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Desmantelado. Así queda oficialmente el gobierno interino de Juan Guaidó a partir de este 3 de enero, o lo que quedaba de él, pues con la firma a mediados de agosto en México del memorando de entendimiento con el régimen, la propia oposición aceptó reducirse a una “Plataforma Unitaria”. Y aunque dirigentes del G4 –conformado por los cuatro principales partidos opositores (AD, PJ, VP y UNT) – pretendieron desmentir a PanAm Post cuando tituló en ese momento que con esta medida terminaba el interinato, estas mismas organizaciones políticas aprobaron este lunes la extensión del periodo parlamentario y de la presidencia encargada pero con mayores controles e instancias suprimidas.
Tras horas de retraso en el debate que se había pautado inicialmente para el 30 de diciembre y se pospuso para este 3 de enero, se aprobó casi a medianoche en sesión extraordinaria virtual en segunda discusión “la Reforma Parcial de la Ley del Estatuto que rige la Transición Democrática para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, en la que se prolonga por 12 meses a partir del 5 de enero la vigencia de la Asamblea Nacional electa en 2015 y, por ende, la presidencia interina. Así lo informó el órgano legislativo en una nota de prensa en la que se afirma que el respaldo a esta propuesta fue “por unanimidad”, pero los diputados Dignora Hernández y Luis Barragán, de la fracción parlamentaria 16 de Julio, salvaron su voto alegando que las modificaciones fueron “conocidas tardíamente”.
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Leopoldo López queda por fuera
De esta manera, los partidos del llamado G4 prolongan la existencia de un interinato cada vez más disminuido y desmantelado, dado que sus propios defensores aprobaron esta reforma con varias modificaciones álgidas. Entre ellas destaca la eliminación del Centro de Gobierno, el cual estaba dirigido por el líder fundador de Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, quien ahora queda por fuera del gobierno interino.
También llama la atención que se faculta al parlamento para manejar la política exterior del gobierno encargado así como de designar a los representantes diplomáticos en los países aliados y de gestionar las medidas de apoyo humanitario a los migrantes. Esto significa la eliminación del cargo de comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores que ejercía Julio Borges, quien presentó su renuncia el mes pasado. Además se elimina el Consejo Político y se reducen los jefes de misiones diplomáticas a aquellos países que efectivamente reconocen a la Asamblea Nacional opositora.
Una figura más controlada
Se colocan controles adicionales a la designación de las juntas ad hoc de los entes del Estado que tienen activos en el extranjero, incluyendo a PDVSA. El argumento esgrimido es “despolitizar y despartidizar” la protección de esos activos. En este orden de ideas, se limita la figura del presidente de la Asamblea Nacional, quien también “actuará como encargado de la República Bolivariana de Venezuela” a “defender la democracia y dirigir la protección de los activos del Estado en el extranjero”.
Y se le otorga a la Comisión Delegada (conformada por los presidentes de las comisiones) la facultad de ejercer un mayor control sobre la figura del presidente interino. Esto incluye la prohibición de aprobar nuevos fondos públicos distintos a los del Fondo para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital.
En lo que respecta al Centro de Comunicación Nacional (equivalente a un ministerio de comunicaciones) se establece someterlo a “una restructuración orgánica para su funcionamiento”, quedando sujeto a las “limitaciones presupuestarias” que serán valoradas por la Comisión Delegada.
