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La retórica en cuanto al eufemismo de llamar reforma de “Solidaridad Sostenible” al proyecto de reforma tributaria del Gobierno colombiano es uno de los puntos de coincidencia entre el presidente Iván Duque, su mentor el expresidente Álvaro Uribe y el partido en el que militan, el Centro Democrático. La ampliación de las personas naturales que deberán declarar renta, la imposición de IVA a los servicios públicos en los estratos medios y altos de la población y el impuesto a las pensiones son los puntos con mayor divergencia.
En un comunicado divulgado la tarde de este viernes, el partido de gobierno presentó sus observaciones al polémico proyecto que busca reducir la pobreza en medio de la crisis generada por la pandemia. El Centro Democrático hizo un “examen detallado” al que calificó como “análisis crítico constructivo”. Aunque en líneas generales se expresa un respaldo a la reforma tributaria que impulsa el Ejecutivo, son varios los puntos en los que hay diferencias. El comunicado fue difundido por Álvaro Uribe en su cuenta en Twitter, lo que permite deducir que el expresidente se pone del lado de las recomendaciones del partido.
#Comunicado Reforma de Sostenibilidad Socialhttps://t.co/GZ5fiZEBXD
— Centro Democrático (@CeDemocratico) April 16, 2021
Destacan tres puntos con los que el Centro Democrático, con el respaldo de Uribe, desafía la propuesta presentado por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla:
- Servicios públicos. Sugerimos eliminar el IVA a todos los estratos.
- Está bien que más personas declaren, pero no deben pagar renta quienes ganan menos de 50 millones de pesos al año (unos 13700 dólares).
- En impuestos a las pensiones insistiremos en que solo se cobre a las subsidiadas de más de 14 millones mensuales.
Proyecto del Gobierno vs. sugerencias del partido
Y es que según el proyecto de reforma tributaria del Gobierno, los tres estratos sociales más altos (4, 5 y 6) en los que se segrega a la población colombiana, deberán pagar IVA en los servicios públicos.
Adicionalmente, el proyecto contempla una gradualidad en el pago de renta para las personas naturales que comienza en 50 millones de pesos anuales en 2022 y se va reduciendo durante los dos años siguientes hasta llegar a incluir en 2024 a quienes tengan ingresos superiores a los 30 millones de pesos anuales (8200 dólares). Es decir, una persona que gane 2.500.000 pesos (685 dólares) se considera que percibe un ingreso alto y deberá pagar renta. Vale recordar que el salario mínimo en Colombia es de unos 250 dólares.
En lo que respecta a los pensionados, quien reciba a partir de 2022 una pensión que exceda los 58.092.800 pesos anuales, es decir, 4.841.066 pesos (1320 dólares), empezaría a pagar renta, según lo que contempla el proyecto con el que se busca recaudar 25 billones de pesos (unos 6850 millones de dólares).
En estos tres puntos el partido no estuvo de acuerdo con el proyecto del Gobierno. Por tal motivo fue enfático en sugerir que se elimine el IVA a los servicios públicos en todos los estratos y que se exonere del pago de renta a todas las personas que ganen menos de 50 millones al año, aceptando la posibilidad de revisar la gradualidad de los años 2023 en adelante. De igual manera, la organización política asegura que insistirá en que el impuesto a los pensionados se cobre solo a las subsidiadas de más de 14 millones mensuales.
Respaldo al proyecto y propuesta de austeridad
La colectividad partidista que gobierna el país suramericano aclara que apoya “la urgente política social propuesta” por el Ejecutivo porque “impulsa el ingreso de los colombianos más vulnerables”. Coincide con el proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo en los puntos relacionados con la exclusión del pago de IVA a 4 millones de hogares, la gratuidad en universidad pública universal para los estratos 1, 2 y 3; y el incentivo a la generación de empleo joven, mayor y de mujeres.
Para finalizar, el partido no podía dejar pasar por alto la propuesta de austeridad, para lo cual se sugiere recortar el gasto público con la reducción del Congreso, disminución de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), eliminación de contralorías regionales, recorte de embajadas y fusión y eliminación de entidades innecesarias.
