, ante la falsa denuncia hecha por ella, en su cuenta oficial en la red social Twitter, sobre el funcionamiento de un centro de tortura organizado por Carabineros de Chile en la estación Baquedano del centro de la ciudad. La estación fue destruida y saqueada, el invaluable patrimonio artístico fue perdido y puesto en riesgo, todo por una falsa noticia, de la que Sánchez se hizo eco de manera maliciosa y tendenciosa para servir de forma egoísta a su agenda política personal, de la que no ha pedido disculpas a Carabineros de Chile, a sus seguidores ni al resto de la sociedad chilena y menos aún; asumido alguna responsabilidad por sus actos.
Sobre la segunda, Patricia Politzer, surge una interesante ironía, durante su carrera como periodista fue muy cercana a la antigua concertación por la democracia, tanto así que ocupó cargos de Gobierno bajo el mandato de Ricardo Lagos, quien la termina designando miembro del Consejo Nacional de Televisión, órgano encargado de supervisar el contenido y difusión de la TV en Chile. Durante su periodo como presidente de dicho organismo, Politzer favoreció la politización de la línea de TVN, canal estatal de Televisión, así como a ciertos grupos económicos para que entraran en la participación accionaria de uno de los canales de TV abierta de mayor cobertura; mismo canal, que ahora bajo el control de uno de esos grupos económicos la mantuvo como panelista recurrente y voz permanente en críticas a la política. Sin embargo, ahora Politzer aparece bajo un movimiento denominado “independientes No Neutrales”, donde curiosamente ninguno de sus integrantes puede llamarse independiente, pues la deuda de favores políticos pasados es bastante cuantiosa.
La sesión se retomó, y llegó la hora de la elección a la mesa directiva de la Convención Constitucional, los grupos y pactos presentaron sus candidatos a presidente y vicepresidente del órgano. Los electos fueron dos, Elisa Loncón, para presidente de la Convención, y el abogado constitucionalista Jaime Bassa, unos de los ideólogos políticos del Frente Amplio y miembro de la lista Apruebo Dignidad, que conglomera este movimiento y al Partido Comunista, para vicepresidente.
Sobre Loncón no hay mucho que decir, es un mujer de origen Mapuche, de gran inteligencia, una lingüista de trayectoria local e internacional –principalmente en México–, acérrima detractora del régimen militar del General Pinochet (régimen que creo las becas indígenas con las que ella adquirió de forma gratuita, a diferencia de muchos chilenos, sus estudios superiores), pero con un único y gran defecto. Más allá de ser una abanderada de los pueblos originarios, y que represente a toda la comunidad Mapuche, es una convencida vocera de la Coordinadora Arauco Malleco, una organización terrorista que tiene reivindicaciones territoriales en la Araucanía Chilena, y que usa y fabrica un inexistente conflicto étnico, para justificar sus crímenes.
Evidentemente, Loncón es la clara prueba de que la izquierda radical, la que no busca diálogo ni acuerdos e incluso la que aborrece el Himno Nacional de Chile, es la fuerza dominante dentro de la convención.
La Vicepresidencia de la Convención quedó en manos de Jaime Bassa, un abogado formado en la Universidad Católica de Chile, en su pregrado y en su postgrado en derecho Constitucional por la Universidad de Barcelona, España. Bassa tuvo su salto a la fama gracias a una TV pobre en contenido, por asistir como experto invitado a una sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados sin corbata, lo que generó un debate a nivel local sobre el uso de esta prenda. Sin embargo, no es esto lo que nos debe preocupar sobre este miembro de la Convención Constituyente, sino el papel de Bassa como ideólogo de la Izquierda.
Jaime Bassa es un admirador bastante cercano, al menos en redes sociales, de Juan Carlos Monedero, uno de los principales asesores del partido político Podemos de España, quien a su vez fue asesor destacado –y muy bien remunerado– por el chavismo en sus primeros años, y luego por el Gobierno de Evo Morales en Bolivia. Si bien pudiere no unirlos una relación de cercanía, Bassa reproduce muy fielmente las ideas de Monedero, pues este ha expresado en más de una oportunidad que la Convención Constitucional es un poder más del Estado, lo que resulta absolutamente incorrecto, y que es depositario del poder Constituyente.
A su vez, ha asomado claramente la idea de que los poderes del Estado chileno (Legislativo, Judicial y Ejecutivo) tengan cierto grado de sometimiento ante el “Poder Constituyente”, e inclusive ha llegado al extremo de pretender sobrepasar las normas contenidas en la actual Constitución –aún vigentes– que regulan el funcionamiento de la Convención Constitucional, lo que resulta una fórmula muy parecida a las aplicadas en Venezuela, Bolivia y Ecuador, países que fueron asesorados por Juan Carlos Monedero, y quien hoy se encuentra investigado por haber recibido financiamiento ilegal de parte de la dictadura venezolana a cambio de algunos “favores académicos”.
El error en que cae este abogado y vicepresidente, además de garrafal, es un grave riesgo para la democracia y la institucionalidad de Chile, pues en primer lugar la Convención Constitucional no es un poder más del Estado, es meramente un órgano colegiado, de carácter temporal, y con un mandato muy claro: el de redactar, única y exclusivamente una nueva Constitución, la que no aún no sabemos si efectivamente entrará en vigencia o no en algún momento. Por otra parte, la Convención no es tampoco poder constituyente, pues este como manifestación de la soberanía nacional, reside en la nación –artículo quinto de la Constitución actual– y el mismo no es delegable ni puede ser absorbido por algún órgano, pues es una vulgar actuación de facto, que la misma Constitución castiga con la nulidad absoluta.
El peligro de la presencia de Bassa en la mesa directiva de la Constitución no sólo se limita a su afiliación ideológica, sino al hecho de que a todas luces es quien verdaderamente preside la Convención Constituyente, y que más allá de su vicepresidente, es en realidad, la voz al mando de la Convención, pues Loncón, por más experiencia y expertis que tenga como lingüista, el mundo del derecho, y específicamente el conocimiento necesario para redactar una nueva Constitución le es ajeno –característica que reúnen al menos 140 de los 155 convencionales electos–.
Es decir, no sólo la democracia chilena está en riesgo por la amplia presencia de la izquierda radical en este novel órgano, sino que su cabecera es un claro admirador de los procesos constitucionales que han mantenido gobiernos de izquierda de larga duración en la región, y que han soslayado garantías constitucionales y democráticas a todo nivel. La receta del fin de la democracia chilena, como la conocemos, está reuniendo sus ingredientes y al parecer, todos vendrán en cantidades considerables. Continuará…