
España se ha convertido en el destino preferido de exfuncionarios chavistas apartados del régimen. El turno es ahora para Luisa Ortega Díaz, exfiscal general de Venezuela, quien solicitó protección internacional al Gobierno socialista de Pedro Sánchez. La información se conoce justo el mismo día en que se anuncia la visita a Venezuela del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien tiene en su despacho el expediente por crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Nicolás Maduro, conformado en gran medida por las denuncias consignadas por Ortega tras romper con el chavismo, pero de cuyo sistema violador de derechos humanos fue parte por varios años.
Fue el pasado 13 de octubre cuando Luisa Ortega Díaz realizó los trámites de solicitud de asilo políticos en España, asistida por su asesor jurídico, el abogado Ismael Oliver, según un comunicado al que tuvo acceso la agencia EFE.
Ortega Díaz, quien sostiene que sigue siendo la legítima fiscal general de Venezuela hasta el próximo 31 de diciembre, no desaprovechó el anuncio de la CPI sobre la visita del fiscal a territorio venezolano para adjudicarse este logro, asegurando que dicho viaje se realizará gracias a la denuncia que ella presentó ante el máximo tribunal penal internacional en 2017.
Tras mi denuncia en 2017, es un hecho la visita del fiscal de la @IntlCrimCourt a Venezuela. Sabemos que la autocracia le mentirá a @KarimKhanQC, pero en el país hay ONGs y víctimas de crímenes de lesa humanidad que pueden hacerle revelaciones importantes sobre violaciones DDHH https://t.co/pkZSNehC2U
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) October 25, 2021
La ruptura con el régimen
Fue fiscal general de Venezuela por casi una década hasta que en 2017 fue destituida por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente chavista, que la acusó de haber cometido “actos inmorales”. Si incurrió realmente en estas faltas fue bajo el amparo del régimen que por muchos años la protegió, pero solo decidió actuar en su contra cuando ella manifestó que se había producido una “ruptura del orden constitucional, debido a que el Poder Ejecutivo desconoció el Estado de Derecho y la separación de poderes vigente en el país”.
Ante su destitución y la inminente persecución judicial que se emprendería en su contra, Luisa Ortega Díaz se exilió en Colombia, desde donde seguía ejerciendo como fiscal general de Venezuela en el exilio y denunciando que su destitución representó “un paso más del gobierno de Nicolás Maduro hacia el establecimiento de una dictadura”.
Bajo el liderazgo que asumió en la región el presidente colombiano Iván Duque contra el chavismo, las autoridades de este país le otorgaron a la exfiscal un estatus de protección internacional en calidad de refugiada desde el 27 de noviembre de 2018 por considerarla una “perseguida política del régimen venezolano”.
Poder desvanecido
Tras sumarse al masivo desconocimiento internacional al régimen de Maduro, en febrero de 2019 se puso al servicio de Juan Guaidó, una vez que este se juramentó como presidente interino de Venezuela, logrando además el respaldo de más de 60 países. Pero la capacidad de maniobra jurídica de la exfiscal Luisa Ortega Díaz se ha venido desvaneciendo con el desmoronamiento del Gobierno interino.
La lista de chavistas o exfuncionarios apartados del régimen que han escogido España como lugar de residencia es larga. Sin duda los casos más polémicos y destacados son los de Hugo el ‘Pollo’ Carvajal, exjefe de inteligencia de Hugo Chávez, y Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera nacional y exenfermera del fallecido caudillo bolivariano, quienes esperan por su extradición a Estados Unidos. Pero también viven en territorio español otros que amasaron fortuna con el chavismo como Nervis Villalobos, exviceministro de Energía y Minas, y Rafael Reiter, exjefe de Seguridad de la estatal petrolera PDVSA.